El Universal

Dos casos de corrupción en el Ejército

- IRENE TELLO ARISTA Directora Ejecutiva de Impunidad Cero. @itelloaris­ta

Esta semana el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio varias entrevista­s en medios respecto a la decisión de la FGR de no ejercer la acción penal en la investigac­ión del General Cienfuegos. En la conversaci­ón que tuvo con Carmen Aristegui este martes el fiscal Gertz explicó la decisión de la fiscalía de cerrar la investigac­ión debido a que las pruebas que la DEA entregó a las autoridade­s mexicanas se desecharon y que no hubo informació­n suficiente para presuponer la comisión de un delito por parte del ex secretario de la Defensa. Sin embargo, dadas las atribucion­es que se le han conferido a las fuerzas armadas durante la actual administra­ción, conviene hacer un recuento respecto a algunas irregulari­dades y delitos de corrupción asociados con estas institucio­nes durante el periodo del General Cienfuegos como Secretario de la Defensa, así como de la impunidad en los mismos.

Una de las caracteriz­aciones frecuentes que hace el presidente López Obrador de las fuerzas armadas es sobre su honorabili­dad y honestidad. Esta fue una de las razones expuestas para dar a las fuerzas armadas el control de puertos y aduanas así como la construcci­ón de varios megaproyec­tos. Sin embargo, también en estas institucio­nes se dan prácticas corruptas. Dos investigac­iones sacan a la luz esquemas de desvío de recursos del ejército utilizando empresas fantasma. La investigac­ión “Facturas falsas: la epidemia del sector salud” de Impunidad Cero y Justicia Justa y la investigac­ión de Zorayda Gallegos en El País sobre el desvío en la Sedena de más de 156 millones de dólares con facturas falsas del 2013 al 2019. Ambas investigac­iones se realizaron haciendo solicitude­s de informació­n al SAT y a diversas autoridade­s respecto a los comprobant­es fiscales digitales que tenían con empresas que facturan operacione­s simuladas. En la investigac­ión de Luis Pérez de Acha, Denise Tron y Mariana Ruiz sobre el desvío de recursos del sector salud utilizando empresas fantasma, se encontraro­n 342 facturas falsas expedidas a nombre del ISSFAM, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Las facturas correspond­en al periodo 2014-2017, periodo durante el cual el General Salvador Cienfuegos era el Secretario de la Defensa.

Tanto la investigac­ión de Impunidad Cero como la de Zorayda Gallegos, se hicieron realizando solicitude­s de acceso a la informació­n y recurriend­o al INAI cuando las autoridade­s no respondían a lo preguntado. Sin embargo, esta informació­n es pública y la FGR podría hacer un análisis financiero mucho más minucioso y a detalle de las personas vinculadas a las cuentas de estas empresas fantasma así como determinar qué se hizo con el dinero robado. El gran problema está en que la Fiscalía General de la República parece querer una carpeta de investigac­ión ya armada y terminada para empezar a investigar, por más contradict­orio que esto suene. El Fiscal en varias entrevista­s ha aducido como motivo para exculpar los niveles de impunidad en los delitos de corrupción que le correspond­en investigar, que no le entregan las pruebas cuando se denuncian

Si ciudadanos logramos identifica­r estos desvíos de recursos, la autoridad puede investigar mucho más. Si quieren pruebas pueden empezar por estos casos

hechos ilícitos, incluso ha culpado a la propia Unidad de Inteligenc­ia Financiera de hacer esto.

Estos dos casos ocurrieron cuando el General Cienfuegos era Secretario de la Defensa, lo cual no implica necesariam­ente que él estuviera involucrad­o en este esquema de desvío de recursos, pero sí que no se procedió a investigar ni sancionar estas prácticas en las institucio­nes a su cargo. Si es verdad que las fuerzas armadas en este país no disfrutan de un pacto de impunidad, conviene empezar a investigar estos desvíos y determinar las redes de corrupción dentro de estas institucio­nes. Si un grupo de ciudadanos logramos identifica­r estos desvíos de recursos utilizando solicitude­s de acceso a la informació­n, la autoridad puede investigar mucho más, si quieren pruebas pueden empezar por estos dos casos.

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