Estafa maestra en el Poder Judicial puede alcanzar 400 mdp
La Judicatura halla irregularidades en contratos firmados por Pérez Maqueda
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detectó irregularidades en contratos por 400 millones de pesos que firmó su exdirector General de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda, quien fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera por el desvío de recursos del Poder Judicial a través de empresas fantasma.
Estos contratos, firmados en 2016, están dentro de los ocho procedimientos administrativos iniciados por el CJF contra Pérez Maqueda en los que advirtió que el exfuncionario benefició a un grupo de empresas con obras para el Poder Judicial en el circuito de Jalisco.
Ayer, en una carta enviada a EL UNIVERSAL, el CJF ratificó su política de cero tolerancia a la corrupción.
En el año 2016, Francisco Javier Pérez Maqueda, exdirector General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM) del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), firmó contratos por más de 400 millones de pesos en los que la Comisión de Disciplina halló diversas irregularidades.
Estos contratos formaron parte de los ocho procedimientos administrativos iniciados por el CJF en contra de Pérez Maqueda y en los que advirtió que el exfuncionario benefició a un grupo de empresas, en particular con obras para el Poder Judicial en el circuito de Jalisco.
Datos del CJF señalan que entre 2015 y 2016 Pérez Maqueda firmó contratos por más de 5 mil millones de pesos.
El extitular de la DGIM fue removido de su cargo en 2017 luego del hallazgo de más de 3 millones de pesos en efectivo en la cajuela del vehículo oficial que le había sido asignado.
EL UNIVERSAL informó que recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una red de corrupción en la que Pérez Maqueda y otros exfuncionarios del CJF operaban a través de un esquema de empresas fantasma para desviar recursos, similar al modus operandi de la llamada Estafa maestra.
Por estos hechos, la UIF denunció a Pérez Maqueda y otras personas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Gran Diario de México también dio a conocer que desde los procedimientos administrativos iniciados contra Pérez Maqueda el CJF detectó que el exfuncionario beneficiaba a un grupo de empresas, en particular con contratos de obra pública en el estado de Jalisco.
Asimismo, halló evidencias de que Pérez Maqueda supuestamente tenía vínculos con las empresas Jonap, Grupo Casgo, Proyectos y Construcciones Marlu, Grupo Akarsi, 13-29 Construcciones y Grupo Atrica.
El día de ayer, el CJF reconoció que Pérez Maqueda ha sido sancionado por conductas como indebido resguardo y confidencialidad de información del CJF, mentir en su declaración patrimonial y firmar contratos sin supervisar adecuadamente su correcta elaboración.
Por estos hechos, además de las inhabilitaciones que le fueron impuestas, el exfuncionario ha sido multado con 47.3, 3.4 y 16.6 millones de pesos, lo que da un total de 67.3 millones de pesos en sanciones pecuniarias.
Documentos a los que tuvo acceso esta casa editorial señalan que el CJF revisó cuatro contratos en los que participó Pérez Maqueda durante 2016 por un total de 417 millones 162 mil 885.77 pesos.
Además, por no verificar la viabilidad del terreno destinado para construir el Centro de Justicia Penal Federal y edificio sede del CJF en Torreón, Coahuila, por su cercanía con el aeropuerto de dicha ciudad, el exfuncionario fue inhabilitado.
También recibió esta sanción por irregularidades en el contrato para construir el Centro de Justicia Penal Federal en Cancún.
Uno de ellos se trató del contrato firmado con Construcciones Civiles y Electromecánicas Crea, S.A. de C.V, por un millón 999 mil 709.82.
El contrato fue suscrito para instalar una sala de juicios orales provisional en Xalapa, Veracruz, pero, de acuerdo con la documentación consultada, el presupuesto asignado para este proyecto no aseguró las mejores condiciones de compra en cuanto a precio, oportunidad y demás circunstancias.
Además, Pérez Maqueda participó en la firma de un contrato por 83 millones 100 mil 13.75 pesos con la Constructora Jonap, S.A. de C. V., empresa con la que se vinculó directamente al exfuncionario como una de las más beneficiadas por esta red de corrupción.
El contrato fue para adecuar áreas y construir un Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California.
Fuentes allegadas al caso confirmaron que en este asunto se halló que, además de que el presupuesto asignado no aseguró las mejores condiciones para el CJF, la empresa entregó información falsa para obtener la obra.
Para la construcción del Centro de Justicia Penal Federal de Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, Pérez Maqueda suscribió un contrato por 195 millones 820 mil 917.13 con Proyectos y Construcciones Marlu, S.A. de C.V.
En este asunto, el CJF detectó que, además de que el extitular de la DGIM firmó el contrato sin verificar que fuera elaborado adecuadamente, el exdirector de Presupuestos y Concursos, José Alejandro McNaught Salguero, proporcionó a la empresa un presupuesto mayor al asignado.
La Comisión de Disciplina también halló que en este contrato el exsubdirector de Presupuestos de la DGIM Jorge Octavio Méndez Flores elaboró un presupuesto que no garantizó las mejores condiciones de compra para el CJF.
También fueron halladas varias irregularidades en la contratación firmada por Pérez Maqueda con Grupo Casgo, S.A. de C.V, empresa que recibió 136 millones 242 mil 245.07 pesos para construir un anexo al edificio sede del Consejo que sería el Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato, Guanajuato.
En 1997, Pérez Maqueda fue destituido e inhabilitado por irregularidades en un cargo cuya denominación no ha sido dada a conocer por las autoridades; sin embargo, al año siguiente el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa revocó la sanción porque había prescrito; no obstante, su nombre fue retirado del Registro de Servidores Públicos Sancionados hasta el año 2017.
En 2011, cuando era director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR fue señalado por la asignación discrecional de millonarios contratos en materia de informática y en la renta de aeronaves de la entonces procuradora Marisela Morales. Sin embargo, no se le imputó responsabilidad penal ni administrativa alguna.
67.3 MILLONES de pesos es el monto que suman tres multas que le fueron impuestas al exfuncionario.
4,000 MILLONES de pesos alcanzan los contratos firmados por Pérez Maqueda, en los que se hallaron irregularidades.
3 MILLONES de pesos en efectivo le fueron hallados en la cajuela del vehículo oficial que tenía asignado.