CRECEN FEMINICIDIOS EN NUEVO LEÓN
Durante 2019, la entidad ocupó el cuarto lugar a nivel nacional, pero Monterrey fue el municipio del país donde se reportaron más casos al registrar 19
Apesar de la indignación y los reclamos por la violencia contra las mujeres, en Nuevo León es un problema que ha repuntado en los últimos dos años, pese a que el estado tiene reformas para endurecer las penas y desde 2017 cuenta con una Alerta de Género para cinco municipios (Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey).
La entidad reportó que de enero a diciembre de 2019 se habían registrado 103 homicidios contra mujeres, de los cuales 67 fueron tipificados como feminicidios; un año antes se registraron 93 asesinatos, de los cuales 79 fueron tipificados, mientras que en 2017 el reporte fue de 43, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Según el reporte, Nuevo León cerró 2019 en cuarto lugar de las entidades con más casos de feminicidios, tan sólo por debajo de Veracruz (157), Estado de México (122) y Ciudad de México (68). Sin embargo, Monterrey se ubicó como el municipio del país con más casos, al registrar 19, con una tasa de incidencia (por cada 100 mil habitantes) de 3.35.
El 28 de mayo de 2013, el Congreso estatal aprobó por unanimidad tipificar el delito de feminicidio.
El 5 de mayo de 2017 se elevaron de tres a siete las condicionantes para que el asesinato de una mujer fuera clasificado como feminicidio y se agravaron las penas, de 25 a 40 años de prisión a una condena de 40 a 60 años.
Ante la elevada incidencia de casos y que sólo unos cuantos se catalogaron como feminicidios, el 1 de agosto de 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación contra la Fiscalía General de Justicia del Estado por considerar que durante 2017 dictaminó de manera errónea feminicidios como homicidios dolosos y demandó que se pusiera en práctica el protocolo para que todas las muertes violentas de mujeres se investigaran con perspectiva de género.
Delitos de origen
Al respecto, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso local, Karina Barrón Perales, y la directora de la agrupación Venumia —enfocada desde 2008 en apoyar a mujeres en situación de violencia—, Rosaura Guerra Guajardo, coincidieron en que antes de que se llegue a estos delitos de alto impacto hay otros ilícitos que, al no atenderse de manera adecuada, actúan como caldo de cultivo para que la violencia escale.
Según el SESNSP, en 2019, un total de 2 mil 029 mujeres nuevoleonesas fueron víctimas de lesiones dolosas y se reportaron 3 mil 152 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer.
Además, 5 mil 347 llamadas relacionadas con abuso sexual que se realizaron en el país, Nuevo León ocupó el primer lugar con mil 079, seguido por Chihuahua con 622 y Sonora con 608.
En llamadas relacionadas con violencia familiar, de las 718 mil 019 que hubo en el país, la Ciudad de México tuvo 85 mil 654; seguida de Nuevo León con 73 mil 114 y Guanajuato con 70 mil 387 llamadas.
Sumado a esto, la legisladora Karina Barrón Perales señaló que hay falta de coordinación del gobierno del estado con los municipios para llevar a cabo
acciones concretas que frenen la violencia contra las mujeres. Indicó que hay deficiente capacitación en jueces, magistrados, fiscales y policías y esto ocasiona errores desde la integración de las carpetas de investigación hasta la culminación de los juicios y permite que los agresores anden sueltos.
Los argumentos de Barrón Perales se reflejan en datos de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, pues sólo en 43 de los 194 feminicidios registrados en los últimos 7 años -desde que se tipificó el delito- hay un sólo sentenciado, 51 están judicializados y 100 están en investigación, pero no se ha llevado al presunto responsable ante un juez.
“Para contribuir a una solución, el año anterior se presentó una iniciativa para la creación de refugios; porque si hay una mujer que quiera denunciar una situación de violencia, no tiene dónde protegerse y puede verse obligada a permanecer con su agresor”.
La iniciativa que se aprobó, expuso, contempla una partida de 30 millones de pesos en el presupuesto estatal de 2020 y ya existen proyectos presentados por varios municipios, entre ellos Guadalupe y Monterrey.
La diputada local adelantó que en marzo próximo se firmará el convenio entre Congreso, Gobierno del estado y los municipios, a fin de iniciar la construcción o habilitación del primer refugio para mujeres con capacidad para mil personas, el cual estaría en Monterrey, aunque todavía se analiza si se divide en dos proyectos, para ubicarlos en las zonas de más incidencia.
“A diferencia de otros centros de atención, ahí las mujeres tendrán alojamiento y alimentación para ellas y sus hijos, tratamiento médico, apoyo sicológico y legal, pero lo más importante e que tendrán seguridad y acompañamiento, con la confianza de que si algún día van a regresar a su casa sea porque el agresor ya está en prisión”, explicó.
A su vez, la activista Rosaura Guerra Guajardo aseguró que el fenómeno se presenta en cualquier estrato social y denunció que el tráfico de influencias de empresarios, políticos y otras figuras de autoridad, permite que jueces sin ética y sensibilidad dejen en la indefensión a mujeres y sus hijos.
“No estamos luchando sólo contra la otra parte, sino contra la misma autoridad que debe impartir justicia”, afirmó la directora de Venumia.
Guerra Guajardo consideró que las agresiones parecen ir en aumento en la medida que las mujeres reclaman más alto el respeto a sus derechos; “esta exigencia se toma como una provocación, poniéndose en la disyuntiva de escoger entre sometimiento o atenerse a las consecuencias”.
Casos de impacto
La sociedad nuevoleonesa se ha visto impactada por diferentes casos, uno de los mas recientes es el de Connie Janeth Beltrán, una joven mujer asesinada el 28 de agosto de 2019 y que según su familia denunció 15 veces agresiones o amenazas de su pareja, Ángel Ávalos, antes de que fuera ultimada a golpes y estrangulada en su domicilio de la colonia Real de Palmas, en el municipio de General Zuazua.
El sujeto huyó con la hija de ambos —de sólo 4 años de edad—, quien fue rescatada a salvo, mientras el presunto feminicida fue detenido.
Mientras un sentimiento de miedo, rabia e impotencia agobian a la población por crímenes de este tipo, autoridades y políticos han mostrado poca empatía y compromiso para entender y atender la emergencia.
El pasado mes de octubre, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, al ser cuestionado sobre el elevado número de homicidios de mujeres respondió: “hablan de feminicidios y no hablamos de hombricidios, como si se viera normal que un hombre que comete un delito sea asesinado”.
Además, continuó, había muchos casos de asesinatos de mujeres “porque se están dedicando a la venta de drogas, se han metido al tema del narcomenudeo”.
Ya en 2017 el gobernador de Nuevo León y otros funcionarios de su gabinete tuvieron que tomar un taller impartido por la CEDH sobre lenguaje incluyente y no sexista.
Este ordenamiento se emitió luego de que el mandatario utilizara expresiones como “a las gorditas nadie las quiere” y comentara que quizá las mujeres reportadas como desaparecidas “se fueron con el novio”.
“Hay deficiente capacitación en jueces, magistrados, fiscales y policías y esto ocasiona errores desde la integración de las carpetas de investigación hasta la culminación de juicios”
KARINA BARRÓN
Diputada local
“El tráfico de influencias de empresarios, políticos y otras figuras de autoridad permite que jueces sin ética y sensibilidad dejen en la indefensión a mujeres y sus hijos”
ROSAURA GUERRA
Activista
“En 2019, un total de 2 mil 29 mujeres nuevoleonesas fueron víctimas de lesiones dolosas y se reportaron 3 mil 152 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer”
SESNSP