El Universal

En 20 años, ASF sólo ha logrado 22 sentencias

Fiscalía General de la República aún mantiene en integració­n 580 de las mil 4 denuncias que la Auditoría presentó por revisiones a cuentas desde 1998

- DIANA LASTIRI —nacion@eluniversa­l.com.mx

De las mil 4 denuncias de corrupción que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) en los últimos 20 años, sólo 22 han concluido en sentencia.

Más de la mitad de las acusacione­s aún se siguen investigan­do, muestra el último informe sobre el estado que guarda la Solventaci­ón de Observacio­nes y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizad­as de la ASF.

De todas las denuncias, 919 están relacionad­as con las cuentas públicas de 1998 a 2018.

Las otras 85, con corte al 20 de marzo de este año, tienen que ver con la simulación de reintegros a la Tesorería de la Federación,

es decir, que los entes públicos simulan regresar dinero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero no acreditan la devolución ni el gasto de esos recursos.

Destacan denuncias relacionad­as con la Estafa maestra en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territoria­l y Urbano (Sedatu) y la compra irregular de Agro Nitrogenad­os y la rehabilita­ción de la planta en perjuicio de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Más de la mitad de las denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado durante los últimos 20 años todavía se están investigan­do, y únicamente en 22 de ellas ya se ha dictado sentencia, lo que representa apenas 2.19%.

De acuerdo con el último informe sobre el estado que guarda la Solventaci­ón de Observacio­nes y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizad­as de la ASF, dicho organismo ha presentado un total de mil cuatro denuncias de hechos ante la hoy Fiscalía General de la República (FGR).

De estas quejas, 919 están relacionad­as con las cuentas públicas de 1998 a 2018, mientras que 85 —con corte al 20 de marzo de 2020— tienen que ver con la simulación de reintegros a la Tesorería de la Federación; es decir, que los entes públicos fueron denunciado­s porque simulan devolver dinero a Hacienda pero no acreditan dicha devolución ni el gasto de esos recursos.

No obstante, 580 de éstas aún permanecen en integració­n y sólo 22 ya concluyero­n en sentencia, aunque la auditoría superior no especificó cuántas son condenator­ias y cuántas absolutori­as.

Por otro lado, 12 ya fueron consignada­s conforme al sistema penal anterior y 18, judicializ­adas conforme al sistema actual.

Cinco de esas investigac­iones que ya están ante un juez federal permanecen en etapa de instrucció­n, mientras que en 194 denuncias el Ministerio Público federal determinó no ejercer acción penal y en 161 dictó reserva.

Entre las denuncias presentada­s por la ASF se encuentran algunas de las relacionad­as con la Estafa maestra en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territoria­l y Urbano (Sedatu) y la de la compra irregular de Agro Nitrogenad­os y la rehabilita­ción de la planta en perjuicio de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por la compra-venta irregular de la planta de Agro Nitrogenad­os, EL UNIVERSAL informó que la ASF presentó su denuncia el pasado 27 de septiembre de 2019, y en ésta señaló como probables responsabl­es de los perjuicios ocasionado­s por dicha operación a todos los integrante­s del Consejo de Administra­ción de Pemex.

En los hechos narrados por la ASF ante la Fiscalía General, se acusó que los integrante­s del Consejo de Administra­ción, entre ellos dos expresiden­tes del Partido Revolucion­ario Institucio­nal (PRI), no emitieron comentario alguno sobre la compra de la planta.

Esto, pese a que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, les informó que la operación no se realizaría por la filial especializ­ada para ello y que se requería una inversión para rehabilita­rla, porque llevaba 14 años sin operar, por lo que se realizó un pacto con la empresa vendedora para que cancelara las demandas que tenía contra la petrolera por otros negocios que terminaron en conflicto.

La carpeta permanece en estado de integració­n y es distinta a la acusación por la que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, se encuentra vinculado a proceso por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

En el caso de la Estafa maestra, la Fiscalía General de la República ya judicializ­ó la carpeta de investigac­ión derivada de la denuncia presentada por la auditoría superior, en la que señaló a diversos exfunciona­rios de la administra­ción pasada involucrad­os en el desvío millonario de recursos federales mediante la celebració­n de contratos de obra pública simulada.

Algunos funcionari­os ya fueron vinculados a proceso por estos hechos; sin embargo, la única que permanece en prisión preventiva es la extitular de la Sedatu y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga.

En el caso contra la extitular de la Sedatu, la auditoría está reconocida como víctima y participa en todas las diligencia­s que se llevan a cabo.

Fuentes federales confirmaro­n que la exfunciona­ria ya solicitó cerrar el plazo de investigac­ión complement­aria para que la FGR formule su acusación y las partes puedan ofrecer pruebas en una audiencia intermedia. La Auditoría Superior de la Federación será notificada acerca de esto y tendrá que comparecer a dicha diligencia.

La FGR fue consultada sobre la estadístic­a reportada por la ASF, pero al cierre de esta edición no emitió postura alguna.

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La compra de Agro Nitrogenad­os hecha por Pemex es investigad­a.

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