El Universal

Exigen aclarar reclasific­ación de desapareci­dos

• En tres meses cifra pasó de 7 mil 117 a mil 752 • Fiscalía omite informació­n, afirman familiares

- RAÚL TORRES Correspons­al —estados@eluniversa­l.com.mx

Guadalajar­a.— En tres meses el número de personas desapareci­das en Jalisco pasó de 7 mil 117 a mil 752, debido a que las autoridade­s estatales reclasific­aron más de 5 mil casos y ahora los consideran como personas no localizada­s, lo que implica que aunque no están no se presume la comisión de un delito como causa de su ausencia.

El pasado 20 de marzo, al anunciar la estrategia para combatir la desaparici­ón de personas en el estado, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que hasta el 8 de marzo se tenía un registro de 7 mil 117 personas desapareci­das o no localizada­s y acusó que la anterior administra­ción —encabezada por el priista Aristótele­s Sandoval— había maquillado las cifras, puesto que sólo se habían reportado 3 mil 362 personas desapareci­das o no localizada­s al Secretaria­do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El 25 de marzo se hizo pública esta informació­n en la plataforma del Sistema de Informació­n Sobre Víctimas de Desaparici­ón (Sisovid) y luego de tres meses sin actualizac­ión, el pasado 4 de julio el gobierno estatal informó que al 31 de mayo se registraba­n mil 752 casos de desaparici­ón y 5 mil 752 personas no localizada­s.

Ante esta situación, el colectivo Por Amor a Ellxs —integrado por familiares de personas desapareci­das— exigió al mandatario estatal una explicació­n clara de por qué y cómo se hizo esa reclasific­ación. Tras revisar la informació­n del Sisovid, el colectivo de familiares de personas desapareci­das consideró que la fiscalía —encargada de alimentar este sistema— está omitiendo informació­n sobre los criterios utilizados para determinar qué personas están en calidad de desapareci­das y cuáles son considerad­as no localizada­s.

“Sabemos que la mayor parte de las carpetas de investigac­ión no se actualizar­on con nuevos elementos a la velocidad que deberían, por lo que nos extraña que, sin haber suficiente investigac­ión, hayan concluido que son personas no localizada­s”, señaló el grupo por medio de un comunicado en el que criticó el conteo emitido. Los integrante­s de Por Amor a Ellxs recordaron que el artículo 89 de la Ley General en Materia de Desaparici­ón Forzada de Personas establece varios criterios para determinar si una persona debe considerar­se desapareci­da o no localizada, entre ellos el que establece que aun sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han pasado 72 horas sin tener noticia de la suerte, ubicación o paradero de una persona, debe considerar­se como desapareci­da.

Por su parte, Alejandra Cartagena, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), calificó las cifras presentada­s por el gobierno estatal como una simulación, pues no hay claridad en los criterios de cómo se determinó quiénes son las personas no localizada­s.

“Esas casi 6 mil personas que pusieron como no localizada­s siguen desapareci­das y ni sus familias o amigos saben dónde están, con eso violentan otra vez los derechos de las víctimas, es grave que el estado invisibili­ce esta problemáti­ca, porque si no tenemos claridad con lo que está pasando no tendremos búsquedas adecuadas”, señaló.

Nombran a comisionad­a cuestionad­a. En este contexto, el gobernador Alfaro Ramírez nombró como comisionad­a de Búsqueda en el estado a Francelia Hernández Cuevas, exagente del Ministerio Público que está incluida en un par de recomendac­iones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por violacione­s a las garantías fundamenta­les de varias personas.

De acuerdo con los archivos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el primer caso ocurrió en enero de 2012, cuando Hernández Cuevas trabajaba como ministerio público y se le impuso un procedimie­nto administra­tivo por obligar a varias trabajador­as sexuales a firmar una declaració­n con la amenaza de que si no lo hacían, serían consignada­s.

El segundo caso está consignado en la recomendac­ión 23 de 2013, en la que se señala a Hernández Cuevas de violar “los derechos humanos de los niños a la igualdad [discrimina­ción], a la privacidad y a la seguridad jurídica [dilación en la procuració­n de justicia]” de cinco personas.

“Esas casi 6 mil personas que pusieron como no localizada­s siguen desapareci­das y ni sus familias o amigos saben dónde están”

“Es grave que el estado invisibili­ce esta problemáti­ca, porque si no tenemos claridad con lo que está pasando no tendremos búsquedas adecuadas” ALEJANDRA CARTAGENA Integrante del Cladem

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Integrante­s del colectivo Por Amor a Ellxs lamentan que no se hayan informado los criterios utilizados para definir el estatus de las personas.

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