Padecen universidades ataques a su autonomía
• En tres años, 10 instituciones han sufrido intentos de intervención por parte de congresos y gobiernos locales
Entre 2017 y 2020, la Universidad Nacional Autónoma de México y al menos nueve universidades estatales han registrado intentos de gobiernos y congresos por intervenir en su vida interna, mediante acciones que buscan modificar sus leyes orgánicas sin consultar a las comunidades universitarias.
La injerencia ha buscado cambiar los mecanismos para elegir a sus autoridades, como el rector y los directores, o ha intentado establecer órganos de control interno que respondan a los congresos locales para fiscalizar a los centros educativos, a pesar de que éstos presentan sus informes anuales de transparencia sobre el uso de recursos públicos ante la Cámara de Diputados.
En cinco casos, las iniciativas han sido respaldadas o fueron presentadas por Morena. Se trata de las universidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Nayarit, Sinaloa y Veracruz.
Entre 2017 y 2020 se han detectado intentos de injerencia en nueve universidades autónomas estatales, además de la UNAM, por parte de los congresos o de los gobiernos locales. Las acciones han buscado modificar las leyes orgánicas de las instituciones sin consultar a sus propias comunidades, por ejemplo, para cambiar los mecanismos para elegir a sus autoridades, como el rector y los directores.
También se ha buscado establecer órganos de control interno que respondan a los congresos locales para fiscalizar a los centros educativos, a pesar de que éstos presentan sus informes anuales de transparencia sobre el uso de los recursos públicos ante la Cámara de Diputados.
En cinco casos, las iniciativas han estado respaldadas o fueron presentadas por Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de las universidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Nayarit, Sinaloa y Veracruz.
El caso más reciente fue el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): en una iniciativa que se agendó para su discusión el pasado 18 de febrero, el diputado morenista Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca propuso “democratizar” el gobierno de la institución a través de reformas a su ley orgánica.
Ese objetivo se alcanzaría, de acuerdo con el legislador, al cambiar el método de designación del rector y los directores de facultades, institutos y centros de investigación, así como las atribuciones de la Junta de Gobierno y los mecanismos para que esta designe a las autoridades universitarias.
Especialistas y rectores consultados por EL UNIVERSAL consideraron que sí existe un riesgo, además de intentos de congresos estatales y gobiernos locales de vulnerar la autonomía de las universidades bajo argumentos relacionados con la necesidad de mejorar su funcionamiento.
Explicaron que estas acciones pudieran estar relacionados con la percepción de que es necesario aclarar el uso del dinero por parte de los planteles, principalmente a partir del escándalo generado por el esquema utilizado en la Estafa maestra, en el que universidades se prestaban para la triangulación y desvío de recursos.
Jorge Ignacio Peña González, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), señaló que estos centros de educación tienen la intención de transparentar sus finanzas, así como tener leyes orgánicas modernas, inclusivas y de avanzada.
Luego de que el Legislativo estatal aprobó reformas a la ley orgánica de la UAN para interferir en el método de elección del rector y en la administración de sus finanzas, lamentó que la única opción que ha planteado el congreso es que la universidad interponga un amparo en contra de estas reformas.
“Existe la percepción de que no son hechos aislados y esa es nuestra gran preocupación: que se pudiera estar atentando contra la autonomía de las instituciones. Piensan que queremos mantenerla para no rendir cuentas, pero no está peleada una cosa con la otra.
“Sería importante que el gobierno federal tenga una postura muy clara en este tema para quitarnos las dudas de si hay una estrategia para disminuir la autonomía de las casas de estudios”, explicó.
Por ejemplo, se detectó que las intromisiones externas se han derivado de acciones individuales o de grupos que persiguen intereses particulares. Estas situaciones son acogidas por los congresos estatales como iniciativas ciudadanas e incluso se presentan como preferentes cuando se avecinan cambios en la dirección de esas instituciones.
En entrevista, el rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, consideró que no ha habido intentos, sino acciones concretas para vulnerar la independencia de las universidades públicas, y que en los casos que se han registrado se observa la intención de colocar a funcionarios ajenos a las instituciones en posiciones de control o poder dentro de éstas: “Buscan encauzar los trabajos y el esfuerzo que hacen las universidades, desde su condición de autónomas, para intereses propios o personales de los gobiernos estatales. En nuestro caso había interés de que funcionarios ajenos a la universidad tomaran decisiones.
“Al perder su independencia, estos colegios se van a convertir en oficinas de las administraciones locales. La masa crítica de este país se encuentra en las universidades, que están construyendo ciudadanos para que ejerzan su libertad con responsabilidad. Si se perdiera la independencia, todos nos enclaustraríamos a tener una verdad absoluta”, reflexionó.
Los intentos en los estados
El pasado día 29 de enero, la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) denunció un atentado contra su autonomía luego de que el diputado Mauro Cruz, de Morena, partido que controla el Congreso local, propuso una iniciativa de ley para reformar su ley orgánica; perfilaba crear un órgano interno de control que sería designado y regulado por el Legislativo.
