Regresa affaire Concanaco
Aunque el gobierno anterior intentó darle carpetazo al asunto, motivando una declaración casi festiva del principal involucrado, Enrique Solana Sentíes, el expresidente de Concanaco deberá regresar a la barandilla para responder cargos de supuesto fraude con recursos públicos.
Como se recordará, la manzana de la discordia se remite a “apoyos” por 159 millones de pesos otorgados por el Instituto Nacional del Emprendedor para compra de tabletas electrónicas.
En el marco está terciando la Auditoría Superior de la Federación, la cual colocó la lupa al asunto al revisar los informes de programas de apoyo a micro y pequeñas empresas en 2014 y 2016.
La conclusión podría salpicar al actual dirigente de la cúpula mercantil, José Manuel López Campos, quien era el tesorero de ésta cuando se habría cometido el presunto ilícito.
De pasadita, habría alguna rozadura al exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien conoció el expediente sin ejercer acción alguna. La historia está ligada a la lucha por la sucesión en la presidencia del organismo.
Obstinado en colocar como sucesor a un incondicional, Solana le cerró la puerta a la posibilidad de competir al presidente de la asociación civil Nueva Visión, Juan Carlos Pérez Góngora, quien buscó un amparo contra la medida.
En el marco, concedida una suspensión provisional, no pudo celebrarse la asamblea general ordinaria para el cambio de estafeta prevista para marzo del año pasado, prolongándose hasta octubre la gestión del exdirectivo.
En el fragor de la pelea, Pérez Góngora denunciaría el supuesto ilícito en cuyo marco se hablaba de que parte de los recursos públicos otorgados, concretamente 69 millones, se destinaron para comprar 18 mil tabletas electrónicas para micro y pequeños comerciantes cuyo costo real se habría inflado.
En la ruta se habló de la creación de empresa fantasma, en cuyo caso se exhibían
pruebas de domicilios falsos. Adicionalmente, Pérez Góngora hablaba en general de malos manejos de las cuotas, equivalentes a 15% de sus ingresos, que le otorgan las Cámaras de Comercio confederadas.
En su defensa, el organismo argumentó que en la asamblea celebrada el 31 de octubre del año pasado, con una concurrencia de 274 asambleístas, 50.89% del total se aprobaron los estados financieros de 2016 y 2017.
Sin embargo, se desechó una moción del detractor para que se realizara una auditoría.
Calificado de “manipulador y mentiroso”, además de reprocharle su pasado priista, la Concanaco atribuyó a un chantaje las denuncias de Pérez Góngora, en lo que parecía el punto final del affaire.
El problema es que era punto y seguido.
Balance general. Desdeñada por la inversión privada la exigencia de ofrecer internet gratuito en determinadas zonas públicas de cara a quienes obtuvieran una concesión para operar la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno tomó la estafeta.
El instrumento será una empresa estatal denominada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, quien tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio.
La firma apuntará sólo a la rentabilidad social, al carecer de objeto de lucro.
La intención, naturalmente, es atender los sitios recónditos del país en los cuales no llegan las redes.