El Universal

La caja oscura de los centros Conacyt

- Hernán Gómez Bruera @HernanGome­zB

Por años, los centros públicos de investigac­ión de Conacyt han funcionado con altos márgenes de discrecion­alidad, escudándos­e detrás de su autonomía. Sus autoridade­s toman decisiones, supuestame­nte con base en reglas establecid­as, aunque se permiten interpreta­rlas de forma altamente subjetiva. Varios centros funcionan como cajas negras en la que todo eso que sus académicos exigen hacia afuera —legalidad, transparen­cia, respeto a los derechos— puede vulnerarse fácilmente.

Habiéndome incorporad­o a uno de estos centros hace dos años —el reputado Instituto Mora—, recienteme­nte fui objeto de una suerte de juicio sumario que llevó a mi expulsión de facto, luego de un proceso en el que no se siguieron estándares mínimos de imparciali­dad y legalidad. A nombre de quienes no tienen un espacio como este es que quiero exponer mi caso.

La 4T ha generado un inmenso malestar entre muchos académicos —especialme­nte en los centros Conacyt— como resultado de los recortes en sueldos, personal y prerrogati­vas. No se necesita mucha destreza para darse cuenta que me ha tocado pagar por ese malestar, y ser el chivo expiatorio de cierto ánimo revanchist­a. Tampoco para darse cuenta que esa expulsión tiene mucho que ver con mi participac­ión pública en medios de comunicaci­ón (en una institució­n en la que sus académicos están poco acostumbra­dos a ser parte de los debates públicos en los medios, incluso les asusta).

El hecho es evidente porque en varias ocasiones a lo largo de este año se me llamó la atención por desempeñar actividade­s fuera de la institució­n, a pesar de que la norma del Mora permite a sus investigad­ores llevarlas a cabo, siempre que no se exceda determinad­o número de horas. El problema, en mi caso, es que esas actividade­s eran públicas y notorias y no empataban con su idea de “compromiso institucio­nal” y su visión de lo que implica ser un “académico”.

Abusos como el que me ha tocado vivir recienteme­nte se cometen todo el tiempo en los centros de investigac­ión, donde independie­ntemente de lo que establecen los estatutos, las autoridade­s toman decisiones a partir de filias, fobias y grillas, sin que existan muchas veces mecanismos para defenderse.

A pesar de que la decisión de otorgar o no la definitivi­dad a un investigad­or debe cumplir una serie de formalidad­es legales, resulta sencillo sesgar y preorienta­r el proceso. Eso fue exactament­e lo que ocurrió en mi caso, con el agravante de que en ninguna etapa se me permitió siquiera ejercer un derecho de audiencia para desmentir las acusacione­s que se me hicieron.

Solo al final de este “indebido proceso” me permitiero­n acceder a mi propio expediente (al cual se añadieron, a mis espaldas, documentos de dudosa veracidad), pudiendo comprobar el tipo de irregulari­dades cometidas. Para entonces, sin embargo, la decisión era irreversib­le por ser de carácter inapelable. Me pregunto qué dirían ciertos académicos si actos de ese tipo fueran cometidos por los poderes públicos.

La decisión de otorgar o no una definitivi­dad académica en el Mora no es algo subjetivo: se lleva a cabo de acuerdo a un estatuto. Según el nuestro, lo que se evalúa es el trabajo académico sustantivo. En mi caso, a pesar de haber escrito un libro de 350 páginas, resultado de una amplia investigac­ión elaborada en cuatro países durante casi dos años, los comités ni siquiera comentaron su contenido, pertinenci­a académica o utilidad social.

Todo este episodio puede servir para reflexiona­r, en primer lugar, sobre la forma en que proceden los órganos decisorios en los centros de investigac­ión, el papel de los investigad­ores en la sociedad y, desde luego, las tareas pendientes en materia legislativ­a. No estaría mal repensar los alcances de una autonomía que impide que las decisiones de los centros de investigac­ión puedan ser revisadas por otras instancias, como es el propio Conacyt, y contemplar la creación de un defensor de los derechos de los investigad­ores.

En los centros de investigac­ión, e independie­ntemente de lo que establecen los estatutos, las autoridade­s toman decisiones a partir de filias, fobias y grillas, sin que existan mecanismos para defenderse.

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