En Nayarit, el pasado 4 de enero, el congreso local aprobó una nueva Ley Orgánica para la Universidad Autónoma de Nayarit, a propuesta del gobernador Antonio Echevarría García, del Partido Acción Nacional (PAN).
El paquete de reformas propuestas por el mandatario incluye la creación de un Colegio Electoral que conducirá la elección del rector; el presidente de ese colegio sería el presidente del Patronato, quien no pertenece a la comunidad universitaria y que además administraría los recursos que genere la casa de estudios.
También se avaló que 40% del presupuesto se destine a actividades académicas y de infraestructura, lo que para las autoridades de esa casa de estudios podrían generar un incremento en el déficit de la institución de hasta mil millones de pesos.
La población marchó y se manifestó contra esas modificaciones, al señalar que implicaron una violación a la autonomía universitaria, puesto que no se le consultó antes de aprobarlas.
En noviembre de 2019, la fracción de Morena en el Congreso local presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Universidad de Colima (UdC) para establecer la gratuidad de la educación, la elección abierta de los integrantes de la Junta de Gobierno e instaurar una Comisión de Patrimonio, Hacienda y Presupuesto.
Morena tiene siete representantes, pero junto con los de sus aliados suma 17 votos de 25; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene uno; Encuentro Social (PES), cuatro, y el Partido del Trabajo (PT), cinco.
El instituto político gobernante es el Revolucionario Institucional, con José Ignacio Peralta Sánchez, quien aseveró esta semana que respeta la autonomía del plantel.
En Aguascalientes, la bancada más grande es la del PAN, con 12 de 27 diputados. El blanquiazul tiene el Ejecutivo estatal. Ahí, se presentó a iniciativa para reformar la ley orgánica de la universidad autónoma para cambiar la conformación de la Junta de Gobierno y crear un órgano de control cuyos integrantes serían nombrados por el Poder Legislativo. El proyecto lo impulsó el diputado panista Juan Guillermo Alaniz en octubre de 2019.
En junio de 2019, el Congreso de Sinaloa registró dos propuestas para reformar la normatividad de la universidad autónoma de ese estado. En el Legislativo, 20 de 40 integrantes son morenistas, mientras que los aliados de este partido tienen cuatro diputados: Encuentro Social tiene uno y el PT, tres.
Asimismo, las modificaciones buscan evitar la reelección del rector, así como permitir el voto de estudiantes, maestros y trabajadores activos en las elecciones de las autoridades escolares.
En la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la fracción de Morena en el Congreso estatal, que tiene 38 de 75 diputados, presentó en abril de 2019 un proyecto de reformas a la Constitución local y a la ley orgánica del plantel.
El propósito era hacer obligatoria la educación superior, eliminar la reelección del rector, prohibir la designación de exdirectores y crear nuevos órganos para su democratización. De 75 miembros, esa bancada tiene 38; PT, ocho, y Encuentro Social, cinco.
En marzo de 2019, el Legislativo de Baja California Sur recibió y dio lectura a una iniciativa que presentaron dos ciudadanos, uno de ellos relacionado con el diputado Esteban Ojeda de Morena.
La iniciativa pretendía abrogar y crear una nueva normatividad para el centro educativo autónomo de nivel superior en esa entidad para eliminar la reelección del rector y establecer nuevos requisitos para los candidatos; fue impulsada por diputados de Morena, que tiene ocho representantes; PES, tres, y el PT, uno, de un total de 21. El partido en el gobierno es Acción Nacional.
En 2018, el diputado panista Rodrigo García Escalante presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, a fin de que los estudiantes pudieran presentar propuestas de ley o decretos para modificar la misma normatividad en los temas de autonomía, organización y funcionamiento. El impulsor retiró su idea en noviembre de ese año.
En 2017, el Congreso local aprobó el decreto 228 mediante el cual se reformó la ley orgánica de esa casa de estudios para designar al titular del órgano interno de control, quien, además de sustituir al contralor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), tendría facultades para intervenir en las funciones sustantivas y adjetivas del plantel de nivel superior.
En octubre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó sentencia definitiva a favor de la institución, que interpuso un amparo contra el decreto 228.
En una decisión que se consideró histórica y a favor de la autonomía universitaria, la Suprema Corte ordenó deponer cualquier nombramiento o designación del órgano de control que pretendieran realizar los diputados locales respecto a este centro educativo hasta la sentencia definitiva. •
“Existe la percepción de que [las injerencias del gobierno] no son hechos aislados, y eso nos preocupa: que se pudiera estar atentando contra la autonomía de las instituciones” JORGE IGNACIO PEÑA GONZÁLEZ Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit
“La masa crítica está en las universidades, que construyen a ciudadanos para que ejerzan su libertad (...) Si se perdiera la independencia, nos cerraríamos a una verdad absoluta” ADOLFO PONTIGO LOYOLA Rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo