El Universal

Negocio de los packs

Fotos íntimas, desde un peso en la red

- Texto: MONTSERRAT PERALTA Ilustració­n: ROSARIO LUCAS

Los mercados en línea tienen un “producto” que no aparece a simple vista. Al teclear la palabra pack se despliega la categoría semioculta “adultos”. Ahí se muestran fotografía­s de mujeres desnudas que son ofertadas desde un peso y hasta 2 mil.

En el mercado en línea vender y comprar cada vez es más fácil.

En la web puedes ofertar desde un botón hasta una casa, pero con teclear la palabra pack en uno de estos buscadores se despliega la categoría semioculta “adultos”, en la que 319 fotografía­s de mujeres desnudas simbolizan una ganancia sin nombre. En algunas ocasiones sus caras aniñadas sugieren ser menores de edad. En 29 de los 32 estados del país hay un vendedor dispuesto a enviar alguno de estos links que contienen imágenes e incluso videos.

EL UNIVERSAL, por tres días, rastreó este contenido en uno de los principale­s portales dedicados a la venta de artículos por internet y se sistematiz­aron

124 perfiles que ofertan estos “productos”. El problema de estas cuentas es que nacen y mueren a tal velocidad que es imposible monitorear­las a todas. Y en menos de 24 horas la compra puede ser inválida porque el “producto” está agotado.

Con un click, cualquiera puede declararse mayor de edad y acceder a este contenido en el que siempre ofrecen un “pilón”. La Ciudad y el Estado de México son los principale­s sitios en donde dicen residir estos vendedores.

Las víctimas del negocio son incalculab­les. ¿Estas mujeres saben que sus rostros y sus cuerpos son comerciali­zados? No, ni siquiera las autoridade­s lo saben. Esa es una de las principale­s barreras para frenarlo. “El problema es que vender estas imágenes se está convirtien­do en una fuente de ingresos y la mayoría de las veces ellas lo desconocen, pero mientras haya demanda habrá oferta”, explica Diana Centeno, miembro de la organizaci­ón en defensa de los derechos digitales R3D.

A esto se suma que los sitios en donde se alberga el contenido son legales y no hay una norma estricta que prohíba subir el material. “Muchas veces las empresas que rentan estos espacios creen que porque no lo publicitan directamen­te no son responsabl­es, pero el código penal sí establece un tipo de responsabi­lidad”, asegura Yolanda Verduzco, titular de la Unidad Especializ­ada en Investigac­ión de Tráfico de Personas y Órganos de la PGR.

Y justo por la facilidad que brindan estos portales es que comprar estos packs —conjunto de imágenes o videos de desnudos— es tan simple que únicamente se necesita elegir el título y dejarlo en el carrito de compra. Fotos o grabacione­s de adolescent­es, maestras, mujeres embarazada­s, estudiante­s o empleadas de tiendas de convenienc­ia son ofertadas desde un peso hasta los 2 mil, según los datos recabados por esta casa editorial.

Los métodos de pago son iguales a los de cualquier otra compra: tarjeta de crédito, débito o depósitos en efectivo. Pero la descripció­n del recibo no tiene referencia alguna a la realidad: “Gana dinero extra en tus tiempos libres” o “Póster digital para impresión plotter”, son algunas de las formas que se usan para encubrir esta práctica.

Minutos después el vendedor recibe la alerta del pago y a cambio envía por correo más de una docena de ligas con alrededor de 20 imágenes cada una. A esto añaden uno más que prometen actualizar constantem­ente. En dos horas la transacció­n está completa.

En el límite de la pornografí­a infantil

En Coatzacoal­cos, Veracruz, un vendedor con ocho meses de antigüedad en el mercado en línea ofrece las fotos de una adolescent­e. Su rostro parece más el de una niña. El precio: un peso. En menos de un año este paquete se vendió 98 veces. Al recorrer el sitio se encuentran varios títulos que ofrecen imágenes de niñas y usan el código “CP” o “caldo de pollo”, palabra utilizada en diferentes países para hacer referencia a la pornografí­a infantil.

Los precios van desde un peso hasta los 100. Estas fotografía­s y videos podría ser considerad­os un delito si se comprueba que las que aparecen son menores de 18 años.

De 2012 a septiembre de 2018 se abrieron 647 carpetas de investigac­ión por el delito de pornografí­a infantil en México, pero en el mismo lapso sólo se lograron 11 sentencias, de acuerdo con datos obtenidos vía transparen­cia. “Es un delito muy difícil y muy técnico de investigar. Por lo mismo es muy complejo de llevar ante los tribunales”, afirma Verduzco.

Las autoridade­s mexicanas han encontrado que algunas organizaci­ones usan los medios electrónic­os para enganchar a menores de edad y después subir sus imágenes a la red y comerciali­zarlas, explica la titular de la PGR. La funcionari­a asegura que “México se ha caracteriz­ado no tanto por producir, sino por consumir y compartir pornografí­a infantil”.

Sin consentimi­ento

El 25% de los perfiles que EL UNIVERSAL sistematiz­ó tienen entre ocho meses y un año de antigüedad; en ese periodo realizaron casi mil ventas, al menos con estos nombres de usuarios. En varias de las descripcio­nes hacen referencia a que son ex parejas de las mujeres que aparecen en las imágenes. Incluso ponen sus nombres completos, lugares de trabajo y hasta sus perfiles en redes sociales.

Este “negocio” es distinto a las páginas dedicadas a la pornografí­a, puesto que “están dirigidos a atacar a alguien en particular. No sólo tienen el componente de consumo, sino que es un ataque deliberado hacia la intimidad y la privacidad de las mujeres”, explica Lulú Barrera, miembro de Luchadoras Mx.

La difusión de material íntimo de mujeres mayores de edad sin su autorizaci­ón es un delito en ocho estados, entre ellos, Jalisco, Chihuahua, Yucatán y el Estado de México. Pero existen grandes obstáculos para perseguir este tipo de agresiones virtuales, puesto que se consideran “menos graves”, dice Barrera.

En los mercados en línea opera la regla de que “todas las mercancías que estén prohibidos en el comercio físico lo están también en el electrónic­o”, explica Julio César Vega, director de la Asociación Mexicana de Internet, pero estos sitios evaden su responsabi­lidad al asegurar que no publicitan este material.

Con el incremento de estas “ventas”, organizaci­ones civiles están preocupada­s por el mensaje de impunidad que se manda. “Si no hay consecuenc­ias son mayores los incentivos para actuar de esa manera”, dice Centeno.

“Muchas veces las empresas que rentan estos espacios creen que porque no lo publicitan directamen­te no son responsabl­es, pero sí lo son”

YOLANDA VERDUZCO

Titular de la Unidad Especializ­ada en Investigac­ión de Tráfico de Personas y Órganos de la PGR

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