Embarga municipio una casa sin notificar a propietarios
• Familia Hernández Andrade adeudaba 2 mil 781 pesos de predial a Apodaca • Rematan inmueble en 157 mil pesos; consiguen amparo por anomalías en proceso
Monterrey.— Sin notificar a sus propietarios, el municipio de Apodaca embargó la casa de la familia Hernández Andrade para cobrar un adeudo de 2 mil 781 pesos de predial. A partir de ese hecho y en un año dos meses, se realizaron movimientos para el despojo de la propiedad, sin que los dueños tuvieran conocimiento.
Cuatro meses después de iniciado el juicio administrativo de ejecución, el ayuntamiento remató el inmueble en 157 mil 333 pesos al banco HSBC, la institución compró la cartera a Hipotecaria Su Casita, que otorgó el crédito inicial a los compradores originales. Posteriormente el banco vendió la vivienda a CSI Servicios Inmobiliarios en 153 mil 214 pesos.
La propiedad se ubica en la colonia Ex Hacienda San Francisco, donde han sido desalojadas cerca de 40% de las mil 800 familias que hace 13 años adquirieron viviendas, pues a partir de hace ocho años empezaron a caer en moratoria al duplicarse de 2 mil a 4 mil pesos las mensualidades.
Fue hasta hace unos meses cuando Francisco Javier Hernández y su esposa María Teresa Andrade se enteraron de que la casa qie compraron en 2005 ya no estaba a su nombre. Ello, luego de acudir al Instituto Registral y Catastral para verificar que no habían corrido la suerte de sus vecinos.
Debido a las irregularidades en el proceso, un juez le concedió un amparo a Francisco, quien temeroso de alguna “jugarreta” sigue en su casa a la espera de una revisión, ya que impugnaron a todos los involucrados en el despojo, empezando por las autoridades municipales.
El proceso. El 4 de mayo de 2015, el tesorero de Apodaca Aarón Lozano determinó la existencia de un crédito fiscal de 2 mil 781 pesos, por impuesto predial del inmueble ubicado en Circuito San Rafael número 110, colonia Ex Hacienda San Francisco.
Un día después, la Dirección de Ingresos de Apodaca afirmó haber entregado una notificación y citatorio para que los propietarios, Francisco y su esposa, liquidaran el adeudo; sin embargo, esto no ocurrió.
El 6 de mayo, según la escritura elaborada a HSBC por el notario público número 23, César Alberto Villanueva, el notificador acudió nuevamente y levantó un acta asentando que la vivienda estaba deshabitada, lo cual era falso. El mismo día, la tesorería notificó por estrados el crédito fiscal.
En junio, el tesorero emitió un mandamiento de ejecución para que se procediera al embargo y se garantizar el pago de predial, dado que los emplazados no cubrieron el adeudo en 30 días ni se inconformaron.
El 1 de julio, presuntamente el notificador acudió a entregar el mandamiento de ejecución y en ausencia de los propietarios, elaboró un acta de requerimiento de pago y embargo.
El mismo día el tesorero ordenó la notificación del embargo por estrados, “en virtud de que dicho inmueble se encuentra deshabitado”. Dos semanas después, el perito valuador Jorge Eduardo de Jesús Jiménez, designado por el tesorero, presentó su avaluó por 236 mil pesos, del inmueble que consta de un terreno de 90 metros cuadrados, con 48 metros cuadrados de construcción.
El 13 de agosto, la dirección de Ingresos emitió la convocatoria para el remate del inmueble. Al mismo tiempo, según el abogado Jaime Noyola, asesor de las familias afectadas, de manera oficiosa o producto de algún acuerdo, el municipio entonces encabezado por el alcalde Raymundo Flores Elizondo, notificó la audiencia de remate a celebrarse el 3 de septiembre a los “terceros acreedores”: Hipotecaria Su Casita, que concedió el crédito para la vivienda.
El día del remate se presentó un abogado de Adamantine Servicios, S.A. de C.V., acreditando representar a HSBC. Su postura legal por el inmueble valuado en 236 mil pesos fue
por 157 mil 333 pesos. El 25 de septiembre el municipio declaró fincado el remate a favor de HSBC y emplazó a Francisco Javier Hernández para que en el término de 10 días firmara las escrituras de adjudicación.
El 23 de octubre el tesorero Lozano “en nombre y rebeldía” de Javier Hernández y su esposa firmó ante el notario César Villanueva la adjudicación del inmueble a HSBC. El 7 de julio de 2006, el banco terminó por vender el inmueble a CSI Servicios Inmobiliarios en 153 mil 214 ante la fe del notario Evaristo Ocañas.