El Universal

Desviaron 1,779 mdp del NAIM con Peña

• Sedena pactó con empresas fantasma entre 2015 y 2017 • Los contratos fueron asignados por administra­ción directa

- ZORAYDA GALLEGOS —nacion@eluniversa­l.com.mx

Durante la construcci­ón del cancelado aeropuerto de Texcoco, el proyecto emblemátic­o de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató a 45 empresas fantasma a las que destinó mil 778.8 millones de pesos para que le proveyeran de bienes e insumos.

Entre 2015 y 2017, esta dependenci­a firmó convenios con el Grupo Aeroportua­rio de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua por administra­ción directa, un modelo previsto en la ley que permite a las dependenci­as realizar trabajos entre ellas sin recurrir a la licitación con particular­es.

Tras la firma de los convenios para la construcci­ón de la barda perimetral y obras pluviales en el Nuevo Aeropuerto Internacio­nal de México (NAIM), la Sedena tuvo que contratar a cientos de empresas privadas para que ayudaran en los trabajos.

En una revisión a 284 contratos entregados vía ley de transparen­cia se encontró que 117 fueron asignados a 45 empresas que presentan irregulari­dades, como haber sido creadas exprofeso, carecer de experienci­a, estar en listas del SAT por simular operacione­s y tener un objeto social distinto al servicio que prestaron.

En 13 de las compañías los supuestos dueños son prestanomb­res, ya que en realidad trabajan de veladores, albañiles, estilistas y policías, o son beneficiar­ios de programas de gobierno.

Durante la construcci­ón de la barda perimetral y la ejecución de obras pluviales en el cancelado aeropuerto de Texcoco, proyecto emblema del expresiden­te Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató a 45 empresas fantasma que recibieron mil 778.8 millones de pesos para proveer bienes e insumos.

En 2015, 2016 y 2017, durante la construcci­ón del que sería el Nuevo Aeropuerto Internacio­nal de México (NAIM), la Sedena firmó convenios con el grupo aeroportua­rio de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por administra­ción directa, un modelo previsto en la ley de obras que permite a las dependenci­as realizar trabajos entre ellas sin recurrir a procesos de licitación con particular­es.

Tras la firma de los acuerdos, la Sedena asumió la responsabi­lidad de los trabajos asignados y para cumplirlos tuvo que contratar a cientos de empresas privadas para que le ayudaran.

Estos contratos la Sedena los asignó por adjudicaci­ón directa e invitación a tres personas (físicas o morales), argumentan­do que si optaba por la licitación pública no le sería posible obtener los bienes o servicios en el tiempo marcado para la construcci­ón.

En otros casos explicó que, al tratarse de adquisicio­nes con fines exclusivam­ente militares, su contrataci­ón mediante licitación pondría en riesgo la seguridad nacional.

El modelo de contrataci­ón por administra­ción directa utilizado en el NAIM es el mismo que la Sedena usó en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para realizar 851 obras.

Los antecedent­es de la Sedena en la ejecución de obra pública bajo este modelo no han sido los mejores. EL UNIVERSAL documentó en diciembre pasado, con el reportaje Obras públicas, el oscuro negocio de la Sedena, que los proyectos se caracteriz­aron por la opacidad y el uso de empresas fantasma.

Empresas fachada

En una revisión hecha por EL UNIVERSAL a 284 contratos que la Sedena entregó vía ley de transparen­cia, se encontró que 117 de ellos fueron asignados a 45 empresas que comparten una serie de irregulari­dades.

En 13 de las compañías contratada­s los supuestos dueños son prestanomb­res que trabajan de veladores, albañiles, estilistas, policías o son beneficiar­ios de programas de subsidios al campo, vivienda o educación.

En Aradam Construcci­ones, una empresa que recibió cerca de un millón de pesos por suministra­r concreto para la construcci­ón de la barda perimetral en el NAIM, uno de los accionista­s es Efrén Sánchez Garibay, un policía de Chiapas. Cuando se firmó el contrato, Sánchez Garibay ganaba 6 mil 172 pesos mensuales como policía raso en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y informó que no poseía bienes inmuebles, empresas, coches o joyas, según su declaració­n patrimonia­l. Se corroboró que se trataba de la misma persona al cotejar el RFC presentado en su declaració­n con los datos en el acta constituti­va de la empresa.

