Salvador García Soto
Guardia bajo fuego y gobierno sin operadores
Todavía no termina de formarse ni desplegarse por todo el territorio, y la Guardia Nacional, eje toral de la estrategia de seguridad federal de Andrés Manuel López Obrador, ya enfrenta serios cuestionamientos y problemas que complicarán su funcionamiento y harán muy difícil que cumpla con resultados en la disminución de los índices delictivos y de violencia que el presidente ofreció para finales de año.
Lo mismo en el paro inédito y la rebelión de miles de integrantes de la Policía Federal por las condiciones para asimilarlos a la Guardia, que ya suma cinco días sin que lo puedan resolver, que en las acciones de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de cuatro de sus leyes secundarias, lo que se asoma en la forma es, un torpedeo
político y jurídico contra la ambiciosa apuesta de López Obrador en seguridad, pero en el fondo, también se observa una total ausencia de operadores políticos en este gobierno que, lejos de resolver los conflictos y allanarle el camino a su Guardia Nacional, parece haber abierto demasiados frentes que hoy la tienen en jaque.
¿Por qué en los más de seis meses que llevó presentar y lograr la aprobación de la Guardia Nacional, cuando ya se sabía que a la Policía Federal se le iba a desaparecer y a sus integrantes que cumplieran con el perfil y los controles de confianza integrarlos a la nueva corporación, el secretario Alfonso Durazo no operó y dialogó con los mandos de la PF para lograr una transición ordenada y tersa, con las liquidaciones y retiros voluntarios que hubieran evitado una crisis nunca vista en el país debido a que nadie les informó cuáles sus opciones y cómo se garantizarían sus derechos?
Peor aún, todo mundo vio venir el levantamiento que se fue gestando ante la falta de atención de la Secretaría de Seguridad. ¿Nunca se enteró Durazo con su aparato de inteligencia interno o a través del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) de lo que se estaba organizado y no pudo, o más bien no supo evitarlo? Tal vez por eso lo más fácil para el secretario fue repartir culpas al pasado que luego, cuando le exigieron pruebas, no pudo sostener públicamente?
En el caso de la CNDH, las impugnaciones contra las cuatro leyes secundarias, con las que busca acotar las facultades de la Guardia en labores de inspección migratoria, detención de particulares, uso de armas en manifestaciones y reserva de información, obligarán a que la Suprema Corte revise si las funciones de la Guardia no son inconstitucionales, en lo que representa un otro obstáculo para el nuevo cuerpo de seguridad. Es inevitable apuntar que dichas controversias se presentan en el contexto del enfrentamiento entre el gobierno de López Obrador y la CNDH, que comenzó con el desaire inédito del presidente al ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, al no asistir a su informe anual de labores el 4 de junio pasado, y continuó con el rechazo y la descalificación de las recomendaciones del organismo autónomo a la violación de derechos humanos en el desmantelamiento de las estancias infantiles.
En ambos, que hoy tienen a su Guardia Nacional bajo fuego, a López Obrador le faltaron operadores políticos, además de prudencia y cortesía elementales, pues aunque se le pueda reprochar al secretario Alfonso Durazo, a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, o a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no haber operado políticamente para evitar que le estallaran estas crisis, tampoco el presidente puso mucho cuando, de su ronco pecho —que ya sabemos, “no es bodega”— y utilizando el púlpito de las conferencias mañaneras, atacó con adjetivos y reproches a la “corrupta y echada a perder PFP” o a la “inaceptable y vergonzosa recomendación de la CNDH”. Para decirlo claro: el presidente no tiene quien le ayude, pero tampoco se deja ayudar mucho.