Hebra que llevó a Rosario
Congeladas sus cuentas bancarias, perdida una batalla jurídica para evitar la injerencia directa de la Auditoria Superior de la Federación en la audiencia del próximo jueves en que se ventilarán los cargos en su contra, pareciera estrecharse el callejón en el que se ubica Rosario Robles
La mujer que resucitó políticamente el sexenio pasado de la mano del PRI, tras una accidentada salida del PRD que la había llevado a sustituir a Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de Gobierno, inició su Waterloo en marzo de 2017.
Durante la revisión de la Cuenta Pública del año anterior, la propia Auditoria Superior de la Federación ubicó lo que le parecía un hallazgo inaudito en materia de corrupción, que involucraba a funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, utilizando de parapeto a universidades públicas y empresas fantasma.
La orden fue abrir una auditoria especial de cumplimiento, en cuyo marco intervendrían 10 funcionarios de la instancia dependiente de la Cámara de Diputados, encabezados por la directora de la auditoria forense “A”, María Guadalupe Velarde Gallego.
El punto fino era ubicar si había constancias de que las tareas encomendadas a centros de educación superior se abrían cubierto, incluidos actas, minutas, informes o cualquier documento generado, es decir, reuniones de evaluación, seguimiento y vigilancia de desarrollo del proyecto.
La pesquisa generó pruebas de que las universidades públicas contratadas habían subcontratado a su vez la totalidad de los trabajos encomendados, lo que resulta contrario a la ley, la cual permite un máximo de 20% de tareas comprometidas por vía externa.
Ahora que la Sedesol y la Sedatu le habían pagado a las instancias académicas precios muy superiores a los que a su vez le habían otorgado éstas a las firmas subcontratadas.
En un primer hallazgo se ubicó una red que involucraba al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, a la Televisora de Hermosillo, en paralelo con las Universidades Politécnicas de Chiapas y Quintana Roo, además de las tecnológicas de Campeche, Nezahualcóyotl, del Sur del Estado de México y Autónoma de Zacatecas.
Las partidas de las que se extrajeron los recursos eran
la 4310: “Subsidios a la producción” y una más de “Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria”.
El punto fino es que ni siquiera se logró acreditar que se hubieran recibido los servicios pactados. Así, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chiapas, con un contrato pactado en 460 millones de pesos y uno más de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl de 15 millones 638 mil, En este caso se alegó la existencia de un convenio de terminación anticipada… que nunca fue exhibido.
Los supuestos servicios se acreditaron al ejercicio fiscal de 2014 sin justificación alguna. Tampoco se acreditó, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, que los servicios pactados en Radio y Televisión de Hidalgo fueran realizados.
Los contratos se adjudicaron de manera directa.
El primer ejercicio ubicó un quebranto patrimonial de 420 millones 311 mil pesos… que luego se multiplicaría por 10.
La Estafa Maestra.
Balance general. En la última y nos vamos, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, está tratando de abrir un frente de oposición al gobierno, con mira primaria en quitarle la mayoría en el Congreso a Morena, tras el naufragio de la posibilidad de un nuevo partido político que lideraba Margarita Zavala y hoy lo hace su marido, Felipe Calderón.
En la cruzada, como se ha venido publicando, se ubica un alfil del expresidente, quien fuera efímero secretario de Gobernación. Estamos hablando de Alejandro Poiré Romero, académico del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, donde da clases el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa.
Como usted sabe, el patronato de ésta lo encabeza el presidente del Fomento Económico Mexicano (FEMSA), José Antonio Fernández, quien hasta hoy no se ha pronunciado sobre el proyecto, sea para respaldarlo… o deslindarse.