¿Confusión o intención?
Legislar a la carrera, dejando vacíos legales para luego llenarlos en función de una agenda política, se ha convertido en el sello del lopezobradorismo para imponer —vía acuerdos o decretos— intenciones o voluntades que nada tienen que ver con garantizar derechos fundamentales como libertad y educación.
En días pasados, Puebla saltó a la escena nacional por la “armonización” de la Ley General de Educación (LGE) que aprobó su congreso local, la cual de inmediato generó rechazo entre diversos sectores de la sociedad mexicana, que percibieron intenciones tanto de apropiarse de los planteles educativos privados, como de adoctrinar alumnos en lugar de educarlos.
El “aguanto vara” del gobernador Miguel Barbosa y la “falsa polémica” que aduce el secretario de Educación Esteban Moctezuma, se contraponen con el análisis del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien aseguró que “la Ley Barbosa de educación de Puebla es frente a la enseñanza, lo que la Ley Bonilla en Baja California fue contra la democracia”.
¿Qué pasa realmente y por qué generó tal controversia? En principio hay que decir que es un copy & paste de la Ley General de Educación aprobada en el Congreso por la mayoría que conforman Morena y sus aliados: PT, PES y PVEM, la cual votamos en contra 128 legisladores federales, por ir contra la Constitución y porque lejos de brindar certidumbre a nuestro sistema educativo y a quienes lo conforman, deja enormes vacíos legales.
De hecho, el texto de la LGE reconoce sus lagunas al establecer la necesidad de que la SEP emita 41 lineamientos sobre la operación del Sistema Educativo Nacional tan relevantes como la evaluación diagnóstica, de los cuales solo había emitido siete al 24 de mayo pasado.
Omisiones que se reproducen en la ley poblana, con la agravante de que la fallida armonización sustituyó las palabras nacional por estatal y federación por estado, pretendiendo asumir facultades que corresponden al gobierno federal y omitiendo desarrollar los cómos para cumplir su responsabilidad.
Por su parte, la “Ley Barbosa” vaticina la aprobación de una Ley de Educación Superior que ni siquiera ha sido presentada en el Congreso de la Unión y reproduce la visión política de su homóloga nacional al establecer las consultas a mano alzada sin base en el orden constitucional, federal o local, o al refrendar su intención de una doble vigilancia a las escuelas particulares en el cumplimiento del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (qué bueno), pero sin regla alguna para brindar un mínimo de calidad educativa en las universidades Benito Juárez.
Se trata, en suma, de una ley contraria a la Constitución, a la división de poderes y a la distribución de competencias que ignora que, así como reproducir un fragmento de la Carta Magna en un acuerdo presidencial no lo hace constitucional, copiar una ley general no la dota de legalidad y sí da pie a la confusión, la opacidad, el burocratismo y las tentaciones autoritarias.
Tratándose de un derecho “llave” como es la educación y en medio de un escenario inédito provocado por el Covid-19, es urgente replantear las prioridades de nuestro sistema educativo con empatía, conocimiento y sensatez, pensando en brindar herramientas a los estudiantes para continuar sus estudios primero y luego para subsistir en un mundo distinto al que teníamos hace solo unos meses.
Los vacíos legales deben llenarse a partir de análisis públicos y especializados, por consenso y no a través de imposiciones por decreto que últimamente parecen encaminadas a pavimentar el camino de un régimen autoritario donde se formen clientelas electorales a cambio de coartar libertades y derechos ganados a pulso por nuestra sociedad.