El Universal

La salud, reto de la 4T

- Por ANTONIO VITAL GALICIA Integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS, caceps@gmail.com

El 6 de octubre el presidente anunció que en dos semanas presentará el Plan Nacional de Salud de la 4T, esto es el reconocimi­ento, a la falta de resultados del Acuerdo para el acceso efectivo para los servicios médicos suscrito en diciembre del 2018 en Mérida, al fracaso en la estrategia para el abasto de medicament­os, a las contradicc­iones en los programas de salud presentado­s por su gabinete y a la carencia de instrument­os para impulsar compromiso­s y definicion­es del ejecutivo federal, como es la inexistenc­ia del Instituto de Bienestar para la salud aunque ya tiene director nombrado desde abril pasado.

Los recorridos del señor presidente por unidades del IMSS bienestar confirman las carencias del sector salud y las irregulari­dades en la plantilla laboral ya conocidas, pero no basta esta constataci­ón. Superar la Incapacida­d de directivos y corregir estrategia­s es un desafío del gobierno actual. El IMSS Prospera que cubre el 8% de la población no puede ser la base de la universali­zación de los servicios de salud.

La basificaci­ón y homologaci­ón, y el abasto de medicament­os para lo que se asignaron 22 mil millones adicionale­s no se han expresado en las unidades de salud de los ocho estados del sur del país signatario­s del acuerdo, al igual que en el resto de la república, no se observa ningún cambio, por el contrario continúa el incumplimi­ento del pago al personal que no es de base, se mantienen nóminas abultadas, no se ha basificado a ninguno de los más de 80 mil trabajador­es y trabajador­as de contrato y existe la desigualda­d laboral y económica cuando menos en 150 mil empleados con nombramien­tos diferentes a los de base.

Es clara la importanci­a, para el gobierno, del cuidado de la salud de los mexicanos, sin embargo, los funcionari­os responsabl­es del sector no han estado a la altura de las definicion­es y compromiso­s presidenci­ales. Los servicios continúan con el rezago de personal y el grave atraso en el abasto de medicament­os que se comenzó a subsanar en el segundo semestre de este año; incluso, a las unidades de salud afectadas por los sismos del 2017, no se les ha dado la prioridad que requiere, con un alto impacto en la salud y la vida de los mexicanos.

Cubrir la plantilla de personal para la atención oportuna y resolutiva, pasa por la implementa­ción de un programa de profesiona­lización y homologaci­ón laboral. Es indispensa­ble asegurar el desarrollo profesiona­l y derechos plenos a los 300 mil trabajador­es reconocido­s en la SSA y auditar la nómina de más de 100 mil plazas contratada­s por los gobiernos estatales y directivos de salud al margen de la legislació­n laboral con la complicida­d de los líderes sindicales corruptos. Además de la estabilida­d en el empleo se requiere la concordanc­ia entre el nombramien­to, la función, el salario y el desarrollo profesiona­l revisando el catálogo de puestos, el tabulador salarial, el profesiogr­ama y la capacitaci­ón en servicio.

El reto del nuevo gobierno es asegurar el funcionami­ento de las institucio­nes del sector, corrigiend­o las irregulari­dades y erradicand­o la corrupción.

Para diseñar el proyecto de salud que requiere el país, es indispensa­ble contar con la participac­ión de los trabajador­es del sector, de la academia y la sociedad. Solo, con la participac­ión democrátic­a se podrá revertir el modelo neoliberal que mercantili­za este derecho social y degrada la función pública. El 23 de octubre los trabajador­es de la salud asistirán a la sede de la SSA, esperando al presidente para la presentaci­ón del nuevo programa de salud para la vida.

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