Alcalde de Mexicali combate en la Corte la Ley Bonilla
• Modificación es un albazo legislativo, dice el panista; PRI alista su inconstitucionalidad
La oposición ha iniciado acciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para combatir la reforma que avaló el Congreso de Baja California a la Constitución del Estado para ampliar el mandato del próximo gobernador, de dos a cinco años, y que han definido como Ley Bonilla.
Gustavo Sánchez Vásquez, alcalde panista de Mexicali, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la reforma local y calificó la modificación como aberrante y un albazo legislativo, pues afirmó que a Mexicali no se le llamó para que diera su opinión y voto.
“Los gobiernos municipales, por lo menos el de Mexicali, nunca fue citado a que acudiéramos al Congreso para exponer nuestras razones por las que, por supuesto, hubiéramos y estamos en contra de esta reforma, así que se llevó a cabo este procedimiento legislativo, a nuestro juicio, carente de sentido jurídico y hoy venimos ante la Corte a contravenir esa ley”, dijo.
Explicó que aunque el decreto de reforma no ha sido publicado, los ayuntamientos no están obligados a esperar a que esto ocurra para impugnar el proceso legislativo: “Los ayuntamientos no tenemos que esperar la promulgación, esta controversia tiene que ver contra el proceso indebido, por eso es el momento procesal oportuno para venir ahorita para alegar y pedir a la Corte que pare ese proceso de reforma, ya que no fuimos llamados”.
Ayer, el PAN afirmó que con la presentación de las primeras acciones legales para revertir la ampliación de mandato, que parte de los municipios de Tijuana y Mexicali, es como inicia la defensa del Estado de derecho.
“De esta manera se busca obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ilegal reforma a la Constitución de Baja California, a fin de que no sea violentado el Estado de derecho y se respete el voto de los ciudadanos en las urnas, que sólo eligieron al gobernador por dos años, no por cinco”, señaló.
El PAN indicó que tomará todos los caminos legales necesarios para llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de Baja California, pues no permitirá que se retroceda en la consolidación de un México democrático. Agregó que se mantiene en curso el proceso de expulsión de los panistas que avalaron la reforma local.
Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional del PRI, dijo que el tricolor tiene lista una acción de inconstitucionalidad para presentar ante la Corte una vez que la reforma se publique en el Diario Oficial Estatal.
Expuso que el proceso para retirar la militancia a los legisladores locales que votaron en favor de la reforma, impulsada por Morena, está en curso.
La senadora priista Beatriz Paredes pidió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pronunciarse con claridad sobre esta ampliación de mandato.
“Llamo a la responsable de la política interna del país a pronunciarse de manera oficial y dejar clara su posición en este caso” BEATRIZ PAREDES RANGEL Senadora del PRI