Pese a críticas, diputados van contra factureros
• Comisiones de Hacienda y Justicia en la Cámara Baja alistan predictamen • Documento establece una sanción de 2 a 9 años de cárcel por simulación
A pesar de las voces que pedían detener su aprobación, sin hacerle una sola modificación, las comisiones de Hacienda y Justicia de la Cámara de Diputados tienen listo el predictamen para tipificar como delincuencia organizada la compra-venta de facturas falsas y la utilización de empresas fantasma, la cual se castigaría con prisión preventiva oficiosa.
A pesar de que el viernes todavía se desarrolló el parlamento abierto, donde juristas e integrantes de la iniciativa privada consideraron un “exceso” este dictamen y exigieron “frenar” su aprobación, las comisiones de Hacienda y Justicia ya distribuyeron el predictamen entre sus integrantes y se convocó para debatirlo, y en su caso aprobarlo, el próximo lunes en comisiones y el martes en el pleno de San Lázaro.
De acuerdo con una copia del predictamen en poder de EL UNIVERSAL, se establece que se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión al que, por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales (facturas) que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Además, será sancionado con las mismas penas al que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar un cargo o comisión públicos, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 de este código.
Este dictamen pretende modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Fiscal de la Federación, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Una de las modificaciones más importantes que hizo el Senado de último momento fue que la defraudación fiscal ameritará prisión preventiva oficiosa únicamente cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones.
Incluso cuando el valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados no supere dicho margen, el acusado podrá enfrentar el proceso penal en libertad, y en caso de demostrar su culpabilidad, tendrá una pena de dos años de prisión.
Otro punto polémico y por el cual los empresarios manifestaron su oposición es que en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se pretende incorporar los supuestos como la “omisión” o la “simulación” en el pago de impuestos como delincuencia organizada a discrecionalidad del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En consecuencia, se les aplicaría prisión preventiva oficiosa, congelaría sus cuentas, se les extinguirían sus bienes e incluso se podrían vender de manera anticipada.
En el dictamen positivo y que consideraron procedente ambas comisiones, explica que tiene como objetivos principales “el combate a las empresas fantasma, es decir, aquellas personas físicas y morales que facturan operaciones inexistentes, con el propósito de aplicar efectos fiscales de manera ilegal en beneficio de otros contribuyentes”.
“Asimismo, se pretende combatir esquemas de evasión a gran escala, como los de organizaciones que realizan simulaciones jurídicas tales como subcontrataciones ilegales o outsourcing ilegal. Finalmente, se realizan modificaciones pertinentes para fortalecer el combate al contrabando, en protección del libre y sano desarrollo del mercado”.
Además, describe que la minuta plantea considerar como amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, los cuales ameritarán prisión preventiva oficiosa, como son: el contrabando y su equiparable cuando sean calificados; la defraudación fiscal y su equiparable cuando sean calificados y el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, 7.8 millones de pesos.
Así como la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales superen la cantidad establecida en la fracción III del artículo citado.
“Estos delitos tienen una gravedad pronunciada, pues exceden montos multimillonarios y se cometen mediante un cierto grado de sofisticación, planeación y preparación. Por ende, son los delitos que más daño le generan a la hacienda pública”, describe el dictamen.
Iniciativa privada. El viernes, integrantes de la iniciativa privada y diversos juristas destacados pidieron a los diputados federales no aprobar la minuta con la que se castiga con prisión oficiosa la utilización de facturas falsas, pues la consideraron “excesiva”, una “atrocidad” y anunciaron que podrían presentarse acciones de inconstitucionalidad, por lo que pidieron no aprobarla “al vapor” y que se tome más tiempo para analizarla.
Consideraron que con esta minuta se generaría un régimen de excepción, no se atraería inversión; al contrario, muchas empresas podrían quebrar a partir de 2020.