Saskia Niño de Rivera
“La perspectiva de género en fiscalías y juzgados es, salvo contadas excepciones, letra muerta”.
Maribel tenía una orden de restricción en contra de su esposo, que se dedicaba al secuestro. Él ya no vivía en su casa. Cuando llegó a esconder mercancía de un secuestro exprés, ella llamó a una patrulla para decir que estaba incumpliendo la restricción (no sabía que él estaba guardando mercancía robada del secuestro exprés). Los policías la ignoraron, pero como llamaron los vecinos para decir que había movimientos sospechosos, entonces sí llegó la patrulla y se llevaron a todos, incluyendo a Maribel que en ese momento llegaba para ver que sus hijos que estaban en casa se encontraran bien. Hoy está presa, con una sentencia mayor a la de su pareja.
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Carmen trabajaba en un despacho fiscal. Los golpes en su casa eran cosa de todos los días. Su marido se ponía celoso de los compañeros de trabajo de ella y no le gustaba que ganara más dinero que él. Un día, en medio de la golpiza que su pareja le propinaba, lo acuchilló. La encontraron en la calle, vagando en estado de shock, golpeada y con sangre del marido. Le dieron una condena por 45 años.
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Gladis Giovana, presunta asesina de la pequeña Fátima, de solo 7 años, junto con su pareja, Mario Alberto. Ella vivió durante años un infierno. Su esposo trató de quemarla rociándola con aceite, gasolina y perfume, prendiéndola con un encendedor. Fue ante las autoridades, interpuso denuncias, según relatan sus familiares. Nada pasó. Nada justifica su actuar en el crimen, pero ha trascendido que Mario Alberto la amenazó con abusar sexualmente de alguna de sus hijas si no le “conseguía una novia”. El sistema de justicia no actuó a tiempo.
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Andrea fue violada a los 14 años y tuvo una hija producto del abuso sexual. Años después se casó y tuvo otro hijo con su pareja. Cómo trabajaba, encargaba a sus pequeños a su suegra. Un día, su esposo asesinó a su hija, quemó y enterró su cuerpo. Ella no lo denunció por miedo, pues vivía inmersa en un ambiente de violencia intrafamiliar. Su esposo llamó a la policía y la inculpó a ella. Actualmente los dos están en prisión.
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La violencia de género y las desigualdades relativas al mismo, atraviesan a la sociedad hasta lo más profundo. El sistema de justicia penal, tanto para víctimas como para victimarias, está tocado —si no es que consumido— por el machismo.
No solo la perspectiva de género en las fiscalías y juzgados es, salvo contadas excepciones, letra muerta, sino que, incluso, las acciones desde el sistema en sus distintos eslabones tienden a la discriminación, la marginación y la revictimización hacia las mujeres.
Las autoridades parecen indolentes ante los delitos y situaciones de violencia estructural de las que las mujeres son víctimas; pero al momento de aplicar un castigo, la severidad en las penas es demoledora.
En el estudio de Reinserta
Diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la defensoría penal en México, que presentamos el pasado lunes, encontramos que dos de los delitos de mayor incidencia entre la población penitenciaria femenil y varonil, son el robo y homicidio. Lo llamativo en el diagnóstico que se soporta en la entrevista a más de 3 mil personas privadas de la libertad, es que el tiempo promedio de condena para las mujeres es más elevado que el de los hombres (23.5 años vs. 17.5 años). Esta situación se da a pesar de que las mujeres contratan en mayor proporción los servicios de defensores particulares y destinan hasta un 50% más de los recursos económicos que los hombres. El sistema es machista. Para las mujeres hay penas más severas, castigos más duros y les es más costoso defenderse.
Es momento de erradicar las desigualdades, empezando por aquellas que surgen de las instituciones públicas que tienen la responsabilidad de impartir justicia ante un entorno adverso para las mujeres en nuestro país.