Solicita amparo contra bloqueo de cuentas
• Abogado Collado busca frenar medida de FGR; juez aún no admite petición
El abogado Juan Collado solicitó un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias derivado de la investigación iniciada en su contra por supuesto lavado de dinero y delincuencia organizada, pero su demanda no ha sido admitida.
El juez Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México previno al jurista para que, en un plazo de cinco días, aclare su petición.
“Previo acordar lo que en derecho corresponda sobre la admisión o no del medio de control de constitucionalidad instado.
“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones 3, 4, 5, 110, 112, y 114, fracciones 1 y 2, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del término de cinco días (...) bajo protesta de decir verdad y conforme a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, realicen las aclaraciones al escrito de demanda de amparo que presentaron.
“Dentro del término otorgado [se habrá de] manifestar, si es su deseo, llamar a juicio como autoridad responsable a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En caso de ser afirmativa su respuesta, está obligado a referir el acto en concreto que le atribuye.
“Se apercibe al promovente que, de no desahogar la prevención aquí decretada, se entenderá que no es su deseo llamar a juicio como autoridad responsable a la CNBV, por lo que una vez transcurrido el término otorgado, se proveerá lo que en derecho proceda”, indicó el juez.
El abogado reclamó la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) de incluirlo en la lista de personas bloqueadas por sospechas de lavado de dinero.
EL UNIVERSAL informó que al presentar su denuncia contra Collado y cinco personas más por lavado de dinero y delincuencia organizada, la UIF solicitó el aseguramiento de las cuentas de los investigados. “En consideración a todo lo anterior, se pide a esa representación social que, con la facultad que le confiere el artículo 21 constitucional y el 2, fracción 3 del Código Federal de Procedimientos Penales, determine el aseguramiento de las cuentas a nombre de José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez, Tania Patricia García Ortega.
“Lo anterior, toda vez que como ha quedado evidenciado en el cuerpo del presente escrito, es dable concluir a título de probabilidad que las cuentas bancarias de los sujetos referidos han sido utilizadas en operaciones bancarias en las que se han transferido recursos que tienen una procedencia ilícita, como un mecanismo para hacer difícil el rastreo de los que pueden ser producto de delito, hechos que, se solicitan, deben ser investigados con la indagatoria que se tenga a bien iniciar con la formulación de la presente denuncia”, indicó la UIF en su denuncia.
La semana pasada, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que la oficina a su cargo bloqueó las cuentas de ocho personas relacionadas con el asunto en el que se investigan operaciones simuladas, fraudes y la utilización de empresas fachada para blanquear fondos supuestamente obtenidos de manera ilícita a través de Libertad Servicios Financieros (Caja Libertad).
Collado también tramitó un amparo para evitar el aseguramiento del edificio sede de Caja Libertad en Querétaro, pero su demanda tampoco ha sido admitida, pues el juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México le requirió que aclarara el acto que reclama.
Desde el miércoles 10 de julio pasado, el abogado Collado fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, y se le impuso prisión preventiva de oficio; el día 15 del mismo mes apeló la mencionada determinación.
“Se requiere al promovente para que dentro del término de cinco días (...) realice las aclaraciones al escrito de demanda de amparo”
“Se apercibe al promovente que, de no desahogar la prevención, se entenderá que no es su deseo llamar a juicio como autoridad responsable a la CNBV” JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL