La crisis heredada en el sector salud
En 2000, el 38.4% de la población no tenía acceso al sistema de salud en México. Para 2018, el porcentaje disminuyó a 16.2 %. A simple vista, este cambio parece un avance significativo. Lamentablemente, es uno de los casos en que los indicadores estadísticos ayudan a disfrazar la delicada y en ocasiones indignante situación que pacientes, doctores y empleados que forman parte del sistema de salud experimentan día con día.
El sistema de salud que heredó el nuevo gobierno se encuentra en una situación crítica. Más de la mitad de las y los mexicanos en 2017 declararon haber padecido deficiencias graves en su uso, lo que los orilló a acudir al sector privado. Estos inconvenientes van desde los largos tiempos de espera, desabasto de medicamentos y una disminución en la mejora de servicios e instalaciones, debida al bajo presupuesto que el sistema de salud había venido recibiendo.
En promedio, de acuerdo con mediciones de los institutos de salud, una persona que acudía al sistema público tenía que esperar 2.3 veces más para ser atendida que en el sistema privado. Cuando se habla de procedimientos más complejos, este tiempo se incrementa dramáticamente. Además, a pesar de los sobreprecios con los cuales eran adquiridos los medicamentos, se estima que 60% de las personas con padecimientos comunes, como diabetes e hipertensión, recibieron medicamento.
Para una familia que percibe un ingreso bajo, tener que pagar por un tratamiento de una enfermedad común, como diabetes, puede significar caer en pobreza. Se estima que si una familia debe pagar 60% de un tratamiento de diabetes, su ingreso anual caerá 48 mil pesos. Para la mayoría de la población es un gasto significativo
o impagable. A todo esto hay que sumarle que en el país aún hay 18 millones de personas que no cuentan con ningún tipo de acceso a algún sistema de salud.
No podemos seguir así, sin proteger a quienes menos tienen y enfocándonos en simplemente lograr que un porcentaje disminuya, sin entender lo que hay detrás. Por ello, el presidente AMLO ha anunciado una inversión de 40 mil millones de pesos para el sector salud, y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, con lo que se universalizará la atención médica y hospitalaria y se remplazará al ya insuficiente e ineficiente Seguro Popular.
El Seguro Popular fue fundado en 2003, como una política pública que buscaba brindar protección financiera a quienes carecen de seguridad social, garantizando su acceso a los servicios de salud. Desde su origen, separó a la población con derechos sociales definidos —“derechohabientes”—, de la sujeta a la acción asistencial del Estado —“población abierta”—. Los servicios, la calidad, el financiamiento y los proveedores han sido distintos para ambos segmentos y, por lo tanto, han presentado inequidades. Quienes acuden sólo pueden recibir atención para ciertos padecimientos, y medicamentos.
El Seguro Popular opera a través de la red de servicios estatales de salud heredados del proceso de descentralización de la década de los 90, estructuras desorganizadas e ineficientes. La gran heterogeneidad que caracteriza a los sistemas estatales ha sido un fuerte obstáculo para mejorar la calidad.
La creación del Instituto de Salud para el Bienestar implica que los servicios sean transferidos la Federación; con esto se podrá centralizar la administración para evitar los altos costos del sistema. Se darán los mismos servicios a personas aseguradas y no aseguradas; se eliminarán las distorsiones entre estados y se obtendrán cifras confiables de los resultados. La gente conservará la cobertura y se le dará continuidad al programa, sólo que de manera más controlada, más eficiente y con cobertura de toda la población.
Por años, pasó desapercibido el grado de descomposición y abandono en el que se encontraba el sector; quizá su situación sea más grave que la de la educación: corrupción en la compra de medicamentos, simulación en abastecimiento y en la atención a personas, desviación de recursos, hospitales y clínicas sin concluir, dejados como elefantes blancos, y personal desprotegido en sus más elementales derechos laborales.
El sector salud es el más vulnerable y el más necesario. Su rescate será una tarea titánica, pero esta administración ha comenzado con esa labor. No bastará con mejorar indicadores; el objetivo es que en México todos y todas tengan acceso a un sistema de calidad, que no varíe de acuerdo con las posibilidades económicas de cada uno.