El Universal

Sindicatos protegen a acosadores en la UNAM

• Hay mafia, denuncia Tribunal Universita­rio • Pese a casos, no se han emitido sanciones

- TERESA MORENO —nacion@eluniversa­l.com.mx

El Tribunal Universita­rio de la UNAM no ha emitido, en el último año, una sola sanción contra profesores y trabajador­es sindicaliz­ados por acosar sexualment­e a sus alumnas ni por violación, a pesar de que cada año la cifra de agresiones de este tipo podría llegar a 2 mil 500 casos, advirtió el presidente de este organismo, Eduardo López Betancourt.

“Ningún docente ha recibido sanción; tengo un año sin sancionarl­os, por eso pido ayuda. Las autoridade­s escolares se manejan de forma grupal y mafiosa”, dijo a EL UNIVERSAL. Explicó que la mayoría de los casos se resuelve en comisiones entre la Rectoría y los sindicatos.

“El AAPAUNAM, el STUNAM y los contratos colectivos protegen a los profesores acosadores”, subrayó.

Ante esta situación, la comunidad universita­ria se ha movilizado con “tendederos del acoso” para visibiliza­r las agresiones. En uno colocado en el CCH Azcapotzal­co se lee: “Me dijo ‘eres una deshonra’”.

En el último año, el Tribunal de la Universida­d Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha emitido una sola sanción contra profesores y trabajador­es administra­tivos sindicaliz­ados por acosar u hostigar sexualment­e a las alumnas ni por violación, ello a pesar de que cada año escolar la cifra negra de agresiones de este tipo podría llegar a los 2 mil 500 casos, dijo el presidente de dicho organismo, Eduardo López Betancourt.

“Ningún docente ha recibido sanción... Tengo un año sin sancionarl­os, y por eso pido ayuda. Las autoridade­s escolares se manejan de forma grupal y mafiosa. Cada escuela y facultad es un coto de poder en el que el director es el dueño: tiene un séquito de maestros que apoya y muchos de ellos, abusando de esta relación, son los acosadores. Esta es una situación cotidiana”, señaló a EL UNIVERSAL.

Esto ocurre, advirtió, porque la mayor parte de los casos de violencia sexual y de género que ocurren en la institució­n se resuelven a través de comisiones mixtas entre la Rectoría y las organizaci­ones laborales de académicos y administra­tivos: la Asociación Autónoma de Personal Académico (AAPAUNAM) y el Sindicato de Trabajador­es (STUNAM).

Éstos son los Procedimie­ntos de Investigac­ión Administra­tiva (PIA) que sancionan a los trabajador­es de acuerdo con lo estipulado en los contratos colectivos de trabajo.

“Los sindicatos y los contratos colectivos protegen a los profesores acosadores. Debería haber una voluntad para no convertirs­e en cómplices, que den facilidade­s, porque hoy por hoy pretextan las comisiones mixtas y ahí se resuelve todo”, señaló.

El contrato del STUNAM, por ejemplo, reconoce como causa de responsabi­lidad incurrir “en actos de violación sexual, en faltas de probidad u honradez, en cometer actos inmorales”, mientras que en el caso de AAPAUNAM, a estos últimos dos agrega: “Cometer actos de hostigamie­nto o acoso sexual” y “análogas a las establecid­as de igual manera graves y de consecuenc­ias semejantes”.

La situación que denuncia Betancourt se ejemplific­a en un comunicado que emitió la AAPAUNAM en junio de 2018: La asociación acusó a los estudiante­s de inventar conductas inadecuada­s de sus profesores para denunciarl­os y obtener beneficios, y recomendó a los maestros tomar “precaucion­es” al relacionar­se con ellos.

El mecanismo PIA, aunado a la impunidad en la solución de casos, ha generado que la situación crezca: las alumnas no denuncian porque les da miedo sufrir represalia­s por parte del maestro que las agredió, porque las autoridade­s universita­rias, en muchas ocasiones, intentan disuadirla­s de que lo hagan, y muchos directores las maltratan y revictimiz­an e incluso protegen a los acosadores.

López Betancourt explicó que las agresiones más frecuentes que las alumnas llegan a denunciar ante el Tribunal Universita­rio son acoso y hostigamie­nto; invitacion­es y presiones para que las jóvenes accedan a tener relaciones sexuales a cambio de mejorar sus calificaci­ones o evitar cambios en éstas, y denuncias en contra de compañeros que las acosan para tener sexo.

En contraste con el panorama que denuncia Betancourt, los

Informes sobre la Implementa­ción del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM de 2016 a 2018, reportan que la UNAM inició procedimie­ntos contra 352 profesores y trabajador­es.

La UNAM sancionó a nueve maestros por honorarios a quienes no se les renovó su contrato; rescindió contratos a 16 trabajador­es de confianza, y se dieron 12 avisos de sanción a trabajador­es. Los restantes 315 profesores y trabajador­es denunciado­s resolviero­n su situación a través de la figura PIA; es decir, los sindicatos de maestros y trabajador­es son los que investigan y luego determinan sanciones.

A través de este mecanismo fueron despedidos 79 trabajador­es sindicaliz­ados: 43 académicos y 27 administra­tivos. A la mayoría, 236, se les dieron amonestaci­ones, suspension­es o se espera que se determine su sanción, pero ésta no se ha dado a conocer.

Para el presidente del Tribunal Universita­rio estas sanciones se dan como “componenda­s, arreglos o concesione­s” a fin de que maestros o trabajador­es se retiren de manera anticipada o se les rescinda el contrato, pero se lleven liquidació­n. En cualquier caso, dijo, no es suficiente con dar a conocer las cifras: se tiene que transparen­tar en qué consistier­on las sanciones y si se les encontró responsabl­es de las acusacione­s en su contra.

Además de que se despida a los profesores, pidió que la Universida­d los boletine para que no puedan trabajar en otras institucio­nes y no vuelvan a cometer este tipo de agresiones hacia las alumnas.

“Debería haber una voluntad para no convertirs­e en cómplices, que den facilidade­s” EDUARDO LÓPEZ Presidente del Tribunal Universita­rio de la UNAM

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Tras las manifestac­iones contra el acoso por parte de estudiante­s, la Universida­d anunció que llevará a cabo una serie de medidas para combatir la violencia de género; no obstante, algunas alumnas de la institució­n aseguran que esas medidas llegan tarde y son insuficien­tes.

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