Regiones prioritarias: siete puntos débiles

Hace dos días, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció el inicio de operativos federales en 17 regiones del país, denominadas coordinaciones territoriales en la jerga de la nueva administración. Horas después, circularon un documento listando las llamadas coordinaciones prioritarias y detallando los alcances de la intervención.

Van algunos apuntes iniciales sobre la medida:

1. Por lo que se observa en el documento explicativo, el criterio de inclusión en la lista fue exclusivamente la aportación de cada coordinación en el total nacional de homicidios en el mes de diciembre de 2018. No se consideró el nivel relativo de violencia homicida y, por ello, tres de las 17 coordinaciones prioritarias tienen una tasa de homicidio inferior al promedio nacional. No se consideró tampoco la trayectoria o la tasa de crecimiento de los homicidios en cada coordinación.

2. Debido a la mecánica de selección, hay ausencias notables. Por ejemplo, no hay un solo municipio de Michoacán en la lista, a pesar de que varias localidades de ese estado (Apatzingán, Uruapan) registraron el año pasado tasas de homicidio muy por encima de la media nacional. Asimismo, el procedimiento genera un sesgo urbano: en Chihuahua, solo se incluyó a Ciudad Juárez, no a zonas serranas. Y, probablemente por decisión política, la Ciudad de México está excluida, a pesar de contribuir considerablemente al total nacional de homicidios.

3. Las coordinaciones seleccionadas son altamente heterogéneas. Por ejemplo, Ecatepec tiene 1.6 millones de habitantes, mientras que la coordinación de Uriangato tiene, en los siete municipios que la conforman, 456 mil habitantes. La coordinación de Guadalajara tiene 190 kilómetros cuadrados, mientras que la de Salamanca cubre una extensión de 2,567 kilómetros cuadrados. A lo anterior, hay que añadirle la diversidad de fenómenos delictivos: en Ecatepec, hay un problema grave de delincuencia común, mientras que en Culiacán, la problemática está definida en mayor medida por el narcotráfico.

4. A pesar de esa heterogeneidad, no hay variación en la respuesta del gobierno. En todas las coordinaciones prioritarias, se está planteando el envío de 600 elementos federales. Eso significa que, por ejemplo, en Uriangato, habrá un integrante de fuerzas federales por cada 760 habitantes, mientras que en Guadalajara, habrá uno por cada 2,666 habitantes. En consecuencia, la presencia federal se va a sentir más en algunas regiones que en otras.

5. Otras acciones contempladas en el plan podrían sufrir de problemas similares. Los recursos del Fortaseg no pesan igual en el presupuesto de Monterrey que en el de Uriangato. Igualmente, la eficacia relativa de programas sociales en la prevención del delito no debería ser la misma en zonas rurales que en regiones urbanas.

6. Si el objetivo es disminuir el número de homicidios (y eso parece, dada la lista de coordinaciones), hay una ausencia significativa en el diseño de los operativos: no hay nada específico para la procuración de justicia. Se habla de “programas transversales contra la corrupción y la impunidad”, pero no está muy claro cuál es el contenido de esas medidas.

7. El mando en todas las coordinaciones —sin importar la ubicación o el despliegue preexistente— se le confiere a la Sedena. Eso provee claves importantes sobre la futura operación de la Guardia Nacional.

En conclusión, ¿pueden tener éxito estos operativos emergentes? Tal vez en algunas coordinaciones pequeñas. En las más grandes y más urbanas, esto no parece tener la escala suficiente para alterar de fondo la ecuación.

Pero, por el bien de los habitantes de las regiones involucradas, no queda más que desear éxito a las autoridades.

Se habla de “programas transversales contra la corrupción y la impunidad”, pero no está muy claro cuál es el contenido de esas medidas