CitiBanamex en el callejón
La reaprehensión de su ejecutivo de cuenta en una de sus sucursales en Villahermosa, Tabasco, Erik Cervantes Murillo, coloca a CitiBana mex en la encrucijada: demostrar que la acusación de fraude contra Oceanografía no fue parte de una trama alentada por el gobierno, o darle la razón al juez del concurso mercantil que determinó no haber quebranto para su causa
De acuerdo con el expediente reabierto a solicitud de la filial en México del Citi de Estados Unidos, hubo un contubernio entre empleados y funcionarios del banco con los de la empresa contratista de Pemex.
Según ello, durante 2013 y 2014 se respaldaron créditos de factoraje a favor de Oceanografía por un total de 5 mil 318 millones de pesos.
Las solicitudes llegaban a las sucursales 200 y 144, esta última en Ciudad del Carmen, Campeche, cuyo respaldo era sancionado por el detenido y ratificado más tarde por dos ejecutivos: Alfredo Gerardo Ortega Brehm, quien era director de Productos de Crédito de Banca Corporativa, y Emilio Gonzalo Granja Gout, quien fungía como gerente de la Unidad de Energía y Química.
Ambos se enlistaron entre los 11 que cesó y consignó penalmente la intermediaria, por más que la mayoría fue liberada tras su aprehensión, o no consignada.
La querella apunta a que las facturas por cobrar a Pemex, supuestamente apócrifas, eran supervisadas, entre otros funcionarios de Oceanografía, por Israel Varela.
Los abogados del presidente de ésta, Amado Yáñez, sostendrían durante el proceso que detrás del caso que provocó la ruina de la contratista de Pemex había un complot para sacarla de la jugada, luego de la inhabilitación por dos años que se le dictó por una omisión en la documentación para validar un contrato.
Entre las versiones en apoyo se hablaba de un viaje a Acapulco con proa a la casa de su propiedad donde estaba bajo arraigo Yáñez, del entonces procurador general de
la República, Jesús Murillo Karam, para espetarle en la cara que sería acusada de lavado de dinero.
Según ello parte de los créditos del hoy CitiBanamex se habrían canalizado a la compra de automóviles de lujo, mostrándose al calce copias de facturas expedidas por la casa Mercedes Benz.
El problema es que éstas amparaban la compra de motores… para los barcos de la flota de la compañía de mantenimiento de plataformas.
Ahora que CitiBanamex enfrenta otro asunto espinoso: la adquisición por parte de su administradora de fondos para el retiro de Certificados de Capital de Desarrollo, conocidos como CKD’s, emitidos para financiar la compra de plataformas marinas de la firma Perforadora Oro Negro, cuyos principales directivos enfrentan órdenes de aprehensión por administración fraudulenta.
De los 5 mil millones de pesos en el aire, 2 mil habrían sido aportados por la intermediaria.
CitiBanamex celebrará el próximo 5 de agosto una reunión de su Consejo de Administración en Guadalajara, donde se analizará la viabilidad de la ruta en que camina el actual gobierno. Habría que esperar que primero se miren en el espejo.
Balance general. Finalmente, en un comunicado ala Bolsa Mexicana de Valores, reaccionó el Grupo Minero México de Germán Larrea Mota Velasco, frente a las denuncias que le colocaban como el principal depredador del equilibrio ambiental en el país.
De entrada, señala que el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, equivalentes a dos tinacos, fue inofensivo, dado que la sustancia se diluyó rápidamente.
Según ello, la Secretaría de Marina determinó que no hubo daño en las especies de flora y fauna.
Sin embargo, el derrame necesariamente provocó una ola de calor que difícilmente fue inocua para la vida submarina.
En su tardío contraataque, el imperio empresarial sostiene que sólo en dos de 22 casos de accidentes podría culpársele de daño ambiental.
Se mantiene Coneval. Frente a las versiones que apuntan a un desmantelamiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Secretaría de Bienestar señala que la plantilla de planta se mantiene intacta.
En paralelo, de 144 plazas eventuales, 136 ya están en proceso de regularización y 14 en análisis.
El presupuesto para la instancia es de 89.6 millones de pesos, de los cuales 45.2 ya fue ministrado.
El resto está a salvaguarda para atender requerimientos.