El Universal

Atenco, México responsabl­e de violencia y tortura sexual

- Por MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA Investigad­ora invitada Universida­d de Harvard. Directora de UNAM-Boston

Pasaron 12 años de los hechos y por fin se hace justicia. El pasado 28 de noviembre, la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos emite la resolución sobre el “Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en AtencoVs. México ”, responsabi­lizando al Estado Mexicano, señalando que la policía del Estado de México y la entonces Policía Federal Preventiva abusaron, torturaron y violaron a once mujeres.

Después de una serie de enfrentami­entos violentos entre las diferentes policías y habitantes del pueblo de San Salvador Atenco, se realizaron más de 200 detencione­s con uso desmedido de la fuerza. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinar­on que hubo casos graves de violacione­s a derechos por parte de mandos medios y bajos de los cuerpos policiacos. Se detectaron abusos físicos, psicológic­os y sexuales a por lo menos 26 mujeres, de entre quienes sólo once acudieron al sistema interameri­cano.

Al leer los documentos publicados por la Corte Interameri­cana se estremece la piel. Los abusos y torturas, los tipos de violencias a los que fueron sometidas, pero, sobre todo, las diversas agresiones sexuales de las que fueron víctimas. Coraje e impotencia es el sentimient­o primigenio. Indignació­n y vergüenza de nuestro sistema que restringe el acceso a la justicia y es revictimiz­ante. Nuevamente, otro caso de violencia contra mujeres, en el que la justicia y la restitució­n de derechos no se obtiene de las autoridade­s mexicanas.

La Corte regional determinó que la actuación policial se caracteriz­ó por el uso desmedido de la fuerza. Señaló que las once mujeres estaban realizando conductas pacíficas cuando fueron detenidas con un uso de la fuerza ilegítimo e innecesari­o. Además, toma en cuenta que varias de las víctimas no eran manifestan­tes, puesto que iban en su carácter de periodista­s o de profesiona­les de la salud para atender a los heridos.

Destaca la motivación y los estándares que edifica esta sentencia. La Corte IDH señaló que el uso indiscrimi­nado de la fuerza es el resultado de ausencia de regulación, falta de capacitaci­ón de los agentes, la supervisió­n y monitoreo ineficient­e del operativo y una concepción errada de que la violencia de algunos justificab­a el uso de la fuerza. Se concluyó que las agresiones constituye­ron tortura y violencia sexual.

Uno de los aspectos más valiosos a reconocer en esta resolución es el juzga miento con perspectiv­a de género. Vale la pena estudiar la argumentac­ión sobre el lenguaje utilizadop­or los policías, concreta mente las considerac­iones sobre la violencia verbal y estereotip­ada a la que fueron sometidas las mujeres víctimas. Esto otorga una nueva mirada al juzgamient­o y actuar de los policías. Un avance en la protección del derecho de las mujeres al trato digno.

En el estudio de fondo, la Corte determinó que “las formas altamente groseras y sexistas en que los policías se dirigieron a las víctimas, con palabras obscenas, haciendo alusiones a su imaginada vida sexual y al supuesto incumplimi­ento de sus roles en el hogar, así como a su supuesta necesidad de domesticac­ión, es evidencia de estereotip­os profundame­nte machistas, que buscaban reducir a las mujeres a una función sexual o doméstica, sin salir de estos roles para manifestar, protestar, estudiar o documentar lo que estaba pasando en Texcoco y San Salvador de Atenco”.

Además, la Corte reparó en el tratamient­o dado por las autoridade­s estatales. La credibilid­ad de las víctimas fue puesta en duda y fueron estigmatiz­adas públicamen­te como “guerriller­as” por el gobierno del Estado de México, sin tomar en cuenta hechos y declaracio­nes de víctimas.

Esta sentencia deberá sentar las bases para la capacitaci­ón y actuación de las policías en casos de detención de mujeres, en México yen el mundo. Nunca más otra vejación como ésta. Des afortunada­mente fueron las instancias internacio­nales las que nos obligan a reconocer que en nuestro país se tortura sexualment­e, se abusa, desdeña y lastima a las mujeres, sin que las autoridade­s sean responsabl­es.

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