¿Existe planeación socioeconómica rumbo a 2030?
En tiempos en los que el ejercicio de planeación y evaluación de política pública son más necesarios, son en los que vale la pena analizar en dónde estamos y lo que nos falta como país para alcanzar el objetivo al que queremos llegar.
Para ello revisaremos tres elementos de planeación: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible firmada en 2015, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) que entregó el Ejecutivo Federal en su versión articulada por objetivos, estrategias y metas (no en su versión de manifiesto político, ya que éste carece de mecanismos de medición), así como la medición de la pobreza 2008-2018.
La Agenda 2030 es un documento adoptado por 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, entre éstos México, que contiene los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuya finalidad es poner fin a la pobreza y reducir la desigualdad y la injusticia en un marco de adopción de políticas públicas atentas al cambio climático.
Ante este contexto, la anterior administración y la actual armonizaron la planeación estratégica para alinearla con los objetivos antes citados. El PND 2019-2024, como eje rector de la política pública en México presenta en sus tres ejes generales (justicia y Estado de derecho, bienestar y desarrollo económico), la alineación con la Agenda 2030.
El PND, en sus 204 objetivos, muestra la mayor alineación con el ODS 10 reducción de las desigualdades, el 16 paz, justicia e instituciones sólidas y el 17 alianzas para lograr objetivos. En contrasentido, los ODS 4 educación de calidad, 8 trabajo decente y desarrollo económico y 9 industria, innovación e infraestructura, son los que tienen la menor vinculación. En una primera lectura puede afirmarse que el PND prioriza la reducción de la desigualdad y es precisamente en esa tesitura, que el abatimiento de las brechas de desarrollo adquiere diferentes tonalidades.
En días recientes, el Coneval publicó los resultados de la medición de pobreza para 2018 y en retrospectiva, los presentó en un análisis respecto de 2008; es decir, una década del ejercicio de políticas públicas orientadas al abatimiento de la pobreza.
A escala nacional, México redujo la proporción de la población en pobreza pasando de 44.4% en 2008 a 41.9% en 2018; sin embargo, el número de pobres creció en 2.93 millones de habitantes. De hecho, las brechas de desigualdad se acentúan regionalmente al observar los resultados por estado. ¿Por qué razón? Este tema está ligado a la cantidad y calidad del empleo, a la inversión privada primero y a la pública después, donde ha venido imperando un ambiente de incertidumbre de las políticas públicas y volatilidad internacional.
Estados como Veracruz, Morelos, Campeche, Oaxaca, México, Chiapas y Tabasco retrocedieron en el combate a la pobreza; aportaron 3.39 millones de pobres entre 2008 y 2018. Por otro lado, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Durango, Coahuila, Michoacán, Jalisco y Querétaro han reducido significativamente su proporción de habitantes en pobreza.
En un México caracterizado por realidades, viendo el centro-norte, el sur y el sureste, es de atención prioritaria generar un conjunto de agendas que centren su foco de acción en el desarrollo estatal-regional. No como proyectos federales o nacionales que omitan las particularidades de cada zona específica, sino en una dinámica de diálogo con los actores del gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada y la sociedad en general, que perciben las problemáticas de sus comunidades. Estas agendas deben promover la consecución de objetivos basados en un proceso profundo de diagnóstico bajo una perspectiva regional, así como en una visión de corto, mediano y largo plazos con un carácter transexenal que permita aprovechar su conocimiento y experiencia.
Las agendas de desarrollo regionales que se generen deben estar alineadas con el PND y con la Agenda 2030, en un proyecto de largo plazo de país, orientándose al desarrollo de estrategias de mediano y largo plazos que potencien las capacidades de las regiones más desfavorecidas y atendiendo las necesidades de las zonas más desarrolladas del país.
La clave en la alineación de orden federal y estatal radica en la implementación de la metodología de evaluación al desempeño aplicada a los programas públicos estatales en su contribución con los objetivos de la Agenda 2030. Una verdadera intervención de políticas en combate contra la pobreza y la desigualdad no puede provenir únicamente a nivel federal, por lo que es prioritario medir los esfuerzos conjuntos en un mismo lenguaje. El objetivo final radica en alinear las estrategias puntuales del desarrollo, como la reducción de la pobreza o garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad para lograr una convergencia económica y de competitividad entre las distintas zonas del país.