Novatos e irresponsables
La insólita protesta nacional de decenas de miles de agentes de la Policía Federal es ya, por sus características, la crisis más seria que haya enfrentado el presidente López Obrador. Su eventual solución se anticipa costosa en términos económicos, políticos, de seguridad (pública y nacional). El problema exhibe la incompetencia de múltiples funcionarios, encabezados por los secretarios Alfonso Durazo, Olga Sánchez Cordero y el titular del nuevo órgano de inteligencia federal, Audomaro Martínez.
Se trata de una crisis que durante meses se anticipó mediante videos y mensajes en redes, posicionamientos gubernamentales mal calculados, ruptura de canales de comunicación con un cuerpo de poco menos de 40 mil efectivos, la mayor parte de ellos con sólida preparación, educación promedio superior a cualquier cuerpo policial del país, en muchos casos expertos en operativos, logística e inteligencia. Y fuertemente armados.
Es inevitable subrayar que el mayor grado de responsabilidad recae en el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Durazo Montaño, que se rehusó a establecer contacto con jefes medios y la base de la Policía Federal. Ya estallada la crisis, ha insistido en asignar su manejo a subordinados sin autoridad ni experiencia, como fue el caso de Patricia Trujillo, un médico experto en asuntos forenses.
La señora Trujillo se presentó ante la tropa no como integrante de la PF, sino portando ya el uniforme de la Guardia Nacional. Desde los primeros minutos de su encuentro con los policías en rebelión, se exhibió que llevaba el carácter de carne de cañón, y acabó huyendo de un espacio al que nunca debió ser ingresada, en un momento casi histérico donde tropezó por su propio nerviosismo
y fue arrastrada por sus propios escoltas.
De tropiezo en tropiezo, Durazo decidió disparar al aire para distraer la atención. Culpó al expresidente Felipe Calderón de estar involucrado. Y echó mano de un expediente que tuvo archivado por meses: las contrataciones de sistemas de seguridad a la empresa israelita cuyo acrónimo es RAFAEL, durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación.
Resulta claro que la administración López Obrador cuenta con la certeza de que la Policía Federal (PF) muestra, a 20 años de creada, señales contundentes de ser un cuerpo podrido por la corrupción. Ese es el diagnóstico que el propio presidente tabasqueño expuso reiteradamente; así lo machacó Durazo.
En los siete meses que acumula el gobierno, el mensaje fue claro: ni uno solo de los integrantes de esa corporación merece otro trato que el de paria en la Cuarta Transformación. Pero ninguno tampoco ha sido llevado ante autoridad judicial para responder sobre acusaciones formales.
Al sacar a colación el posible escándalo por compras a la compañía RAFAEL por parte del equipo de Osorio Chong, Durazo entró al tema tarde y mal. Desde finales del sexenio Peña Nieto, cuando el ahora senador por el PRI fue relevado en Gobernación por Alfonso Navarrete Prida, entre las primeras acciones de éste figuró el cese fulminante de Frida Martínez, secretaria general de la PF, quien concentraba todas las contrataciones bajo el dictado del Palacio de Covián.
Mientras se establecía a contracorriente la Guardia Nacional como el futuro remedio de todos nuestros males en materia de seguridad, desde inicios de año corrieron en las redes videos que exhibían a jefes de la PF reunidos con policías federales, quienes en voz baja dejaban registro de sus opiniones discordantes, mofas, insultos abiertos.
Antes del arranque formal del gobierno, Alejandro Gertz Manero se perfiló como subsecretario de Seguridad Pública y por ello, jefe de la PF, pero el 1 de diciembre amaneció como encargado de despacho de la entonces PGR y luego se convirtió en Fiscal General. El primer día de febrero entró al quite Patricia Bugarín, una reconocida profesional que se desempeñaba como responsable de la estrategia antisecuestros. Le cayeron encima nuevas cargas de trabajo, no así apoyo ni mejor sueldo. Enferma, frustrada, abandonada a su suerte, renunció el 15 de mayo. Un mes tardó en llegar Ricardo Mejía Berdeja.
Alguien calculó que por el simple embrujo de la Cuarta Transformación, decenas de miles de policías federales aceptarían integrarse a la Guardia Nacional bajo condiciones de alta incertidumbre, con la previsión de ser asignados en distintas zonas del país, con aparentemente menores sueldos y sin claridad alguna de sus opciones.
La explosión que vino la pudo haber previsto un niño en escuela de párvulos. Pero según todos los indicios, no fue advertida en el despacho de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ni habría aparecido en los reportes del director general del nuevo Centro Nacional de Inteligencia, el general Martínez Zapata.
Como alertaban los clásicos, el error lo crearon las primeras decisiones de López Obrador en este ámbito. El resto son sólo consecuencias.