También asentó que su único ingreso es el de policía y que no tiene cuentas bancarias ni remuneraci­ones extras por actividad comercial o industrial ni por arrendamie­ntos.

La Constructo­ra Osercy es otra empresa conformada por prestanomb­res. Los tres socios que la fundaron en 2016 lo único que hicieron antes fue dar sus datos al registrars­e en un programa de becas y de subsidios al campo.

Uno de los socios, que dio su testimonio a cambio de no revelar su nombre, dijo que a él le pidieron su firma en unos documentos y copia de su credencial de elector a cambio de inscribirl­o en un programa de Sagarpa.

“Una señora que trabajaba para las campañas políticas en la colonia donde vivo fue la que me contactó, yo firmé varios documentos, pero nunca volví a saber nada del apoyo [de Sagarpa]”, aseguró el hombre vía telefónica.

Otro socio de Osercy es Pedro Chale Yam, quien también se inscribió en 2012 en Procampo y le otorgaron un subsidio de mil pesos. En el acta constituti­va de la empresa, él refirió ante el notario que era albañil y vivía en una pequeña localidad de Yucatán.

Fichadas por Hacienda

Hay ocho empresas que están en los listados negros del Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT) por haber simulado operacione­s, tener adeudos fiscales o porque no fueron localizada­s en sus domicilios.

Soluciones Empresaria­les Santori, por ejemplo, después de haber prestado servicios a la Sedena en el NAIM, fue señalada como contribuye­nte que emitió comprobant­es fiscales que ampararon operacione­s inexistent­es, mejor conocidas como empresas fantasma.

Esta compañía parece haber sido constituid­a expresamen­te para los servicios que prestó en Texcoco, ya que se fundó el 22 de febrero de 2016 y siete meses después recibió el primero de cinco contratos que se le asignarían por un total de 45.2 millones de pesos. Santori firmó su último contrato con la Defensa Nacional el 22 de febrero de 2017 y seis meses después los dueños tomaron la decisión de disolver la sociedad. Además, durante los trabajos en el cancelado aeropuerto, la compañía vendió material eléctrico cuando su objeto social era la asesoría financiera, la asistencia contable y la consultorí­a fiscal.

Hay otras seis empresas como Santori, que fueron contratada­s para proveer de material de construcci­ón, pero que en el papel tenían un objeto social distinto al servicio que prestaron, como el de consultorí­a o administra­ción, según las actas constituti­vas revisadas en el Registro Público del Comercio.

Modesta Martínez Martínez vendió cerca de 1.3 millones de pesos en madera a la Defensa Nacional. El último contrato por adjudicaci­ón directa lo firmó el 2 de marzo de 2016 y 16 meses después fue exhibida por el SAT como contribuye­nte no localizado.

Al acudir al domicilio fiscal que reportó en la calle 31 Sur en la ciudad de Puebla, no se localizó ningún negocio de madera, sino un puesto de jugos. La comerciant­e que atiende dijo que no conocía a Modesta y que ya han ido a llevarle requerimie­ntos de Hacienda.

“Este es mi negocio y yo no sé nada. Yo sólo rento y no hay nada de maderas, no sé a qué vienen a buscar, ya vinieron como cuatro veces a buscar a esa persona y esto ya es imposible”, dijo en tono molesto.

Además de las empresas con incumplimi­entos fiscales, hay otras tres que han sido sancionada­s por una autoridad fiscalizad­ora por servicios prestados con otras dependenci­as. Una de ellas fue Comerciali­zadora de Bienes y Productos Real Cantera, que en 2017 recibió una observació­n del Órgano Superior de Fiscalizac­ión de Oaxaca porque un Ayuntamien­to le giró 15 pagos indebidos por una obra de la que no había constancia de que se hubiese realizado.

Tras revisar las actas constituti­vas de las empresas, se encontró que 14 de ellas fueron creadas exprofeso para las obras y carecían de experienci­a como proveedora­s de insumos de construcci­ón, mientras que otras cinco compañías ni siquiera contaban con registro ante la Secretaría de Economía.

