Monreal ataca de nuevo

Otra vez el Sistema Nacional Anticorrupción está en la mira de Morena. Primero impulsaron la iniciativa de crear una nueva sala anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia y para ello querían crecer el número de ministros de 11 a 16; ahora, otra vez desde la oficina del senador Ricardo Monreal, se propone la creación de un Tribunal Federal Anticorrupción que estaría compuesto por 3 magistrados nombrados por el Consejo de la Judicatura. La iniciativa, que propone reformar 10 artículos constitucionales, en realidad modifica todo el sistema de sanciones creado en 2015 por la reforma a la Constitución que incorporó el Sistema Nacional Anticorrupción, así como varias leyes secundarias que consecuentemente se crearon y modificaron en 2016 y 2017.

EL SISTEMA ACTUAL

1) Las faltas administrativas no graves de los funcionarios públicos son revisadas y sancionadas por los órganos internos de control competentes;

2) La imposición de sanciones por las faltas administrativas graves de servidores públicos, así como de particulares vinculados con dichas faltas, corresponde a los magistrados de la tercera sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que siguen sin ser designados y por tanto aún no se integra esta sección. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en general los órganos de control y fiscalizadores, en caso de que encuentren evidencias de hechos que puedan constituir faltas graves, deben promover las acciones correspondientes ante el Tribunal o la Fiscalía para la imposición de las sanciones respectivas, y

3) Lo referente a delitos relacionados

con hechos de corrupción toca a la Fiscalía Anticorrupción. LA PROPUESTA DE MONREAL

1) Los órganos internos de control y de fiscalización, como la ASF, serían los competentes para sancionar directamente por faltas administrativas graves y no graves tanto a servidores públicos como a particulares;

2) El nuevo tribunal anticorrupción, que dejaría fuera de la jugada al TFJA, formaría parte del Poder Judicial y conocería los recursos que se promuevan en contra de las resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación o de los órganos internos de control de los entes públicos federales, que impongan sanciones o pago de indemnizaciones a servidores públicos con motivo de las responsabilidades administrativas en que hubieren incurrido, y a particulares que hayan intervenido en actos vinculados con faltas administrativas graves, y

3) Los estados deben crear sus tribunales equivalentes y adecuar sus sistemas a lo contenido en la iniciativa de Monreal. En los transitorios se establecen 150 días (no dice si hábiles o naturales) para que el Congreso de la Unión adecue las leyes secundarias y la orden a los estados para que sus legislaturas hagan lo propio.

El Senado está en desacato de la resolución judicial dictada en virtud del amparo interpuesto por el Comité de Participación Ciudadana, que le ordena designar magistrados anticorrupción inmediatamente, y su reacción es una iniciativa de contrarreforma al SNA que vuelve a centralizar y politizar el control del sistema sancionatorio. Monreal propone que la autoridad sea juez y parte, sugiere otorgar, a quien investiga, también facultades para sancionar por faltas graves a sus investigados sean funcionarios públicos o particulares, sin que haya control por parte de un tercero que, con imparcialidad, por un lado revise los elementos propuestos para sancionar y por otro los argumentos del supuesto responsable. Además, todo esto crea un incentivo político para que la autoridad administre las sanciones, sancionados y sus impactos de acuerdo a los tiempos políticos.

No exagero al afirmar que, de prosperar esta reforma, se estaría dando la estocada final al SNA por dos razones, por el tiempo que tomaría la implementación de esta reforma, que implicaría volver a recorrer el camino que se marchó desde 2015 a nivel federal y local con todas las adecuaciones legales, y por el regreso del control sancionador —reloaded —al poder político.