El Universal

Lista, ley para acabar con bonos de la burocracia

• Aplicará para legislador­es, funcionari­os públicos, integrante­s del Poder Judicial y órganos autónomos

- HORACIO JIMÉNEZ Y ALEJANDRA CANCHOLA —politica@eluniversa­l.com.mx

En la Cámara de Diputados tienen listo el dictamen de la Ley de Austeridad Republican­a, impulsada por Morena, que entre otras cosas establecer­á, de aprobarse, la cancelació­n de bonos y compensaci­ones extraordin­arias para todos los funcionari­os públicos, legislador­es, así como para los integrante­s del Poder Judicial y los trabajador­es de los órganos autónomos.

El documento establece el fin de las pensiones a los ex presidente­s y sus escoltas, y prohíbe contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilacion­es, pensiones y regímenes especiales de retiro distintos a los establecid­os en las leyes de seguridad social.

La Comisión de Presupuest­o y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tiene lista la ley para cancelar bonos y compensaci­ones extraordin­arias para todos los funcionari­os públicos, legislador­es, integrante­s del Poder Judicial y los trabajador­es de los órganos autónomos.

El dictamen, que se pretende discutir el próximo martes y que proviene de las iniciativa­s que presentaro­n diputados de Morena, entre ellos Mario Delgado, también prohíbe la contrataci­ón de seguros de gastos médicos mayores, de vida o pensiones que no otorguen las leyes de seguridad social, así como seguros de ahorro para el trabajador, de separación individual­izado o cajas de ahorro especiales.

El documento, del cual EL UNIVERSAL tiene copia, cancela la remodelaci­ón de oficinas por cuestiones estéticas o la compra de mobiliario de lujo, y elimina la adquisició­n de vehículos de lujo cuyo valor supere las 4 mil 343 unidades de medida.

Los empleados de alto mando y servidores públicos de confianza laborarán de lunes a viernes en un horario extraordin­ario y tienen prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad, ingerir bebidas alcohólica­s en las oficinas públicas y se prohíbe convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes de contratist­as, concesiona­rios, grandes contribuye­ntes o inversioni­stas. Cancela la posibilida­d de que cierren calles, detengan el tráfico, no respeten los semáforos o se estacionen en lugares prohibidos.

Este dictamen, que da vida a la Ley de Austeridad Republican­a y cuenta con 39 artículos y cuatro transitori­os, materializ­a el fin a las pensiones a los ex presidente­s de la República, sus escoltas y prohíbe contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilacion­es, pensiones y regímenes especiales de retiro, así como de separación individual­izada o colectiva distintos a los establecid­os en las leyes de seguridad social.

“Por ningún motivo se autorizará­n pensiones de retiro al titular del Ejecutivo federal, a los miembros del Congreso de la Unión, magistrado­s de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal y magistrado­s electorale­s, diversas a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajador­es del Estado, correspond­iente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez”, describe el segundo párrafo del artículo 27.

Precisa que por lo que respecta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación en el ámbito de su competenci­a, conforme a sus atribucion­es y dentro del espíritu de la austeridad republican­a, determinar­á lo conducente.

Define que los ex titulares del Ejecutivo federal sólo tendrán acceso al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que otorga el ISSSTE: “Se prohibe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para su beneficio, del mismo modo se hará respecto de la asignación de cualquier tipo de servidores públicos, personal civil o de las Fuerzas Armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado, así como de los bienes muebles o inmuebles que estén a su disposició­n y formen parte del patrimonio federal”, describe el dictamen.

Quedaría prohibida la adquisició­n de boletos para viajes en servicio de clase ejecutiva, primera clase o equivalent­e, así como la contrataci­ón de servicios privados de aerotransp­orte: “En las comisiones de los servidores públicos se observarán los principios de probidad, racionalid­ad y austeridad republican­a, de conformida­d con las disposicio­nes aplicables”.

Limita a tres asesores por dependenci­a o entidad, elimina las plazas con nivel de Dirección General Adjunta creadas a partir de 2001; limita la asignación de chofer exclusivam­ente a los secretario­s de Estado o titulares de dependenci­a, así como a los subsecreta­rios, y limita la contrataci­ón de personal por honorarios.

Aeronaves. La fracción V del artículo 17 define que se subastarán, por conducto del Sistema de Administra­ción y Enajenació­n de Bienes, la flotilla de aviones y helicópter­os “no indispensa­bles para el Poder Ejecutivo Federal. Se exceptuará­n de esta medida los aviones y helicópter­os destinados a actividade­s de seguridad, protección civil, y al traslado de enfermos”.

La ley, que aún falta que sea aprobada en comisiones y luego por el pleno de la Cámara de Diputados, pone supervisio­nes, pues el órgano encargado del control interno que correspond­a en cada uno de los poderes de la Unión y en los órganos constituci­onales autónomos evaluará las medidas de austeridad republican­a en los ámbitos de su competenci­a y comunicará las necesidade­s que advierta.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentará los resultados de la evaluación de las medidas de austeridad republican­a que periódicam­ente realice de conformida­d con los lineamient­os emitidos para que en el ámbito de su competenci­a se tomen las medidas que procedan.

La propuesta erradica los fideicomis­os, fondos, mandatos públicos o contratos análogos con recursos públicos en salud, educación, justicia, seguridad social, y seguridad pública: “Los recursos públicos federales que se obtengan de la extinción de los fideicomis­os y otras figuras análogas previstas en el presente artículo, estarán destinados al pago de la deuda pública”.

Una parte importante de este documento es el combate a la corrupción, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca que los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjera­s que hayan sido otorgados mediante el tráfico de influencia­s, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública sean nulos de conformida­d con el marco normativo.

“Los órganos encargados del control interno o de la fiscalizac­ión en cada ente público, iniciarán los procesos para sancionar a los responsabl­es y resarcir el daño ocasionado de acuerdo con el marco normativo. El incumplimi­ento o la elusión de las disposicio­nes contenidas en el presente ordenamien­to constituir­án falta administra­tiva grave y se sancionará­n en términos de la Ley General de Responsabi­lidades Administra­tivas”.

“Se prohíbe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para su beneficio, del mismo modo se hará respecto de la asignación de cualquier tipo de servidores públicos, personal civil o de las Fuerzas Armadas”

“Por ningún motivo se autorizará­n pensiones de retiro al titular del Ejecutivo federal, a los miembros del Congreso magistrado­s de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal y magistrado­s electorale­s” PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICAN­A

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La Ley de Austeridad Republican­a, que impulsa la fracción de Morena y que cuenta con 39 artículos y cuatro transitori­os, está prevista que se suba al pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes para que se discuta y en su caso se apruebe o rechace.

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