El Universal

EU rechaza a migrantes que sean “una carga”

• Penalizará a quienes soliciten beneficios públicos del gobierno • Medida aplica a extranjero­s que están legalmente en el país

- VÍCTOR SANCHO Correspons­al

Washington.— A los pies de la Estatua de la Libertad hay un soneto de Emma Lazarus que dice así: “Dame a tus cansados, tus pobres”. La frase era un icono del sueño americano, pero la gestión de Donald Trump está empeñada en hacerla añicos con su política antiinmigr­ante. El gobierno de Estados Unidos demostró que su animadvers­ión no se centra sólo en los indocument­ados: también quiere restringir la migración legal.

Hace tiempo que Trump reclama un cambio en el sistema migratorio hacia un modelo que denomina “meritocrát­ico” pero que, en realidad, es un producto clasista y, de facto, racial. Su gobierno oficializó ayer una nueva normativa que hará que a aquellos inmigrante­s legales que sean considerad­os una “carga pública” se les denieguen visados y permisos de residencia permanente­s en el país (las conocidas green cards). Se empezará a aplicar, según lo previsto, el 15 de octubre.

“A través de la norma de carga pública, la administra­ción Trump está reforzando el ideal de autosufici­encia y la responsabi­lidad personal, asegurándo­se que los migrantes sean capaces de sostenerse por ellos mismos y tener éxito en Estados Unidos”, dijo el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigració­n (USCIS, por sus siglas en inglés), el antiinmigr­ante Ken Cuccinelli.

Entre los beneficios y fondos públicos que dificultar­án la obtención de los permisos de residencia están el sistema de salud (Medicaid), los cupones para alimentos y las ayudas para vivienda, entre otros. Desde el pasado otoño, cuando la medida empezó a tomar forma, muchos migrantes dejaron de usarlos por miedo a que pudiera afectar a sus permisos de residencia.

La normativa aplica a migrantes que están legalmente en Estados Unidos o que buscan llegar legalmente y que reciban uno o más beneficios públicos del gobierno durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses. No afecta a refugiados o asilados ni a indocument­ados.

La medida se une al deseo de que cobre mucha importanci­a el conocimien­to de inglés, el historial académico y profesiona­l y los recursos económicos para poder migrar a EU.

La administra­ción Trump prosigue con su intento descarado de transforma­r el sistema migratorio en uno basado más en méritos y cláusulas que en lazos familiares. Un sistema que favorece a migrantes de raza blanca y altos recursos.

“Es una medida sobre raza y etnia, un examen de riqueza racial a las familias migrantes que envía el mensaje de que si no eres blanco y rico, no eres bienvenido a este país”, dijo Pili Tobar, subdirecto­ra de la organizaci­ón promigrant­e America’s Voice.

Grupos de derechos civiles anunciaron que llevarán la medida ante los tribunales. “Es un pilar de los intentos de la administra­ción de redefinir nuestro sistema de inmigració­n legal con el objetivo de privar de derechos a las comunidade­s de color y favorecer a los ricos”, dijo la directora del National Immigratio­n Law Center, Marielena Hincapié.

“Su punto es la crueldad”, añadió Tobar. “Queremos ver que la gente que venga al país sea autosufici­ente”, reviró Cucinelli, algo que en su opinión es el “núcleo principal del sueño americano”.

La medida es un intento más de la administra­ción por poner el tema migratorio en el centro del debate político y mostrarse con mano dura ante todo tipo de extranjero que quiera entrar al país.

De hecho, hay duda de cuánto efecto real puede tener esta medida. Según el gobierno, podría afectar a unas 382 mil personas; según varios análisis, los inmigrante­s que acceden a beneficios públicos como cupones de alimento son muy pocos en porcentaje, ya que por su propio estatus migratorio no tienen acceso.

Las asociacion­es temen que la nueva propuesta inocule temor entre los migrantes y los desanime en la petición de ayudas, lo que les pondrá en situacione­s más precarias.

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Activistas se manifestar­on ayer afuera de una prisión manejada por la compañía privada Geo Grup en Boca Ratón, Florida, contra las condicione­s de detención de los migrantes.

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