La corrupción no es un delito
Quizá al leer el título alguien pensará que me golpeé la cabeza, que no tengo vergüenza o que estoy apoyando una causa nihilista, anarquista y carente de valores. Ninguna de estas opciones es el caso. La corrupción, como tal, no está tipificada como delito en México y yo creo que probablemente en ningún país. Esto se debe a que la corrupción es un fenómeno social complejo que engloba una serie de delitos como el enriquecimiento ilícito, el soborno, el lavado de dinero, el abuso de autoridad, entre otros. Esta reflexión que podría parecer una diatriba penalista innecesaria la menciono por lo siguiente: aunque constantemente hablamos sobre la necesidad de combatir y castigar la corrupción, pocas veces pensamos en lo que ello implica. Y lo que ello implica es tener la capacidad de investigar y sancionar los delitos asociados con la corrupción: el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito, la delincuencia organizada, entre muchos otros delitos.
Todos, excepto los que se benefician de la corrupción, queremos vivir en un país en el que se castiguen los delitos asociados con la corrupción. Todos ansiamos que las personas que han lucrado con el dinero público y con cargos públicos reciban un castigo por sus acciones. Todos deseamos que los funcionarios de alta jerarquía que se consideraban intocables sean juzgados por sus delitos. En nuestra mente, un tribunal social determina que definitivamente son culpables por ser corruptos y los imaginamos detrás de las rejas pagando por su crimen. Sin embargo, armar una carpeta de investigación para demostrar alguno de los delitos asociados con la corrupción es una faena. ¿Por qué? Porque las personas que integran las redes de corrupción difícilmente actúan dejando prueba de sus acciones. O dan las órdenes para que sus subordinados operen la red de corrupción a su nombre. Tan sólo basta con analizar el número de exgobernadores que han sido acusados por delitos asociados con hechos de corrupción y compararlo con el número de sentencias dictadas.
Para poder combatir la impunidad en los delitos asociados con la corrupción se requiere mejorar la capacidad de investigación, de argumentación, de judicialización y de sentencias condenatorias en casos de corrupción. Para ello se requiere el trabajo coordinado de muchos actores y de varias instancias gubernamentales que tienen la información necesaria para determinar la gravedad de la conducta u omisión dentro de la red de corrupción.
Actualmente se discute la posibilidad de que los delitos asociados con la corrupción merezcan prisión preventiva automática. Esto a primera vista podría parecer la solución a todos nuestros problemas. Pero no nos engañemos, esto no va a ayudar a disminuir la impunidad en delitos asociados con la corrupción. La única forma de empezar a combatir la impunidad en estos casos es que se logre armar bien las carpetas de investigación y que dichos casos sean argumentados sólidamente ante un juez que determine que se cometió el delito. Además de que no logrará disminuir la impunidad, esta medida dará prioridad a enjuiciar a personas de mandos medios dentro de la red de corrupción.
La corrupción no es un delito, pero engloba una multitud de ellos. Para poder investigar y hacer frente a los mismos es necesario mejorar la capacidad de investigación y el porcentaje de sentencias condenatorias. Meter a la cárcel a la gente que presumiblemente cometió este delito, no va a resolver esto.