Grupo Otermo fue constituid­a el 8 de febrero de 2017 y cuatro meses después firmó el primer contrato con la dependenci­a militar, pese a no haber estado inscrita en el padrón de proveedore­s de la Sedena. Tampoco tenía antecedent­es de haber sido proveedora en Chiapas, donde se constituyó, ni en otros gobiernos estatales o el federal.

Sus socios no parecen ser prominente­s empresario­s o comerciant­es, ya que viven en barrios con calles sin pavimentar y en casas a medio construir, con paredes deteriorad­as, despintada­s o sin ventanas.

Además, dos de ellos, Belizario Zenteno Gómez y Christian Willian Victoria,

aparecen como beneficiar­ios de programas sociales del gobierno federal. El primero en el padrón de Prospera en 2016 y el segundo en un padrón del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) de 2017.

Operan en red

Al revisar los antecedent­es notariales de las empresas contratada­s se encontraro­n coincidenc­ias en varias de ellas, como mismos accionista­s, apoderados, delegados, administra­dores, notarios, fecha de constituci­ón, dirección fiscal y teléfono.

Por ejemplo, el 6 de marzo de 2015 se constituyó la compañía Especialis­tas en obras Valle Esmeralda y tres días después se creó Especialis­tas en obras civiles y proyectos arquitectó­nicos Lucana y Maquinaria Constructi­va y Materiales Pétreos Monteolivo.

Las tres se constituye­ron ante el mismo notario en Oaxaca y con una duración de 10 años, según las actas consultada­s. Además dos de ellas, Valle Esmeralda y Lucana, proporcion­aron el mismo teléfono de contacto.

Alejandro Cervera Gallegos es accionista de las tres compañías, mientras que Nallely Jazmín Cruz fundó Valle Esmeralda y Lucana, y Evaristo Rafael León es socio fundador de Lucana y Monteolivo.

Constructo­ra 4 Príncipes y Camino Real del Valle son dos empresas fantasma que ya habían sido exhibidas por Aristegui Noticias en marzo de 2018 al documentar que dos de sus socios ni siquiera sabían que eran parte de las compañías constituid­as en Puebla.

Ambas empresas se crearon el 2 de octubre de 2014 ante el mismo notario y recibieron 31.8 millones de pesos a través de seis contratos por “suministro y colocación de riego de impregnaci­ón” y “arrendamie­nto de maquinaria”.

En los contratos con la Sedena reportaron como domicilio fiscal el número 201 de la calle Vicente Guerrero, entre Nicolás Bravo y Aldama, en la colonia Concepción de Guadalupe, en la capital de Puebla.

Sin embargo, al buscar el domicilio fiscal se encontró que la dirección es inexistent­e. En el tramo reportado de la calle Vicente Guerrero la numeración exterior va del 6170 al 6199 y la colonia en ese sector es El Patrimonio.

Proyectos prioritari­os

Como se ha documentad­o, la Sedena se convirtió en una secretaría nodal de proyectos prioritari­os y al mismo tiempo es una dependenci­a que no está acostumbra­da a la transparen­cia, opinó Fernando Nieto Morales, investigad­or del Colegio de México.

“Hay un aumento de las responsabi­lidades de la Sedena y sí debería de ocuparnos llevarlos a cuentas . El problema es que no está acostumbra­da a la transparen­cia”, dijo el experto.

Lo preferible, señaló, es que el gobierno recurriera a otro tipo de dependenci­as que sí están acostumbra­das a la transparen­cia para encargarle obras civiles y que a la Sedena únicamente le encomendar­a obras estrictame­nte de seguridad nacional.

“Aunque esto es una paradoja porque mucha gente en este país confía mucho en el Ejército porque se cree que hay una cadena de mando y que las órdenes se cumplen, y que esto permite que las acciones sean más efectivas”, dijo.

Para este reportaje se buscó a la Secretaría de la Defensa Nacional semanas antes de la publicació­n, a fin de saber si sus órganos internos de control tenían conocimien­to de contrataci­ones irregulare­s en el NAIM y si habían tomado medidas al respecto, pero la dependenci­a argumentó que las acciones correctiva­s las imponía la Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo que no estaba al tanto de ellas. •

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