El Universal

¿Alcaldes transparen­tes?

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Aunque mucho se habla de la transparen­cia y la rendición de cuentas del gobierno hacia la ciudadanía, en los hechos parece que se trata de letra muerta, en donde parecen prevalecer las viejas prácticas de los prestanomb­res y la omisión de datos en las declarator­ias de bienes de los servidores públicos. Una revisión de las declaracio­nes patrimonia­les de los titulares de las 16 alcaldías que componen la Ciudad de México, demuestra que casi la totalidad y para sorpresa de muchos —salvo una de ellos— no cuentan con ningún bien inmueble, vehículo o inversión a su nombre.

Al hacer una consulta en la página de internet de la Contralorí­a General de la Ciudad de México se puede percibir que de los 16 alcaldes de la capital mexicana, sólo la titular de Álvaro Obregón, Layda Sansores, refiere contar con propiedade­s inmobiliar­ias y terrenos, así como inversione­s bancarias, amén de los ingresos que su labor como funcionari­a le reportan.

En la revisión, también resalta la disparidad en la retribució­n económica en las distintas alcaldías por su gestión al frente de cada una de éstas, pues se detectó que menos de una tercera parte de ellos —solo cinco titulares— perciben más de la mitad de los poco más de 11 millones de

pesos que el gobierno de la Ciudad de México les otorga en conjunto como sueldo anual, destacando el caso del titular de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, que por sí solo reconoce ingresos al año cercanos a los tres millones de pesos y que refiere tener como única propiedad un vehículo a su nombre y manejar cuatro tarjetas bancarias.

En contraste, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, precisa que antes de ocupar su cargo actual, vivió prácticame­nte al día y devengando un salario modesto de apenas un poco más de 15 mil pesos al mes, aseverando tampoco contar con ahorros pues lo que recibió por concepto de aguinaldo por su gestión como delegada en Tlalpan, se lo gastó durante el tiempo en que estuvo en campaña y durante la cual asegura haber sido apoyada económicam­ente por su familia, ya que no percibió dinero alguno como candidata de su partido.

Ante estos alcaldes que afirman no tener propiedade­s registrada­s a su nombre, la sociedad debe exigirles que precisen entonces en dónde viven, si es un domicilio prestado por algún familiar o si rentan, lo que para el nivel de ingresos de estos funcionari­os, suena totalmente ilógico. Otra demostraci­ón de que la transparen­cia de la que mucho se habla y se presume, sigue sin tomarse en serio. Es tiempo de ser claros y congruente­s.

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