Escuelas seguras
Es una obviedad, pero ante el desmantelamiento de instituciones y programas que vivimos hoy en México, no está de más advertirlo: la calidad de la educación pública exige tener planteles que garanticen el bienestar, la seguridad y la higiene de las niñas, niños y jóvenes estudiantes.
Por muchos años en nuestro país se construyeron escuelas pero no se previeron recursos para su mantenimiento ni tuvimos información suficiente y actualizada que permitiera focalizar los escasos recursos que se destinaban por parte de distintas autoridades. En 2008 se creó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), con el propósito de fortalecer la infraestructura educativa en el país, a través de la emisión de normas y especificaciones técnicas, de su participación en la elaboración de normas mexicanas y de la elaboración de guías operativas para la administración de los recursos destinados a la infraestructura educativa. En 2014, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) se propuso realizar en periodos de cuatro años la evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de conocer las características de las escuelas públicas y privadas, a partir de siete temas fundamentales: infraestructura, mobiliario, material de apoyo, personal, gestión del aprendizaje, organización escolar y convivencia escolar.
Hoy, por decisión presidencial y con el aval de su mayoría legislativa, el INEE desapareció, pero su trabajo acucioso nos permite tener información de enorme valía que deberá ser preservada y continuada. Así, sabemos que el 45% de los planteles de educación primaria en el país no disponen de una cancha deportiva; que el 75% carece de rampas útiles para el acceso y la circulación en sillas de ruedas o muletas; que el 8% no dispone de energía eléctrica o que 1 de cada 5 escuelas carecen de tazas sanitarias. ¿Es un gasto superfluo hacer estas evaluaciones? No, como tampoco lo es tener una instancia que norme y supervise las instalaciones que albergan a millones de estudiantes y maestros en el país.Loverdaderamentecostoso,seríaqueelEstado delegara en sus gobernados la responsabilidad de garantizar la funcionalidad de los planteles y la seguridad de nuestros hijos.
A once años de la creación del INIFED, el lopezobradorismo se propone desaparecerlo, comoconstaenelproyectodeLeyGeneraldeEducación que presentó, donde prevé abrogar la Ley General de Infraestructura Física Educativa.
Preocupa que el gobierno federal renuncie a una responsabilidad tan grave y decida compartirla con quienes ni siquiera podrán ser sujetos de responsabilidad alguna, por la simple y sencilla razón de que no son servidores públicos: los alumnos a partir del cuarto grado de primaria, al igual que los padres y madres de familia o tutores. ¿De verdad la buena voluntad y la honradez bastan para garantizar que las escuelas dispongan de estructuras físicas seguras, durables y resistentes a las inclemencias del tiempo o los riesgos asociados con su ubicación geográfica? ¿Junto con los directivos y maestros en las escuelas, los padres de familia tendrán los conocimientos y el tiempo suficientes para contratar obra o hacerla con los estándares de calidad y seguridad necesarios?
La propuesta que analizamos en San Lázaro carece de definiciones tan básicas como quién vaasupervisarlasobras,cómosevanafinanciar, a documentar y, en caso de un desastre natural, como un sismo, quién se encargará de coordinar y normar las labores de reconstrucción. Habrá que reactivar los foros que se cancelaron argumentando premura y escuchar a todos los involucrados. La relevancia de los temas amerita una amplia discusión de cara a la sociedad y respuestas puntuales que garanticen el derecho a la educación de los mexicanos. •