Pasmante lentitud
Con apenas un 2.19% de sentencias dictadas correspondientes a 22 casos presentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de un universo de poco más de mil expedientes entregados a la entidad responsable de investigar y dictar sentencia, que ahora es la Fiscalía General de la República (FGR), pero que hasta el sexenio pasado fue la Procuraduría General de la República (PGR), asombra y preocupa que la investigación e impartición de justicia en los delitos llamdos “de cuello blanco”, así como de otra índole, se haga con tan pasmante lentitud.
Entre los casos promovidos por la ASF se encuentran algunos tan importantes y emblemáticos como el de la Estafa Maestra que tiene bajo prisión preventiva a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles, o también el asunto del fraude contra Pemex por la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, en la que está acusado el exdirector de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin.
El caso conocido como la Estafa Maestra cometido contra la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), de la que fue titular Rosario Robles Berlanga y quien es hasta ahora la única persona que ha sido presentada ante las autoridades y quien ha alegado en múltiples ocasiones su inocencia y ser objeto de una venganza, es uno de los asuntos más complejos entre los que ha presentado la ASF, entidad a la cual en el mismo se le dio la categoría de víctima.
En el resto de los expedientes por los que demanda la ASF se dicten sentencias, en su gran mayoría se trata de delitos por defraudación y actos cometidos por entes públicos contra la Tesorería de la Federación.
Si en 20 años a duras penas se ha conseguido que la autoridad resuelva a un apabullante ritmo de un poco más de un caso por año, ¿cómo se puede esperar que se haga justicia y se castigue a la enorme y creciente cantidad de funcionarios públicos que cometen actos deshonestos contra el erario público y que abusan de sus cargos y posiciones para su beneficio personal?
Todavía está por verse en dónde radica la lentitud, si en la falta de elementos de prueba o si fue en su momento por incompetencia de la PGR —ahora FGR—, pues no es posible que en 20 años sea mínima la cantidad de sentencias dictadas contra defraudaciones cometidas contra el Estado. Eso revela por qué más allá de voluntarismos políticos, continúa la impunidad y el ejercicio deshonesto en los cargos públicos.