Convenios no requieren aval del pleno del TEPJF
CARTA
Señor Director:
En relación a la columna de opinión ‘Serpientes y escaleras’, bajo el título “Lo que no explica ni dice la Magistrada Otálora”, publicada el pasado sábado 27 de julio, en la que el columnista Salvador García Soto divulga información que le aportó “un Magistrado” desde el anonimato, hacemos las siguientes precisiones.
Tal como fue señalado a su diario en comunicación previa, “los procedimientos de contratación del CIDE de los servicios referidos en la columna para la elaboración de dos diagnósticos, atendieron de manera estricta al marco normativo aplicable”. Cabe la posibilidad de que la fuente del columnista desconozca los procedimientos administrativos determinados para estos casos.
La suscripción de contratos o convenios que conllevan erogaciones no son sometidas a aprobación del pleno de la Sala Superior, sea esta con instituciones nacionales o internacionales (IDEA Internacional, ONU Mujeres, PNUD, OEA …).
El CIDE es una institución pública que forma parte del Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), y que es reconocida por su nivel de excelencia en materia de diagnóstico, análisis y generación de política pública. Como consta en el Diagnóstico, éste se realizó por un grupo de consultores, investigadoras e investigadores contratados por el CIDE y con las más altas calificaciones.
El documento de “17 cuartillas” mencionado es un resumen ejecutivo del trabajo realizado por el CIDE como resultado del Convenio Interinstitucional. El Diagnóstico recibido por el Tribunal Electoral es robusto, amplio y detallado, y sirvió de base para la realización del Plan Estratégico Institucional 2017-2020.
Resulta oportuno advertir que durante el proceso de elaboración se involucraron de manera directa y activa la mayoría de Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal, participando en reuniones de trabajo desarrolladas en instalaciones del CIDE y del Tribunal, siendo entrevistados para el Diagnóstico cinco de los siete integrantes: los suscritos, los Magistrados Felipe De la Mata, Indalfer Infante Gonzalez y el Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
El monto erogado para el Diagnóstico para el Plan Institucional en 2017 fue de 4,295,000.00 y no tuvo dos etapas. El Diagnóstico que se realizó al entonces Centro de Capacitación Electoral fue por un monto de $5,379,310.00.
El Diagnóstico, lejos de ser un “fracaso”, permitió a través de una experiencia profunda implementar acciones concretas, con sustento y no gestionar a la institución y sus diversas áreas con ocurrencias o corazonadas. En el mismo participaron todas las áreas del Tribunal incluidas las Direcciones Generales de Relaciones Internaciones y Nacionales, así como la de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, por lo que ningún área quedó excluida.
Estimado Director, como se advierte, la columna referida contiene varias imprecisiones, producto seguramente de la información aportada al articulista por la fuente anónima “interna” del Tribunal.
Agradecemos de antemano la publicación de estas precisiones, pues rechazamos el cuestionamiento de la integridad y honestidad de los suscritos, así como de diversos funcionarios del Tribunal Electoral y de académicos del CIDE, que sin sustento alguno, son motivo de afectación por la información errónea y sesgada aportada por la fuente anónima del articulista, apartándose de los estándares éticos y de veracidad que rigen la difusión de información de interés público y el periodismo riguroso y ético que es premisa en EL UNIVERSAL.
Refrendamos nuestro compromiso con los principios éticos de máxima transparencia y rendición de cuentas; estando siempre a disposición del escrutinio público, de la investigación periodística y de la revisión de las instancias competentes.