Preocupante improvisación
Sorprende el grado de improvisación que hay en algunas decisiones importantes del nuevo gobierno de la República. La prisa por actuar y la necesidad de mostrarse implacable está provocando una crisis de grandes proporciones en varias áreas de la Administración Pública Federal (APF).
Por razones distintas, la semana pasada se abrieron frentes dentro del Servicio Exterior Mexicano, así como en aquellas dependencias que están corriendo gente, o donde la mayoría de la burocracia está contratada a través de honorarios.
Es difícil disputar las buenas intenciones detrás de cada medida, pero sorprende la ingenuidad con que se están tomando las decisiones y, sobre todo, la falta de diagnóstico y ruta de transición para sortear las consecuencias.
Funcionarios de carrera en diversas embajadas acudieron al secretario Marcelo Ebrard, después de haber recibido un oficio en el que sorpresivamente se les informa que este mes verán reducidos en un tercio los apoyos recibidos por concepto de alquiler, escuelas y mudanza.
A la letra este texto advierte que para “evitar incurrir en el delito de remuneración ilícita (...) en la próxima nómina se retendrá el ISR correspondiente a las prestaciones otorgadas a los miembros del SEM adscritos en el exterior.”
Así, de la noche a la mañana, los funcionarios deben hacerse cargo de una reducción de treinta por ciento sobre un paquete de ingresos del cual depende que puedan continuar en la diplomacia mexicana.
Una disminución de ese tamaño es grande y para la mayoría de los funcionarios se vuelve insoportable, porque las rentas o las colegiaturas en ciudades de muchos países no se comparan ni remotamente con los costos que se cubren en México.
En esta misma vena improvisadora se encuentra el oficio enviado el pasado viernes 7 de diciembre por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).
Ahí se informa que aquellos servidores que hayan sido corridos de sus puestos, y por tanto indemnizados conforme a derecho, no podrán ser recontratados en un plazo de 12 meses.
A falta de seguro por desempleo, la ley mexicana prevé una contraprestación para quien es cesado, la cual corresponde a tres meses de salario y veinte días por año laborado. ¿Por qué el ejercicio de este derecho debería implicar la imposibilidad de volver a trabajar para el gobierno durante un año, cuando muchos de esos servidores tienen como principal profesión la burocracia?
Cabe prever una ola inmensa de amparos destinados a defender los derechos previstos por la ley, y a combatir la arbitrariedad detrás de esta decisión.
Todavía más grave que las dos políticas previas es la prohibición, que también el secretario Urzúa anunció el pasado viernes, en el sentido de que el gobierno federal no podrá contratar personal a través de servicios profesionales pagados mediante el régimen de honorarios.
Como en los otros dos casos, la intención es noble: durante los últimos veinte años la nómina del gobierno federal que se paga a través de honorarios ha crecido de manera insana.
Es un mecanismo del que se ha abusado porque a través de él se evita cubrir prestaciones tales como el aguinaldo, los servicios médicos y, por cierto, la indemnización de ley mencionada antes.
El problema es que hay instituciones que hoy funcionan casi por entero gracias a este régimen de contratación. En el sector salud, por ejemplo, hay institutos donde nueve de cada diez trabajadores cobran por honorarios.
Algo similar sucede en otras muchas dependencias donde un porcentaje de la burocracia que va del 30 al 60% recibe su salario por esta misma vía.
Si, como pretende Urzúa, de la noche a la mañana fueran lanzados a la calle todos los prestadores contratados por la APF, a través de honorarios, el gobierno federal colapsaría.
¿Por qué no se preocupó Hacienda de acordar un régimen de transición que permitiera a los funcionarios del servicio exterior encajar con menor sobresalto la reducción de sus ingresos? ¿Por qué no se revisó con un abogado laboralista la injusticia de castigar a los funcionarios indemnizados? ¿Por qué no se hicieron cuentas sobre la inmensidad de prestadores de servicios que cobran por honorarios dentro del gobierno federal?
La improvisación es peligrosa porque no sólo da pruebas de inexperiencia sino también de propensión a la demagogia. Los desafíos que enfrentará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador son demasiado grandes como para añadir a la lista una Administración Pública lastimada y enfurecida por la improvisación de las decisiones que tienen que ver con sus condiciones laborales.
ZOOM: Las personas que trabajan para el gobierno federal son pueblo vestido de civil, ¿por qué no tratarlas también con dignidad?