Razones para recusar
Como ha sido de dominio público, EL UNIVERSAL mantiene desde 2018 un pleito legal por la publicación de un reportaje que reveló parte del patrimonio del entonces aspirante presidencial panista Ricardo Anaya. Con el tiempo, el tema escaló al último escaño del Poder Judicial: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los ministros, en dos ocasiones ya, han favorecido la posición de nuestro diario en pro de la libertad de expresión.
Sin embargo, el ministro ponente del caso, Luis María Aguilar Morales, se ha empecinado en seguir proponiendo a sus pares proyectos de sentencia que de una forma u otra atentan contra los medios de comunicación que se atreven a revelar información que los políticos no quieren hacer pública. El jueves pasado lo hizo de nuevo, sin considerar que el resto de sus compañeros había votado en contra de su última posición. Lleva tres propuestas en el mismo sentido y cada vez más agresivas.
Hay una razón para esta insistencia: EL UNIVERSAL publicó en abril del año pasado un informe del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en el cual la institución expuso que durante la administración de Aguilar Morales se autorizó la construcción de un Centro de Justicia Penal Federal que pone en riesgo de demanda al CJF por gastos no recuperables.
Como ha sido de dominio público, EL UNIVERSAL mantiene desde 2018 un pleito legal por la publicación de un reportaje que reveló parte del patrimonio del entonces aspirante presidencial panista Ricardo Anaya. Con el tiempo, el tema escaló al último escaño del Poder Judicial: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los ministros, en dos ocasiones ya, han favorecido la posición de nuestro diario a favor de la libertad de expresión.
Sin embargo, el ministro ponente del caso, Luis María Aguilar Morales, se ha empecinado en seguir proponiendo a sus pares proyectos de sentencia que de una forma u otra atentan contra los medios de comunicación que se atreven a revelar información que los políticos no quieren hacer pública. El jueves pasado lo hizo de nuevo, sin considerar que el resto de sus compañeros había votado en contra de su última posición. Lleva tres propuestas en el mismo sentido y cada vez más agresivas.
Hay una razón para esta insistencia: EL UNIVERSAL publicó en abril del año pasado un informe del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en el cual la institución expuso que durante la administración de Aguilar Morales se autorizó la construcción de un Centro de Justicia Penal Federal que pone en riesgo de demanda al CJF por gastos no recuperables. De acuerdo con el propio análisis del Consejo, el organismo no cuenta con recursos para continuar con los compromisos de obra pública que suscribió durante la gestión del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que quedaron obras inconclusas; esto, a pesar de que en ese mismo año el CJF tuvo un subejercicio de casi 5 mil 500 millones de pesos en su presupuesto.
En la actual administración del Poder Judicial se ha emprendido una cruzada en contra de este tipo de dispendios, irregularidades y abusos, que alejan a los juzgadores del bien común al que, también, se deben. A partir de esa nueva orientación que busca la relegitimación de uno de los pilares del Estado mexicano, es indispensable que uno de sus miembros no tenga manga ancha, de forma sistemática, para verter sus animadversiones ni afinidades personales en la determinación de temas que —al final— tendrán un impacto significativo en vida democrática.
Es por esta razón que esta casa editorial ha hecho una solicitud formal a la Suprema Corte para la recusación de Aguilar Morales (su reemplazo como ministro ponente), debido a que ha elaborado diferentes proyectos de sentencia en el mismo sentido pese a que sus pares han rechazado sus propuestas. Cada uno de los tres proyectos observa la decisión, sistemática, de resolver en contra de la libertad de prensa, como también en otros textos lo ha hecho el ministro Alberto Pérez Dayán.
Estimamos que la decisión del ministro Aguilar Morales no es interpretar la Constitución en función de un caso concreto, sino afectar a un medio de comunicación que publicó información acerca de su gestión al frente de la Corte.
Como parte de su proyecto, el ponente desestima que el derecho de réplica y el juicio de réplica no son para que los jueces determinen qué realidad creen falsa o inexacta, sino para que se garantice el derecho del aludido a que su versión sea incluida, lo cual ya ocurrió. Así lo afirmó el propio pleno de la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 122/2015, y sus acumulados 124/2015 y 125/2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 24 de abril 2018: “La naturaleza del derecho de réplica no es encontrar la verdad sobre la información publicada. Es decir, en ningún momento hay una decisión final sobre quién tiene la razón en cuanto a la veracidad de la información. Más bien cumple la función de difundir una versión distinta de cierta información para que esté a disposición de los receptores y para que tengan mayores elementos para formarse una opinión al respecto.”
El derecho de réplica es, en síntesis, la oportunidad que otorga la Constitución a la sociedad, de que escuche, del aludido, una segunda versión de los hechos; cualquier uso diferente implica el uso abusivo de ambos, el derecho de réplica y el medio informativo. No es una oportunidad para que el aludido alegue, agreda ni manipule subrepticiamente este derecho para fines personales. La Constitución no permite que las opiniones periodísticas estén sujetas a réplica porque sería un ataque frontal al periodismo, la libertad de expresión y la democracia. Nuestra Corte Suprema ha protegido estos principios de manera ejemplar, por lo que los tres proyectos de sentencia del ministro Aguilar Morales resultan aún más incomprensibles.
Durante la sesión del pleno, del 19 de noviembre de 2019, con excepción del ponente, todos los ministros se pronunciaron en contra del proyecto. Sin embargo, en su tercer proyecto Aguilar Morales insiste en intervenir en la edición de la réplica —a pesar de que en el juicio ya quedó claro que la información publicada por EL UNIVERSAL no es falsa— para incluirle hechos distintos a lo que el medio de comunicación publicó. Si se permite que este proyecto prospere, implicará que los políticos usen el derecho de réplica para convertirlo en una plataforma de propaganda personal o partidista y en un elemento para socavar el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
Más allá del interés que este medio de comunicación tiene por hacer prevalecer su versión de los hechos, es evidente que el ministro Aguilar Morales busca, bajo las limitaciones de su motivación personal, afectar a un ente privado sin consideración de que, en el camino, se abre la puerta a dinamitar cualquier crítica al poder político, escenario que en nada favorecería a la democracia.