Perfiles cuestionados van por lugar en CJF
• Magistrados señalados por corrupción, entre los aspirantes • Figuran excandidatos a SCJN, exlegisladores y jueces estatales
Entre los 100 aspirantes a ocupar el cargo de consejera o consejero de la Judicatura Federal, hay quienes son magistrados de circuito y secretarios del consejo, algunos de ellos señalados por corrupción, nepotismo o relacionados con casos como el de Lydia Cacho, Napoleón Gómez Urrutia y Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI.
Además, hay exaspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como Loretta Ortiz y Eva Verónica de Gyvés Zárate, así como magistrados de tribunales electorales en los estados y exlegisladores.
Asimismo, están interesados algunos sujetos que se ampararon por la disminución de salarios en el Poder Judicial; por ejemplo, el ministro Juan Ramón Rodríguez Minaya, quien en 2018 concedió un amparo al entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por el presunto desvío de 85 millones de pesos.
El magistrado Alejandro Roldán Velázquez, acusado de nepotismo en el Poder Judicial de Morelos, así como de otorgar amparos por el delito de delincuencia organizada, según información de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, también está interesado en convertirse en consejero del CJF.
Otra que busca conseguir un lugar en la Judicatura Federal es Judith Sánchez Valle, propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto para suceder como magistrada a la actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, y quien al comparecer ante el Senado expresó que era candidata a la Corte porque “Dios así lo quiso”.
Además, ha sido amonestada por el CJF por favorecer a delincuentes como Osvaldo Sauceda Guerra, acusado por Estados Unidos de lavado de dinero.
Igual que José Miguel Trujillo Salceda, quien es investigado por el CJF por denuncias sobre peculado, desvío de recursos y cruce ilegal de dinero hacia Estados Unidos, denuncias conocidas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Trujillo Salceda concedió al senador y líder minero, Napoleón Gómez Urrutia (Morena), un amparo para regresar a México, tras su exilio en Canadá por las acusaciones que enfrentaba por la supuesta malversación de recursos de la agrupación sindical.
Contendientes estatales. Otro de los aspirantes, Adalberto Vences Baca, se desempeña como juez en Chihuahua y fue el único en darle el voto absolutorio al exsecretario del PRI, Alejandro Gutiérrez, al ser procesado por el delito de peculado agravado por el desvío de recursos, cuando éste fue acusado por la administración del panista Javier Corral.
Quien también aparece en la lista de los aspirantes al CJF es el magistrado de Nuevo León, Eduardo Alvarado Puente, vinculado recientemente con un incumplimiento de reparación de daño a raíz de una mala praxis en 2014. Esto, derivado de una sentencia por un caso de negligencia médica del hospital Christus Muguerza en Monterrey, de acuerdo con una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que está involucrado el consejero Alfonso Pérez Daza.
En 2012, el CJF comenzó una investigación contra Alvarado Puente, como consecuencia de un recurso de queja por considerar que se excedió en sus funciones, al pretender consignar penalmente al exalcalde Fernando Larrazabal (PAN) y a los exintegrantes del cabildo por desacato.
Puente fue objeto de una denuncia en 2003 cuando se desempeñaba como magistrado en Guadalajara, la cual le ocasionó una sanción con un apercibimiento privado por el pleno del Consejo de la Judicatura. Además, se le acusó de participar en el caso de las presuntas violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, por parte del gobernador de Puebla, Mario Marín.
Con pasado político. De igual forma, se ubica a la magistrada en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Carreón Castro, quien previo a esa designación ocupó el cargo de magistrada en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. En la lista de aspirantes también están las exdiputadas federales Sharon Cuenca (PVEM) y Claudia Sánchez (PAN).
Junto a estas figuras políticas se puede ver el nombre del magistrado de Chiapas, Arturo Cal y Mayor Nazar, tío del excandidato a gobernador de ese estado, Fernando Castellanos Cal y Mayor, amigo del senador Manuel Velasco; además de Jaime Miguel Castañeda Salas, quien fuera representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Aparecen también la priista Silvia Justina Castro Trenti, asesora del CJF en Mexicali y aspirante a la candidatura al gobierno estatal en 2018, hermana del exembajador Fernando Castro Trenti, y la consejera de la Judicatura en la capital, Blanca Estela Zamudio, quien participó en la presentación del libro Acceso de las Mujeres a la Justicia, del coordinador de Morena, Ricardo Monreal.
La Comisión de Justicia del Senado, de los 100 aspirantes, deberá elegir una terna, de la cual sólo dos ocuparán las vacantes para el CJF, a más tardar la segunda semana de noviembre, esto luego de que cada uno de los interesados comparezca ante el órgano legislativo.