Y ahora, contra los derechos humanos
Al presidente López Obrador no solamente no le afecta generar polémica. Parece más bien que se nutre de ella, que la busca, que le satisface desencadenar reacciones contrarias, muchas veces como resultado de actitudes o palabras completamente gratuitas, infundadas, sin ninguna racionalidad. Porque una cosa queda clara: no se trata de un pensador sofisticado; daba la impresión que sabía algo de historia, pero abundan los ejemplos que demuestran que ni eso conoce, ni tampoco sabe explicar nada con base en el encadenamiento histórico de los hechos que han marcado al país.
Es por eso que no debe generar sorpresa el reciente exabrupto gubernamental, según el cual una recomendación de la CNDH en torno al tema de las estancias infantiles (se trata de la recomendación 29/2019, que se puede encontrar fácilmente en internet) debe ser ignorada ya que, de acatarla, se estarían violando precisamente los
derechos humanos. De hecho, sus subordinados (nunca mejor dicho) de la Secretaría del Bienestar afirmaron una sarta de tonterías para dejar de cumplir con una recomendación amplia y bien documentada. Tildaron al documento de la CNDH de “aberración inaceptable”, hicieron referencia (como ya es costumbre) al periodo neoliberal como origen del problema, le endilgaron a la Comisión que no hizo nada en el caso de la Guardería ABC (cuando lo cierto es que fue el único órgano del Estado mexicano en dar una respuesta amplia y completa en el tema, la cual por desgracia no tuvo la observancia requerida), citó los casos de Tlatlaya, Tanhuato y Ayotzinapa para desacreditar al organismos defensor de derechos humanos, etcétera.
Me dio pena leer tan pobre respuesta, más propia de un partido de oposición (incluso de un partido chafísima, de los cuales tenemos varios en México) que de una entidad pública a la que financiamos con el dinero de nuestros impuestos. Tal parece que algunos servidores públicos todavía no se han dado cuenta que ya no forman parte de las ONG, sino que ahora ocupan oficinas públicas y deben actuar con sentido de Estado (aunque parece obvio que no tienen la menor idea de lo que ello significa).
¿De verdad quiere el gobierno, con tantos problemas que ya arrastra en apenas unos meses de haber iniciado, abrir un frente nuevo en contra de la CNDH? No dudo que hay motivos para criticar a los organismos defensores de derechos humanos, que han tenido épocas con un desempeño impresentable, que resultan muy caros según algunos analistas, que a nivel local son por lo general patéticos y nada eficientes, pero esas críticas se tienen que hacer con responsabilidad, con fundamento y con buenos argumentos.
Causa sorpresa que (más allá del carácter agrio, polémico y bravucón del Presidente), un gobierno que se define de izquierda esté tomando un rumbo tan alejado de la protección y tutela de los derechos humanos, incluso pese a los nobles esfuerzos que desde la Segob realiza el subsecretario Alejandro Encinas y su gran equipo de profesionales. La apuesta por la militarización efectiva de la seguridad pública, la represión sin cuartel contra mujeres y niños migrantes, la persistencia de la tortura policiaca, la afectación a las mujeres trabajadoras cerrando las estancias infantiles, el desprecio hacia los trabajadores del sector público a través de los despedidos masivos, los ataques a la independencia judicial, las violaciones al debido proceso ventilando en conferencias de prensa datos de investigaciones ministeriales en curso y un largo etcétera, también se deben añadir a las sumas y las restas de la acción gubernamental.
Y de nada de eso pueden decir que la culpa incumbe a los gobiernos anteriores (aunque todos ellos cometieron atrocidades bastante parecidas o incluso peores). Háganse responsables, señores/as gobernantes. Asuman las consecuencias de sus actos, empezando por todos aquellos que violan derechos humanos. La historia se los recordará.