Alejandra Barrales
México sigue siendo un lugar en el que las niñas, adolescentes y mujeres tienen que pelear para que se les crea cuando dicen temer por su vida, para que en el sistema judicial se les reconozca como sujetos de derechos.
Una evidencia es el reciente feminicidio de Abril Pérez Sagaón, quien el 7 de noviembre pasado, cuando su marido fue dejado en libertad tras haberla agredido brutalmente con un bate de beisbol mientras dormía, clamó ante un juez “temo por mi vida”; pero su voz no tuvo eco, no logró la empatía del administrador de justicia y 18 días después le fue arrebatada la vida.
Abril regresó el 25 de noviembre a la Ciudad de México para la realización de una prueba psicológica, debido a que había solicitado la revisión de la decisión del juez. Iba rumbo al aeropuerto para regresar a Monterrey, donde vivía desde que huyó de su marido Juan Carlos García cuando, frente a sus dos hijos menores de edad que viajaban en el asiento trasero, recibió dos tiros, uno en la cabeza y otro en el cuello, que fueron realizados desde una motocicleta en movimiento, presumiblemente por un tirador profesional.
Juan Carlos, hermano de Abril, afirma, “mi hermana había sufrido durante toda su vida de casada un constante acoso y una violencia que fue escalando año con año y me consta”.
La cadena de errores jurídicos y periciales que permitieron le fuera arrebatada la vida a una mujer que durante toda su vida de casada fue víctima de violencia familiar, evidenciaron que en la administración de justicia la aplicación de la perspectiva de género sigue siendo letra muerta, pese a que constitucionalmente es una obligación.
En las resoluciones de los impartidores de justicia prevalecen estereotipos y prejuicios como el que la violencia familiar es un asunto de lo privado y que los agresores no tienen la intención de matar.
De acuerdo con el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en alrededor del 70 por ciento de los feminicidios, la víctima tuvo o tenía una relación de cónyuge o de cercanía con su victimario.
Abril decidió recorrer el difícil camino de la justicia para que su caso se tipificara como feminicidio en grado de tentativa, pero el delito fue reclasificado.
Es una decisión judicial que evidencia las deficiencias del sistema de justicia penal que impide garantizar a las mujeres víctimas de violencia su derecho de acceso a la justicia. También habla de la ausencia de medidas eficaces y ejemplares para frenar la violencia y proteger a las víctimas de sus agresores.
Abril, como muchas mujeres anónimas sí dejó a su agresor, solicitó el divorcio, lo denunció y confió en las autoridades para salvaguardar su vida y la de sus hijos, sin embargo, faltó la empatía y capacitación para juzgar con perspectiva de género.
Es una realidad que la mujer que dice “no” a la violencia y rompe ese ciclo, muchas veces paga con su vida; por ello erradicar la violencia en contra de las mujeres no es tarea de unos cuantos, sino que nos involucra a todas y todos.
Nuestra tarea es actuar ante la situación de emergencia en la que se encuentran las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país, reforzar las políticas públicas encaminadas a la protección de sus derechos.
La violencia es cotidiana, se vive dentro de la familia y la situación se agrava. Urgen políticas públicas efectivas para garantizar que estos crímenes sean sancionados y que nunca más se repitan.
La perspectiva de género ya está en los discursos de quienes encabezan el poder judicial, pero resulta insuficiente, porque el Estado debe ser garante de que juezas y jueces apliquen los protocolos que se han diseñado para la impartición y aplicación de la justicia con lentes de género. Abril confío en las autoridades y eso le costó la vida. ¿Hasta cuándo?