El Universal

¿Cambio o continuida­d en la política de drogas?

- Por CATALINA PÉREZ CORREA Profesora Investigad­ora del CIDE. @cataperezc­orrea

El viernes pasado, durante la conferenci­a mañanera, se presentó la campaña para prevenir adicciones. Durante la presentaci­ón, el subsecreta­rio de Prevención y Promoción de la salud, Hugo-López-Ga tell habló de la implementa­ción de un modelo diferente al de gobiernos anteriores, que estaba basado enl acrimina liza ción. Criminaliz­ar lleva a estigmatiz­ar a los consumidor­es, explicaba. Ello lleva a la exclusión y al aislamient­o, y a mayor riesgo de que haya dependenci­a. El nuevo director de Conadic, Gady Zabicky, precisó con mayor énfasis: queremos “dar un giro de la criminaliz­ación y la mano dura hacia la libertad, la ciencia, el libre desarrollo de la personalid­ad”. Lo relevante, señalaba, es saber cuáles son las sustancias que generan problemas de salud, distinguir a los usuarios de los criminales y a quienes necesitan ayuda de los adultos usuarios responsabl­es.

El anuncio de un cambio en la política de drogas es una gran noticia. En administra­ciones pasadas, ésta ha estado basada en prejuicios yen la represión a través del aparato penal e incluso militar. Esto ha llevado a estigmatiz­ar a las personas que usan drogas, lo que las pone en riesgo. La política represiva ha permitido, además, que se les nieguen servicios de salud a los usuarios (o que se les someta a tratamient­os forzados que frecuentem­ente incluyen prácticas de tortura), que niños recién nacidos sean separados de sus madres (por ser usuarias) y que, cuando pertenecen a poblacione­s de escasos recursos, sean sistemátic­amente criminaliz­ados. Anualmente miles de personas son detenidas e incluso encarcelad­as por consumir sustancias ilícitas, a

pesar de no dañar a nadie.

La mayoría de las personas que usan drogas (legales o ilegales) no tienen problemas con el uso. La Organizaci­ón Mundial de la Salud, estima que sólo alrededor de 10% de las personas que consumen sustancias ilícitas son usuarios problemáti­cos. El otro 90% trabaja, cuida a sus hijos y hogares, paga impuestos y saca la basura, como cualquier otra persona. Desestigma­tizar permite que los servicios de salud se enfoquen en las personas que realmente necesitan tratamient­o y en evitar que los jóvenes usen drogas (uno de los puntos centrales de la campaña). Posibilita, además, entender y atender los factores sociales que generan dependenci­a o uso problemáti­co. Es entonces, una buena señal que se reconozcan y busque corregir los problemas del modelo hasta ahora vigente.

La visión de los especialis­tas gubernamen­tales contrasta, sin embargo, con la del Presidente López Obrador. En la presentaci­ón de la campaña, vinculó el tema del consumo con la insegurida­d, afirmando que los usuarios dependient­es delinquen para obtener las sustancias. Ese mismo día en la tarde, llamó abiertamen­te a discrimina­r a las personas que usan drogas: “Pero además de otra de las cosas que estamos haciendo es estigmatiz­ando todo lo que tiene que ver con las drogas, como estamos estigmatiz­ando la corrupción. … tiene que ser señalado, estigmatiz­ado, es decir, fuchi, guácala.”

El Presidente habla desde el prejuicio, reproducie­ndo el discurso de administra­ciones anteriores. La mayoría de los usuarios no delinquen. Si las drogas se vinculan con la insegurida­d es porque el Estado ha permitido el crecimient­o de mercados negros violentos y ha sido incapaz de regular las drogas. Ciertament­e, para algunas personas, el consumo se convierte en un problema y pueden tener problemas con la autoridad. Sin embargo, eso depende del tipo de sustancia, del entorno social, incluso de factores fisiológic­os. Generaliza­r y pedir el rechazo de las personas que usan drogas no representa un cambio, es reproducir el modelo fallido de siempre. Estigmatiz­ar y excluir no reduce el consumo, solo pone en riesgo vidas.

El abismo entre lo presentado por los funcionari­os de salud y los dichos del Presidente hacen dudar sobre las posibilida­des reales de cambio. Ojalá no suceda como en otros temas donde la postura del Presidente se impone sobre la de especialis­tas y sobre la evidencia.

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