La PGJ investiga a 106 maquillistas de Mancera
• Están en la mira por falsear cifras en materia de seguridad • Exmandatario respalda al exprocurador Edmundo Garrido
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investiga a 106 funcionarios de la pasada administración, entre los que destacan el exprocurador Edmundo Garrido Osorio y el exdirector de Estadística Criminal César Martínez Jaso, por maquillar la incidencia delictiva durante 2018.
De acuerdo con la auditoría realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a 240 mil carpetas de investigación, se detectó que en por lo menos 24 mil casos se alteraron las cifras en delitos considerados de alto impacto como homicidio doloso, secuestro y robo a transeúnte, con el objetivo, señala el informe, de ocultar el incremento criminal.
El documento muestra que toda el área de estadística del gobierno que encabezó Miguel Ángel Mancera, conformada por más de 100 personas, está bajo investigación y que las autoridades capitalinas ya dieron vista a la Contraloría General de la Ciudad de México, así como a la Fiscalía de Servidores Públicos y a la Fiscalía General de la República.
Al respecto, Mancera rechazó haber ordenado alterar las cifras y refrendó su confianza y apoyo a quien fuera su procurador.
“Confío en el trabajo profesional de Edmundo Garrido y lo voy a seguir haciendo hasta que me demuestren lo contrario”, aseguró el exmandatario capitalino.
Un total de 106 personas, entre ellas el exprocurador Edmundo Garrido Osorio y el extitular de la Dirección de Estadística Criminal César Martínez Jaso, son investigados por la Comisión de Estadísticas del Sistema de Seguridad Pública y la procuraduría capitalina, por un supuesto maquillaje de cifras en la incidencia delictiva, al conocer que se modificaron los datos de más de 24 mil ilícitos considerados de alto impacto.
Según la investigación de la Federación y la dependencia local, el objetivo principal de maquillar las cifras —como el homicidio doloso, el secuestro y el robo a transeúnte— fue para ocultar el alza en la incidencia delictiva justo en un año electoral. No descartan que esto se haya hecho de manera sistemática durante los seis años de la pasada administración.
El informe de la auditoría se entregó a la procuraduría capitalina el pasado jueves por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) y se convino que la dependencia federal presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, mientras que de manea local se iniciará otra en la Fiscalía de Servidores Públicos.
La auditoría reveló que en total fueron 24 mil los delitos de alto impacto que se maquillaron en la administración pasada, entre los que destacan: 145 homicidios, 28 casos de lesiones por disparo de arma de fuego y más de 20 mil casos de robo en diversas modalidades. El delito que más se modificó fue el robo a transeúnte, pues en ese periodo se abrieron 19 mil carpetas de investigación cuando en realidad fueron 22 mil.
De acuerdo con el resultado de la auditoría —en la que también participó un representante de la ONU y que implicó la revisión de más de 240 mil expedientes—, con las nuevas cifras se estableció un incremento de 73.9% en la incidencia de delitos de alto impacto, al pasar de 32 mil 506 expedientes a 56 mil 532 casos.
Mientras que los delitos de bajo impacto tuvieron una disminución de 8.7%, al pasar de 202 mil 168 a 184 mil 498.
La denuncia del SESNSP, que se iniciará en la Fiscalía General de la República (FGR), se suma a la que inició el 23 de marzo pasado la Fiscalía de Servidores Pública de la procuraduría capitalina, en la que se investiga “toda la cadena de mando” de la Dirección de Estadística Criminal, de la cual era responsable César Martínez Jaso, quien presuntamente sería el encargado de mantener un “estándar promedio” de los delitos de alto impacto, para así reflejar una disminución considerable en la criminalidad local.
La procuraduría capitalina expone que en 2018 en dicha dirección trabajaban 106 empleados, entre ellos Martínez Jaso, quien respondía directamente las órdenes del entonces procurador Edmundo Garrido Osorio.
La realidad supera la ficción. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, destacó que las denuncias se realizaron en la Contraloría General, en la procuraduría local y en la Fiscalía General, contra quienes resulten responsables.
Al cuestionarle si serán investigados el exsecretario de Seguridad Pública Hiram Almeida, el exprocurador capitalino Edmundo Garrido y el exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, la mandataria local dijo que no se dedicará a perseguir a nadie y que definir a los responsables le corresponde a la procuraduría y a los jueces.
“Ya están abiertos los datos para que todos sepan en realidad cómo eran los delitos, lo que está ocurriendo ahora; lo hacemos como un ejercicio de transparencia, eso no tiene nada que ver con que estemos comprometidos con reducir los delitos y dar seguridad en la Ciudad de México”, puntualizó la titular del Ejecutivo local.