Militarización con velo democrático
La discusión en el Senado de la República sobre la propuesta de crear una Guardia Nacional de esencia y corte militar para enfrentar la inseguridad pública, se desarrolla en un escenario de simulación oficial, ya que mientras Morena se ve forzado por las oposiciones partidistas y sociedad civil a admitir un esquema de Parlamento Abierto, AMLO avanza aceleradamente —violando normas legales— en la ruta de dar mayor participación y peso al Ejército en tareas de carácter civil.
El Parlamento Abierto es una especie de ejercicio de democracia directa y activa por el cual el Legislativo discute con la sociedad. Se escuchan civilizadamente los diversos puntos de vista, se valoran distintos argumentos y se toman decisiones de cara a la misma sociedad.
Ciertamente, no tiene un efecto vinculatorio que obligue a tomar en cuenta todas las voces discordantes de la propuesta oficial, pero sí obliga a asumir una suerte de suspensión temporal en las decisiones sobre la materia a debate. Implica un elemental compromiso moral para no engañar a aquellos a los que se ofrece escuchar. Pero, por lo que se ve, los hechos hablan de una actuación inmoral de López Obrador y Morena: Ofrecen una cosa y hacen otra.
Uno se pregunta: si AMLO dice que ya no hay guerra contra el narco, que “no es su deber detener capos”, que habrá amnistía para corruptos de sexenios anteriores y que lasolución a los males nacionales es que seamos buenas personas ¿para qué quiere una Guardia Nacional integrada, capacitada y dirigida por militares?
Una gran cantidad de especialistas y organizaciones conocedoras de los temas de seguridad y defensa de derechos humanos, han advertido sobre los riesgos de meter a los militares en labores de seguridad pública propias de las autoridades civiles. Señalan que avanzar en ese sentido, significa establecer un régimen autoritario y transitar por un camino sin retorno, a costa de libertades y derechos democráticos.
En tanto, AMLO entretiene a la población construyendo cortinas de humo mediáticas con el supuesto combate al “huachicoleo” (sin detenidos de renombre a la fecha), la denuncia sobre actos de corrupción en Pemex, CFE, Sedatu, SAT, etc. (sin pruebas concretas); el derrumbe o destrucción de símbolos del poder como viajar en aviones comerciales o por carreteras, o “no tener guardias de seguridad” (aunque lo cuiden centenares de ellos vestidos de civiles).
Dice que es inmoral retener salarios de trabajadores, pero las dependencias de su gobierno tienen a centenares de miles sin contrato y sin ingresos desde diciembre, amén de decenas de miles de despedidos sin indemnizaciones.
Sumemos a ello las negativas consecuencias en la niñez por el recorte presupuestal a las estancias infantiles, bajo el argumento del combate a la corrupción y su estúpida propuesta de que el dinero lo administren los padres de familia y los niños sean cuidados por los abuelos. Agreguemos los nocivos y criminales efectos por falta de medicamentos e insumos en clínicas y hospitales del sector público.
Todo para tener recursos y construir una red de apoyos económicos directos a millones de personas (ninis, jóvenes, adultos mayores, madres de familia), con fines de control corporativo-electoral, argumentando que sólo así se dará un golpe definitivo al viejo régimen.
El 5 de febrero, AMLO dijo que se requería una nueva Constitución y convocar a un Congreso Constituyente, aunque hoy no es el momento. Puede ser en el 2021 o el 2024. Y si “la gente” dice que debe continuar gobernando, según“el mandato” de una nueva constitución, entonces tendremos AMLO por más tiempo en el poder.
En tanto, presionará para que la Guardia sea aprobada. ¿Por qué y para qué? Porque quiere una fuerza militar incondicional y usarla para lo necesario, arguyendo “razones de Estado”. De ese tamaño es la responsabilidad histórica que tienen en sus manos los senadores de oposición: no ceder a presiones autoritarias y defender la República y las libertades democráticas.