Minería a cielo abierto
El sector minero necesita implementar un enfoque cultural adecuado para tener la sensibilidad requerida para acercarse a los pueblos y comunidades indígenas.
Hace algunos días, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) publicó en su página de internet un posicionamiento relacionado con la actividad minera. Al igual que otras actividades económicas, no podemos dejar de reconocer que la minería por sí misma tiene impactos sobre la salud y calidad de vida de las personas de las comunidades donde esta actividad se lleva a cabo; la biodiversidad; afectaciones a cuerpos de agua; violaciones a derechos humanos de las personas que habitan en las comunidades donde se llevan a cabo estos proyectos; contaminación del suelo y del aire; afectaciones a áreas naturales protegidas y a las especies de flora y fauna que habitan en estas.
No sólo eso, sino que además, las comunidades indígenas que habitan donde se lleva a cabo la actividad minera en muchas ocasiones no son tratadas respetuosamente y se tienen visiones distintas ya que por un lado los mineros quieren explorar y explotar y otros quieren legítima mente mantener y que sean respetados sus territorios indígenas. Igual sucede que en muchas ocasiones los proyectos mineros son impuestos a las comunidades, las cuales no tienen en un buen número de casos información verídica, clara y suficiente sobre los proyectos y eso genera dudas e incertidumbre al interior de las comunidades al grado que la población se siente engañada por las empresas mineras.
Para poder atender estos y otros rezagos que se presentan alrededor de la actividad minera, y que como producto de los mismos generan una conflictividad socio-ambiental cada vez mayor, se proponen las siguientes acciones:
Si realmente se quiere hablar de sustentabilidad, esto hay que entenderlo también como el cabal cumplimiento ala legislación ambiental,entiéndase el manifiesto de impacto ambiental, el procedimiento de evaluación respectivo y el cumplimiento efectivo de las condicionantes que impone la autoridad ambiental en materia de impacto ambiental. Además, habrá de darse un justo y equitativo reparto de beneficios con los trabajadores y las comunidades. Para que esto sea posible, será necesario implementar por parte del sector minero un enfoque culturalmente adecuado para poder tener la sensibilidad que se requiere para acercarse con los pueblos y comunidades indígenas. Habrán de desaparecer por completo las amenazas y agresiones que se dan a los defensores ambientales en casos relacionados con la minería. De 2012 a 2019 se documentaron 71 casos de agresiones en casos que se buscaba la protección ambiental frente a proyectos mineros.
Deberán de eficientarse y manejarse adecuadamente los procesos de agua concentrada con cianuro y la toxicidad que esta representa. Habrá de contar la minería con sistemas de gestión ambiental robustos e implementar mejores prácticas internacionales en sus operaciones. Se propone que se obtenga el consentimiento previo, libre e informado para obtener una concesión minera en territorios indígenas y ligar estas concesiones con la autorización de impacto ambiental contemplando igualmente una evaluación de impacto social.
Así las cosas, todo lo propuesto anteriormente se considera no una opción sino obligación para que la minería de un golpe de timón y se vuelva una actividad económica realmente responsable. De lo contrario, no sólo seguirá la conflictividad socio-ambiental alrededor de la minería sino que esta escalará a niveles tales donde la actividad simple y sencillamente no podrá llevarse a cabo.