Manuel Añorve
El martes 10 de diciembre, se cumplirá el LXXI aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suceso que marcó un parteaguas dentro de la memoria histórica mundial, al ser un instrumento signado por representantes de gran parte de las regiones del mundo, al tiempo de que logró unificar el ideal en favor del reconocimiento y protección de los derechos humanos.
Este documento de 30 artículos, inspirado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, consagra el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que, tanto las personas como las instituciones, promuevan el respeto a los derechos y libertades fundamentales, además de implementar las medidas para asegurar su reconocimiento y su aplicación universal y efectiva.
Ahora bien, desde 1950, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió mediante una resolución invitar a todos los Estados miembros y organizaciones interesadas a considerar el 10 de diciembre de cada año como el Día de los Derechos Humanos. Conmemoración que nos insta a reflexionar sobre la situación que se vive en la materia, con el objetivo de transitar hacia su empoderamiento en favor de un escenario de paz, justicia, bienestar y progreso social.
Es importante reconocer que en el campo del derecho, nuestro país ha dado importantes pasos durante los últimos años en la construcción del andamiaje jurídico e institucional, entregando más elementos al sistema de promoción, protección y respeto de los derechos humanos; destacando las reformas constitucionales de junio de 2011 que, en ocho años de vigencia, arrojaron un sustancial cambio de paradigma en la forma en que el Estado Mexicano actúa en pro de los derechos fundamentales al actualizarse, fortalecerse y perfeccionarse.
Muestra de ello es que la creación de Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero ganó mayor terreno en su papel como mecanismo de control constitucional. Así como la incorporación del principio pro personae como eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, y la modificación integral en el reconocimiento de la progresividad que rige a los derechos humanos con mayores obligaciones para las autoridades.
Mientras tanto, en el aparato institucional, destaca la creación en 1990 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se constituyó como un organismo especializado en la protección y defensa de los derechos de las y los mexicanos, donde un pilar fundamental, imprescindible e imprescriptible es su autonomía.
Por tal motivo, en un panorama complejo, marcado por sucesos cuestionables en las decisiones implementadas por el gobierno federal, no debe perderse de vista que el compromiso del Estado Mexicano con la garantía, protección, respeto y promoción de los derechos humanos debe ser guiado bajo el sendero del constante perfeccionamiento, atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Y también, guarda una esencial importancia el fortalecimiento del organismo encargado por antonomasia de la defensa y protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como estatal, donde debe mantenerse el sello de la certeza, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, máxima transparencia y plena autonomía, pues los retos que se presentan no son menores.