Mario Maldonado
Graciela Márquez se enfrenta a las grandes empresas
Aunque a Graciela Márquez no se le ha visto frecuentemente en las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador, ni ha estado en el ojo público por sus declaraciones, sigilosamente la secretaria de Economía comienza a poner de cabeza a la dependencia… para mal.
Resulta que desde diciembre, varias empresas del sector comercial, entre ellas gigantes como Walmart, Soriana, Coppel, Liverpool, HEB y Suburbia, tienen paradas sus importaciones de textiles y calzado, debido a que la Secretaría de Economía ha rechazado los permisos para que las mercancías puedan ingresar al país.
El argumento que esgrimen en la dependencia encabezada por Márquez es que el precio declarado de las mercancías de importación no tiene un diferencial mayor de 30% del precio de referencia; esto, pese a que importar a un precio mayor de la referencia está permitido por la ley, siempre y cuando se otorguen las garantías que cubren el diferencial de los precios estimados.
Lo que tiene molestas a las empresas es que la imposición del diferencial de 30% es un nuevo criterio que los funcionarios de la Secretaría de Economía impusieron, pues no está establecido en la ley.
Por lo tanto, debido a que la aprobación de estos permisos está a discreción de la autoridad, las empresas no tienen certeza jurídica con respecto al procedimiento de importación que deben seguir.
Si bien las empresas han tenido reuniones con la Secretaría de Economía, en lo individual y de manera conjunta con el sector, no se ha emitido un pronunciamiento formal ni se ha propuesto una solución respecto al bloqueo de las importaciones.
Por el contrario, los funcionarios de la Secretaría de Economía aseguran que los rechazos seguirán en los casos en el que el precio declarado tenga un diferencial mayor a 30% del precio de referencia.
Las empresas afectadas aseguran que se apegan al marco legal y la normatividad aplicable. “Los trámites que ingresamos cumplen con lo dispuesto en la ‘Resolución que modifica y da a conocer el Anexo 4 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la SHCP’ y en el ‘Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior’”, expone una de ellas.
El problema, insisten, es que la autoridad está modificando sus criterios sin considerar la ley. En el caso específico de Walmart, 70% de esta mercancía (textil y calzado) es comprada a productores nacionales, quienes se ven igualmente afectados por estas imposiciones, ya que sus insumos quedan bloqueados.
El mercado local no abastece la demanda que existe en sus tiendas, por lo que tienen que recurrir a la importación de algunos productos.
La nueva política de Economía no sólo perjudica a los productores nacionales, sino que afecta de manera directa al consumidor mexicano, ya que pierde la oportunidad de contar con distintas opciones de comprar a precios bajos.
Va MVS TV. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) acaba de resolver la autorización a Grupo MVS para transmitir su señal por televisión abierta en el Valle de México, con lo que dará paso a un nuevo canal: MVS TV.
La empresa de la familia Vargas tiene una alianza con Multimedios para transmitir sus señales del canal 52MX, pero finalmente, tras una larga batalla legal que le significó ganar cuatro amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá hacerlo de manera independiente, aunque tampoco se prevé un rompimiento con la cadena que dirige Francisco González.
Por el contrario, a quien no se le ve para cuándo logre lanzar su canal en la Ciudad de México, por el que pagó 425 millones de pesos, es a Grupo Radio Centro, que aún encabeza Francisco Aguirre.
A más de un año de haber ganado la licitación del canal 8 y no contar con fecha exacta para salir al aire, se le suman muchos problemas tales como la caída del valor accionario del grupo, despidos y demandas de empleados, estaciones fuera del aire, la posibilidad de ser multado por el IFT y la oferta de una programación poco atractiva.