Escala rechazo a termoeléctrica
Grupos civiles e investigadores ratificaron su oposición a la operación de la planta y a la consulta que propone AMLO
Grupos civiles, investigadores de la UAEM y Jorge Zapata, nieto del general Emiliano Zapata, ratificaron su rechazo a la puesta en operación de la Planta Termoeléctrica de Morelos y consideran que la consulta ciudadana que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para resolver el conflicto social está “amañada” porque, dicen, no cuenta con la participación de instituciones electorales, personal capacitado, boletas foliadas y una organización formal.
“Las consultas las gana el que las hace. No es una consulta oficial porque no participa el órgano electoral. Ellos tienen ‘amañada’ esa consulta. No vamos a permitir el uso del agua del río Cuautla para las termoeléctricas, porque son dos”, expresó Zapata.
El jueves por la madrugada, una comisión de ejidatarios entregó en Palacio Nacional el Informe sobre el impacto negativo de la termoeléctrica en Huexca y la región oriente de Morelos, y el viernes el tema fue retomado por el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, pero nada dijo del informe y de los argumentos que esgrimen ejidatarios de la región e investigadores para oponerse a la planta termoeléctrica.
“Todo está amañado, por eso no dijeron nada del informe en la conferencia de prensa. Nos queda claro que ellos quieren que ese proyecto salga a flote y nosotros no, porque nos van a secar nuestros ríos y aguas”, declaró Zapata.
El presidente López Obrador anunció una consulta pública los días 23 y 24 de febrero en 24 municipios de Tlaxcala y Puebla, así como 33 municipios de Morelos, para preguntar si se pone en operación o no la planta termoeléctrica. También dijo que vendría el domingo a Cuautla, donde se encuentra la termoeléctrica, para presentar la propuesta.
Pero los grupos que se oponen al proyecto sostienen en su informe que “en el caso de Huexca, un proceso de consulta previa sería extemporáneo y la materia de consulta sería una infraestructura ilegal”.
En el trabajo denuncian violaciones a los Derechos Humanos de pobladores de Tlaxcala, Puebla y Morelos por la instalación de dos termoeléctricas en Huexca, Morelos, un acueducto y un gasoducto de 160 kilómetros que cruza esas entidades.
La empresa Abengoa, contratada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la construcción de la termoeléctrica, la define así: “El ciclo combinado cuenta con tres turbinas de gas y un generador de vapor por recuperación de calor, un sistema de refrigeración con tratamiento de aguas residuales y todo el equipamiento necesario, incluyendo cuatro transformadores principales, una subestación de 400 kilovoltios llamada Huexca, una línea de transmisión de 25.7 kilómetros, que interconectará la subestación de la planta de Huexca con la subestación de Yautepec a 400 kilovoltios”.
Se trata de un megaproyecto que forma parte del llamado Plan Integral Morelos (PIM) impulsado por el gobierno federal y estatal a través de la CFE y la participación de las constructoras extranjeras Elecnor, Abengoa, Bonatti y Enagas.
Con este trabajo, los grupos civiles persiguen denunciar actos de omisión de la CFE, Semarnat, Sener y Conagua, así como de gobiernos estatales y municipales por el otorgamiento de visto buenos a los permisos para concretar el proyecto.
Piden ser escuchados
Huexca es una comunidad que pertenece al municipio de Yecapixtla, situada a unos cuatro kilómetros de la carretera federal que conecta Cuautla con Izúcar de Matamoros, Puebla. Los ejidatarios e investigadores en su informe piden escuchar a los pueblos, comunidades, académicos y asociaciones civiles para solucionar el conflicto, pero su principal demanda es cancelar el proyecto impuesto, dicen, mediante la violencia.
Exigen además reparar los derechos humanos violentados de las poblaciones afectadas porque, consideran, la generación de energía eléctrica no es una necesidad apremiante para México, porque actualmente se produce un excedente de energía de 40%, cifra que duplica el estándar recomendado a nivel internacional, de 18%, de acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018.
La defensa
El delegado federal en Morelos, Hugo Éric Flores, declaró en defensa de la termoeléctrica que la entidad importa 100% de la energía que consume, es el único estado donde no se produce energía eléctrica, sostuvo.
Detalló que ante la oposición de grupos ejidales, se propusieron una serie de medidas compensatorias como la reducción en las tarifas de luz de uso doméstico para nueve municipios de Tlaxcala, 15 de Puebla y ocho de Morelos.
De acuerdo al informe, el PIM considera la construcción y operatividad de dos termoeléctricas de ciclo combinado, un acueducto que se llevará 550 litros por segundo del agua del río Cuautla, principal hidro-ecosistema de la zona oriente del Estado, hacia las termoeléctricas, y un gasoducto quedando dentro de la zona de riesgo (78 km) referente a la actividad del volcán Popocatépetl.
Todo ello, dicen, ha sido considerado por instituciones como la UNAM como elementos improcedentes para la puesta en marcha de la termoeléctrica por el riesgo que existe para habitantes en la región de los volcanes.
Además de sus acciones de protesta, relatan, también tienen diversos juicios de amparo para impedir que continúe el megaproyecto.
Sin operar
Conforme con el programa de la CFE, la planta termoeléctrica tendría que entrar en operación en 2014, pero la oposición de las comunidades se lo impidió. Actualmente sigue inactiva porque en febrero de 2018 la comunidad de Huexca obtuvo una suspensión provisional de un tramo del gasoducto que transportará gas desde Tlaxcala, pasaría por Puebla y llegaría a la termoeléctrica.
Para el grupo opositor, la inversión de este proyecto es de mil 600 millones de dólares, pero no responde a los intereses prioritarios de desarrollo del país ya que en su ejecución atenta a la calidad de vida de la población, exponen en su informe los afectados.
Otro de los puntos que subrayan para oponerse a la operatividad de la termoeléctrica es el riesgo sísmico. Argumentan que a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017, con epicentro localizado entre los límites de Puebla y Morelos, el mapa de regionalización sísmica de la República mexicana que se presenta en la Manifestación de Impacto Ambiental, queda obsoleto.
Por lo tanto, esgrimen, es urgente revisar la autorización del proyecto, ya que en el estado de Morelos ha aumentado la intensidad de la actividad sísmica.