Sufren corrupción, pero no denuncian
• Para 56.7% de población es un delito grave: Inegi • BC y Tabasco, donde menos se levantan cargos
Un aspecto importante en el combate a la corrupción es la denuncia; sin embargo, 82.6% de la población en México que sufrió algún acto de corrupción no acusó el delito, informó el Inegi.
Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, a celebrarse el próximo 9 de diciembre, detalló que las entidades que presentaron las mayores tasas de víctimas que no presentaron denuncia fueron Baja California, con 97.8%; Tabasco, con 96.2%, y Jalisco, con 93.7%.
Por el contrario, entre los estados que reportaron los menores niveles se encuentran Quintana Roo (61.3%), Colima (69.6%) y Michoacán (73.2%), de acuerdo con los resultados más recientes de la
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017.
Los principales motivos de la población para no denunciar se relacionan con la falta de confianza en las autoridades para atender el caso. Casi tres de cada 10 víctimas no procedieron porque obtuvieron algún beneficio o bien, porque consideraron que el cohecho es común.
La corrupción es un problema que afecta a organizaciones públicas y privadas, y se define como el abuso de la posición jerárquica para obtener beneficios de manera ilegítima. Además, se caracteriza por ser un fenómeno multidimensional, que se realiza en secrecía, involucra a varios actores y tiene orígenes e impactos políticos, sociales, culturales y económicos, explicó el instituto.
En México, 56.7% de población adulta considera que la corrupción es una de las dificultades más importantes que enfrenta la entidad donde reside, sólo por detrás de la inseguridad y delincuencia.
Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 hace explícito como objetivo central el erradicar la corrupción del sector público como elemento clave para el desarrollo.
Para tal efecto, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y la Mejora de la Gestión Pública propone atender las causas y efectos del fenómeno, la promoción de la eficiencia y eficacia de la administración, la profesionalización y el uso eficiente de los recursos humanos, así como del uso eficiente y responsable de los bienes del Estado.