S. García Soto
Justicia imparcial para la libertad de expresión
“En la Corte podría sentarse un precedente contra la libertad de expresión: los políticos usarían el derecho de réplica para debilitar a cualquier medio”.
La primera condición que debe cumplir un juez, para poder serlo e impartir justicia es la imparcialidad. Si un juzgador no es imparcial y además no tiene independencia para dictar sus decisiones o fallos, su actuación coloca a los ciudadanos en la total indefensión y vulnera un principio primordial de la justicia que consagra el artículo 24 de nuestra Constitución: que todas las personas“tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.
En el pleito legal que desde 2018 sostiene EL UNIVERSAL por la publicación del reportaje que reveló parte del patrimonio inmobiliario del entonces candidato presidencial Ricardo Anaya, el juez que hoy lleva el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el ministro Luis María Aguilar, expresidente de la Corte, quien es señalado por una de las partes como un juzgador que ha perdido la imparcialidad a la que le obliga la Constitución por tener motivaciones personales vinculadas a una denuncia periodística que se hizo en su contra en las páginas del mismo diario al que busca sancionar.
La insistencia del ministro en proponer una sentencia que condene a EL UNIVERSAL por lo publicado en contra de Anaya, como lo ha hecho ya en tres proyectos de sentencia —los tres en contra del diario y dos de ellos ya rechazados por la mayoría de sus compañeros ministros— hace pensar que el expresidente de la Corte no sólo perdió su imparcialidad, sino que está buscando venganza por la publicación que en abril de 2019 hizo el periódico sobre su gestión al frente del Poder Judicial, basado en un informe del Consejo de la Judicatura Federal que encontró inconsistencias en la construcción de un Centro de Justicia Penal Federal.
Lo grave radica en que, más allá de como se resuelva un pleito legal entre una empresa periodística, como EL UNIVERSAL, y un político como Ricardo Anaya, un fallo como los tres proyectos de sentencia que hasta ahora ha intentado el ministro Aguilar dañaría la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, porque supone que el derecho de réplica al que ya tuvo acceso Ricardo Anaya, debió haber sido para que el diario dijera que su información era falsa, a pesar que ya se demostró la veracidad esa información, y no para que, como la misma Corte lo ha dicho en sentencia existentes sobre acciones de inconstitucionalidad, se difunda y publique la versión del aludido, cosa con la que hace tiempo cumplió el diario.
Por esas razones y por desconfiar de su imparcialidad ante sus motivaciones personales, EL UNIVERSAL solicitó que el ministro Aguilar se recuse y no sea más el ponente en este caso y que la Suprema Corte nombre a un nuevo ministro que no tenga motivaciones personales o ánimos de venganza para redactar su proyecto de sentencia.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 219, la recusación puede ser solicitada por una de las partes en los asuntos civiles, como este, y podrán hacerlo por 16 causas.
Si el tercer proyecto de sentencia del ministro ponente se llegara aprobar —cosa poco probable, pero no por ello menos peligroso— sentaría un precedente que atacaría la libertad de expresión al abrir la puerta para que los políticos utilicen el derecho de réplica para debilitar a cualquier medio o periodista que los critique o cuestione y hacer, a partir de que se obligue a los medios a decir que su información es falsa, propaganda política y personal de las figuras públicas. Eso, en tiempos en donde la crítica y el ejercicio periodístico son vistos como “ataques políticos” contra los poderosos, significaría acabar con la libertad de prensa y el periodismo libre en México.