Baja California: crisis constitucional
La reforma aprobada por el Congreso del estado de Baja California, con la que se pretende extender el periodo para el que fue electo el gobernador de dos a cinco años, representa la culminación de un proceso construido por una peculiar coalición de intereses donde confluyeron legisladores y dirigentes de todos los partidos políticos, quienes incurrieron en una flagrante violación al régimen constitucional del país, que habrá de dirimirse en el Poder Judicial.
Para los promotores de esta reforma fue insuficiente la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que había establecido la inaplicación del Artículo Octavo Transitorio del decreto 112 local, para que fuera de seis años la gestión de quién ganara las elecciones, una vez que el proceso había ya iniciado con reglas previamente establecidas.
Baja California se encuentra en medio de una crisis constitucional, en la que más allá del litigio respecto a la inconstitucionalidad de tal medida, se han iniciado diversos amparos y denuncias penales ante la presunción del delito de cohecho contra los 21 diputados de diferentes partidos que aprobaron la reforma, después de que fuera entregada la constancia de mayoría al gobernador electo.
A ello se suma un sinnúmero de cuestionamientos desde los más diversos ámbitos, que demandan, desde la promoción de una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deje sin efecto tal medida, hasta la desaparición de poderes en la entidad.
El daño está hecho. La precaria credibilidad en las instituciones locales se ha demeritado profundamente. Los legisladores que aprobaron la reforma, los dirigentes de los partidos que los acompañaron, los diputados ausentes en la sesión, así como los Ayuntamientos que con gran celeridad ratificaron la reforma constitucional, deben rendir cuentas de su proceder para esclarecer esta situación e intentar corregir el rumbo. Más, para lamento de la democracia en nuestro país, pase lo que pase, el próximo gobierno local y sus instituciones, arrancarán en entredicho.
El daño está hecho. La precaria credibilidad en las instituciones locales se ha demeritado profundamente