Pelea por predio en CDMX destapa corrupción inmobiliaria
De la mano de los hermanos Julio César y Luis Ernesto Serna, el primer círculo del exjefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, habrían logrado negocios inmobiliarios multimillonarios en la capital del país, de acuerdo con carpetas de investigación en manos de la actual administración capitalina.
Según dichos expedientes, muchos de los inmuebles se habrían “adquirido” a grandes desarrolladores inmobiliarios que florecieron durante su gestión como jefe de Gobierno.
Incluso hay evidencia de un esquema que utilizaba la PGJ capitalina para despojar de sus propiedades a personas, para luego ofrecerlas a grandes desarrolladores.
En este contexto sale a relucir un terreno que es anhelado por varios empresarios del sector por su ubicación y alto valor comercial. Se trata del predio ubicado en el número 309 de la Av. Tamarindos en la Colonia Lomas de Vista Hermosa, de la alcaldía de Cuajimalpa.
La historia de este predio es compleja y ha sido objeto de litigios y aseguramientos fabricados debido a una lucha que existe por demostrar su legítima posesión y propiedad.
Durante la administración de Mancera se fraguó una estrategia por parte de un grupo de defraudadores inmobiliarios que, con apoyo de las autoridades de ese entonces, ejecutaron para apoderarse de él.
Actualmente, el proceso legal se encuentra en curso y en éste aparecen involucrados tres personajes con un muy cuestionado historial dentro del sector inmobiliario, quienes después de varios años de compurgar condenas en el reclusorio norte y enfrentar órdenes de aprehensión por haber defraudado a decenas de personas, han vuelto a aparecer.
Se trata de Sigfrido Molet Gurrera, un cuestionado empresario inmobiliario de los años 90, junto con su hermano Esteban, quien estuvo prófugo, y su socio Marco Antonio Romo Alcántara.
Esta vez, los tres personajes se encuentran inmersos en un litigio en el que denuncian un supuesto despojo. Presuntamente en complicidad con autoridades de la pasada administración, pretenden apoderarse de esta valiosa propiedad.
En 2017 el notario público número 98 de la CDMX, Gonzalo Ortiz Blanco, protocolizó un contrato de compra-venta sup uestamente firmado hace más de 20 años, concretamente en 1998, pero llama la atención que no se haya investigado a fondo cómo es que estos personajes lograron protocolizar un contrato después de tanto tiempo.
En el contrato los hermanos Molet Gurrera le venden a una empresa de nombre INMOBILIARIA RO POSITIVO, SA. de CV., cuyo representante legal es Marco Antonio Romo Alcántara. De acuerdo con declaraciones de los vecinos, este último también utiliza el nombre de Arturo Pineda para despistar a los posibles inversionistas, desarrolladores y a las autoridades.
Según el contrato, el monto de la operación asciende a 600 millones de pesos, pero no existe registro de la forma en que se pagaron estos recursos ni hay reporte del pago de los impuestos correspondientes, por lo que todo indica que se trata de un acto simulado.
Inclusive dentro de los anexos a la escritura incluyeron documentos expedidos por la Seduvi con fecha de abril de 2018, siendo que la escritura se firmó en noviembre de 2017.
Adicionalmente a la escritura presentaron el testimonio de dos “supuestos” empleados de la inmobiliaria cuyos nombres no aparecen en los registros del IMSS como asalariados de esa empresa. En enero de 2018 la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo en ese entonces de Hiram Almeida, aseguró el predio mediante un operativo espectacular, en el que utilizó helicópteros y decenas de granaderos.
Ya durante el gobierno de la Cuarta Transformación, el pasado 23 de diciembre la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, a cargo de Maribel Bojorges Beltrán, decidió otorgar la posesión provisional del predio a este grupo de personajes con argumentos legales poco convincentes.
Llama la atención que la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy le dé preferencia a empresarios con antecedentes de defraudación.
Este grupo además cuenta con la asesoría del exprocurador panista, Antonio Lozano Gracia, al que se le ha visto en varias diligencias a lo largo del litigio y de quien se sabe cuenta con conexiones al interior del actual gobierno para agilizar este tipo de asuntos. •